Paros armados y restricciones a la movilidad agravan la crisis humanitaria en la cuenca de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza
- Vie, 15 may 2026
Bogotá, 15 de mayo de 2026 (@DefensoriaCol). Esta semana circuló un audio en el que se anuncia un nuevo paro armado en las cuencas de los ríos Caquetá y Caguán. Esta amenaza se suma a una situación que no es reciente: desde diciembre de 2025, comunidades de Putumayo, Caquetá y Amazonas enfrentan paros armados y graves restricciones a la movilidad.
Estos hechos se registran en medio de confrontaciones entre el autodenominado EMC al mando de alias “Iván Mordisco” y el autodenominado EMBF bajo el mando de alias “Calarcá Córdoba”. Esta disputa armada ha aumentado los riesgos para las comunidades ribereñas, indígenas y campesinas que dependen de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza para movilizarse, abastecerse y desarrollar actividades de su vida cotidiana.
Por esta situación, en Putumayo se suspendió el servicio público fluvial y el transporte escolar fluvial para niñas, niños y adolescentes que viven en las riberas del río Caquetá y algunas rutas del río Putumayo. En Puerto Guzmán las restricciones podrían afectar a más de 6.300 personas, comunidades indígenas Nasa e Inga y consejos comunitarios. En Puerto Leguízamo se podría ver afectadas más de 5.800 personas y ocho comunidades indígenas Murui Muina y Coreguaje.
Además, preocupa el posible impacto sobre la jornada electoral del 31 de mayo ante las dificultades para transportar material electoral por vía fluvial e instalar 12 mesas de votación en Puerto Leguízamo y 14 mesas en Puerto Guzmán.
En el departamento de Amazonas, permanecen en confinamiento 488 núcleos familiares, conformados por 1.706 personas, que hacen parte de 14 comunidades de la jurisdicción del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA), en el medio río Caquetá. Estas comunidades han reportado graves restricciones a la movilidad, aumento en los costos de los alimentos, falta de combustible para los botes comunitarios y dificultades para acceder a bienes y servicios esenciales.
En Caquetá la suspensión de la movilidad afectó el sector oriental del municipio de Cartagena del Chairá, de donde se despliegan las vías que conducen al medio y bajo Caguán, y se suspendió el transporte en la cuenca del río Caquetá, afectando en particular a la comunidad de Peñas Rojas, en el municipio de Solano. Las comunidades ribereñas del río Orteguaza también se encuentran afectadas por la declaratoria de paro armado y las comunidades de las inspecciones de Coemaní y Araracuara, y de los resguardos indígenas de Andoke de Aduche, Monochoa, Puerto Sábalo y Los Monos, en Solano, se encuentran en una situación de riesgo extremo.
La Defensoría del Pueblo ha advertido de manera reiterada este escenario: en la Alerta Temprana 001 de 2025 advertimos sobre los riesgos para la población civil en esta zona y, desde diciembre de 2025, hemos emitido cinco oficios de consumación por confinamientos, restricciones a la movilidad, enfrentamientos armados y otras afectaciones contra las comunidades. Esta recurrencia evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de una crisis humanitaria sostenida.
La magnitud de las afectaciones exige una respuesta articulada del Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías, para proteger a la población civil, garantizar la movilidad por los corredores fluviales y asegurar que la ayuda humanitaria llegue a las comunidades que enfrentan confinamiento, desabastecimiento y restricciones para acceder a servicios básicos.
También solicitamos fortalecer la presencia institucional en los territorios afectados, activar las rutas de prevención y protección, y realizar un subcomité ampliado con participación de las autoridades del Caquetá, Putumayo y Amazonas. Además, es necesario adoptar medidas urgentes para transportar el material electoral e instalar las mesas de votación rurales en Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, y garantizar unas elecciones libres y en paz el próximo 31 de mayo.
Reiteramos a los grupos armados ilegales con presencia en la región que la población civil no puede ser sometida a paros armados, confinamientos ni restricciones a la movilidad. Instamos a estos grupos a levantar cualquier limitación impuesta contra las comunidades, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar a la misión médica.
