Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre la situación humanitaria en el Guaviare
- Mié, 02 jul 2025
Comunicado 28/ Bogotá, D.C., 2 de julio de 2025 (@DefensoriaCoI). Los hechos que se han presentado durante el año son consumaciones de la Alerta Temprana 01 de 2025 que alertó sobre la creciente disputa territorial entre las disidencias de la línea de Mordisco y Calarcá. La Defensoría del Pueblo ha estado acompañando al pueblo de Guaviare y a sus autoridades. Con motivo del seguimiento y las visitas recientes en el departamento de parte del Vicedefensor del Pueblo y la Defensora del Pueblo, es de destacar:
- La Fiscal General de la Nación ordenó agilizar las acciones que ya se venían desarrollando por la institución para lograr que, con el apoyo de la Fuerza Pública, se lograra recuperar los cuerpos de las personas desaparecidas desde abril.
- Por solicitud de las autoridades locales, la Defensoría ha hecho un llamado a los grupos armados que hacen presencia en la zona para que permitan medidas humanitarias que den un alivio a la población civil del departamento. Esperamos que su respuesta sea positiva.
- Sigue pendiente el ingreso de atención humanitaria para las comunidades afectadas, de una parte, por los recientes confinamientos, restricciones a la movilidad y el paro armado de hace unos días. De otra parte, afectadas por las inundaciones. La Unidad para las Víctimas y la UGRD han anunciado el ingreso de alimentos, bienes y servicios básicos pero, en general, hasta el momento no se han presentado.
- La situación de los pueblos Nükak y Jiw, en proceso de extinción física y cultural por el desplazamiento, entre otras causas, sigue siendo muy grave. Las mujeres y niñas indígenas Jiw y Nükak, afectadas por patrones de violencia de género sigue siendo preocupante. La Defensora del Pueblo recibió información sobre casos de violencia y explotación sexual persistente contra ellas y coordina acciones con la Fiscalía, autoridades del Gobierno nacional y territorial, para que se tomen medidas urgentes y estructurales de protección efectiva, de conformidad con el seguimiento hecho por la Corte Constitucional.

