Afectaciones relacionadas con el estancamiento del proyecto de vida, la pérdida de identidades familiares y comunitarias, la profundización de condiciones de pobreza y la persistencia de necesidades de acompañamiento institucional son algunos de los hallazgos preliminares más significativos de la investigación Impactos transgeneracionales y estrategias de afrontamiento de familias y comunidades víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.

Esta investigación, hecha entre la Defensoría del Pueblo, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), adicionalmente permitió reconocer formas de resistencia y afrontamiento, entre ellas el surgimiento de liderazgos comunitarios, el fortalecimiento de vínculos colectivos y la construcción de redes de apoyo entre víctimas y comunidades.

El ejercicio propició la identificación de elementos relevantes sobre los impactos psicosociales, familiares, comunitarios y socioeconómicos asociados a la desaparición forzada, así como las estrategias de afrontamiento construidas por las familias y comunidades afectadas, teniendo como foco los municipios de Soacha (Cundinamarca) y Pasto y Tumaco (Nariño).

Durante el espacio de socialización, llevado a cabo en la Sede Perdomo de la Uniminuto, en el sur de la capital del país, las familias participantes señalaron la importancia de avanzar en respuestas institucionales más integrales, sostenidas y sensibles frente a los impactos prolongados de la desaparición forzada, no solo en quienes buscan a sus seres queridos, sino también en las nuevas generaciones y en los entornos comunitarios afectados por este hecho victimizante.

 

Realidad en cifras

En el territorio nacional, de acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas  dadas por Desaparecidas (UBPD), hay 136.010 personas cuyo paradero aún es desconocido, teniendo en cuenta hechos registrados y enmarcados en el desarrollo del conflicto armado antes del 1 de diciembre del 2016.

De este universo, 113.444 corresponden a hombres, 18.757 a mujeres y en 3.809 no se ha determinado el sexo. Por grupos de edad, el registro detalla que son buscados 5.394 jóvenes, 4.849 adultos, 4.334 adolescentes, 1.021 niños de la primera infancia, 941 personas mayores y 623 de la infancia. Como ‘no determinados’ en grupos etarios hay 91.592 y sin información, 27.256.

Son 52.636 personas que buscan a sus seres queridos, a partir de las solicitudes presentadas a la UBPD. Antioquia es el departamento donde hay más personas dedicadas a esta labor, con 6.562. Le siguen Meta, con 3.926; Cundinamarca, 3.782; Santander, 1.951; Nariño, 1.778; Norte de Santander, 1.747; Bolívar, 1.634; Casanare, 1.548; Cesar, 1.507, y Caldas, 1.271.

El siguiente paso

Como resultado del estudio Impactos transgeneracionales y estrategias de afrontamiento de familias y comunidades víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, el próximo 20 de agosto será la presentación de recomendaciones de política pública dirigidas a las instituciones con competencia en la toma de decisiones sobre desaparición forzada, víctimas del conflicto armado, reparación integral, acompañamiento psicosocial y garantías de no repetición.

Este nuevo espacio se desarrollará mediante un diálogo deliberativo, con el propósito de aportar insumos técnicos y territoriales que contribuyan al fortalecimiento de la respuesta institucional frente a la protección de familias y comunidades víctimas de desaparición forzada en Colombia.

La Defensoría del Pueblo continúa con la promoción de escenarios de articulación entre la academia, las instituciones y las comunidades, orientados a visibilizar los impactos persistentes del conflicto armado y a fortalecer acciones que respondan a las necesidades reales de las víctimas.