En un informe realizado por la Entidad, a través de la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, publicado el año pasado, se formuló la siguiente recomendación: “El Ministerio de la Protección Social, a través del Consejo de Seguridad Social, debe diseñar una estrategia que se adapte a las condiciones intracarcelarias y sea eficaz en la prevención de vulneraciones al derecho a la salud de las personas reclusas”.

Es de resaltar que la Defensoría atendió las invitaciones del Ministerio de la Protección Social para estudiar dicha propuesta. En estas sesiones estuvo también presente el INPEC en la búsqueda de una solución a la problemática de salud que afecta a la población reclusa.

Posteriormente el Gobierno, acogiendo tal propuesta, presentó el proyecto que, luego de la unificación con otras sugerencias, se convirtió en la ley 1122 de enero 9 de 2007 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. Este estatuto realiza ajustes teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Dentro de esta normatividad resaltamos lo dispuesto en el Capitulo IV “Del aseguramiento”, articulo 14, literal m, cuyo contenido expresa: “la población reclusa del país se afiliará al sistema General de Seguridad Social en Salud. El Gobierno Nacional determinará los mecanismos que permitan la operatividad para que esta población reciba adecuadamente sus servicios”.

Sin duda, esta disposición representa un importante avance en materia de salud para las personas privadas de libertad, razón por la que la Defensoría del Pueblo buscará que se agilice la expedición de la respectiva reglamentación que la norma ordena para que entre en vigencia a la mayor brevedad posible.