San Andrés Islas, junio 5 de 2025 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo, en un esfuerzo conjunto con el Gobierno Nacional, instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Salud con énfasis en las barreras para la entrega de medicamentos, atención integral de los usuarios y remisiones en avión ambulancia para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicados en el mar Caribe, con el objetivo de integrar información, coordinar recursos y agilizar decisiones para proteger la vida y el bienestar de la comunidad, haciendo frente a la crítica situación de acceso, disponibilidad y entrega oportuna de medicamentos en el departamento.

El PMU es una metodología conjunta en la que participan los decisores del orden nacional y regional se establecen compromisos y una agenda detallada de seguimiento a la solución de casos durante tres meses. Esto nos facilitará obtener un diagnóstico a nivel territorial de las circunstancias de vulneración del derecho a la salud, con soluciones concretas, pero también con análisis estructurales que permitan hacer recomendaciones al Gobierno Nacional que permitan proteger el derecho a las personas y, en consecuencia, su derecho a la vida.

En la sesión del Puesto de Mando Unificado realizado en el archipiélago colombiano, participaron representantes del Ministerio Público, organismos de control, entidades de la Red Nacional de Controladores, Entidades Promotoras de Salud (EPS), Conferencia Episcopal de Providencia, veedores y entidades de salud, entre otros actores relevantes del sector.

Como resultado de esta importante se adquirieron compromisos terminantes para mejorar la atención en salud:

Compromisos

1. Las y los representantes de las instituciones que conforman el PMU departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se comprometen a participar activamente en las fechas de seguimiento y reuniones establecidas en el cronograma oficial.
2. La Superintendencia Nacional de Salud enviará el detalle de información en materia de medicamentos y traslados, indicado cifras, casos de quejas abiertas, y gestión para la solución de casos pendientes.
3. Las EPS presentes se comprometen a establecer canales de comunicación efectivos tanto con los pacientes, como con sus respectivos gestores farmacéuticos, con el fin de garantizar la entrega oportuna, veraz, consolidada y sistematizada de la información requerida por los órganos de control, permitiendo así el seguimiento y la presentación de avances frente a las problemáticas identificadas.

• Los sistemas de radicación y seguimiento de PQRS requieren de un funcionamiento adecuado para que el registro de las solicitudes sea fiable y continuo en el departamento.

4. Las EPS participantes deberán diseñar y remitir un plan de acción que contemple las actividades y medidas concretas para eliminar las barreras reportadas, incluyendo aspectos financieros y de pagos.

• Se incluirá información sobre la conciliación de cartera con IPS, ESE y gestores farmacéuticos.

5. Las EPS participantes (Nueva EPS, Sanitas y FOMAG) se comprometen a llevar a cabo una mesa técnica entre nación y territorio sobre referencia y contra referencia, en concordancia con la sentencia T 333 de 2022.

• Debe incluir un proceso de pedagogía social a través de medios de comunicación y redes sociales. Esta mesa debe contar con la participación del hospital departamental, para la detección de problemáticas que afectan la disponibilidad de servicios en Archipiélago.
• Se debe contemplar la posibilidad de ampliar la red de prestadores hacia otras regiones o ciudades donde puedan ser atendidos los casos que requieren el traslado.
• Remitir listado de instituciones prestadoras de servicio con las cuales se tiene convenio para la referenciación y la información sobre servicios complementarios, para hacer vigilancia sobre las condiciones de atención, alojamiento y alimentación.

6. Las EPS y Hospital Departamental participantes se comprometen a remitir el plan y cronograma de disponibilidad de subespecialidades en el archipiélago, incluyendo la información sobre jornadas de especialistas y subespecialidades, fechas de atención, infraestructura física y digital disponible, e información del estado de salud.

• Revisar al detalle el plan bienal de todos los implementos biomédicos del Hospital de Providencia si son los adecuados para la prestación del servicio

7. Las instituciones del Ministerio Público y demás órganos de control se comprometen a fortalecer y optimizar sus equipos humanos y recursos técnicos, con el propósito de mejorar los procesos de recolección de datos, seguimiento e incidencia en la toma de decisiones oportunas y efectivas. En este sentido, se realizarán visitas de verificación de entrega en los dispensarios.

• Se establecerá un canal de intercambio permanente entre Defensoría del Pueblo y Veeduría de salud para la identificación de casos prioritarios

8. El Comité Interinstitucional por la Salud se compromete a realizar las convocatorias programadas conforme al cronograma de ejecución establecido.

Posteriormente se realizó una visita a las instalaciones de la Nueva EPS en Providencia y se establecieron tres compromisos adicionales:

1. Seguimiento a la eficiencia en la atención de las personas en la oficina, descongestión de trámites pendientes y reducción de reprocesos desde la oficina de San Andrés.
2. Seguimiento a la negociación y ajuste del contrato con el Hospital de Providencia del componente de pago global prospectivo, en el que se incorporen especialidades y subespecialidades que reduzcan la necesidad de remisiones a San Andrés, Barranquilla y otras ciudades.
3. La Defensoría del Pueblo realizará consulta a la ADRES sobre los giros y mecanismos de pago de los servicios complementarios en el departamento, e indagación sobre barreras para su pago, como puede ser la existencia de fallos de tutela. A su vez se va a hacer una revisión con la dirección de recursos de acciones judiciales y con la delegada de asuntos constitucionales sobre recomendaciones en política pública, que garanticen que los servicios complementarios sean cubiertos siempre en zonas en las cuales las barreras geográficas hacen indispensables estas prestaciones.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la garantía del derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional, con el fin de asegurar una atención digna y eficiente para todos los colombianos y colombianas.