La Defensoría del Pueblo fijó su posición frente a las cifras más recientes de pobreza multidimensional en Colombia, publicadas por el DANE, que evidencian un avance histórico: en 2025 el país alcanzó su nivel más bajo con un 9,9%. Para la entidad, este resultado refleja que cada vez más personas están en condiciones de ejercer plenamente sus derechos.

Según los datos oficiales, Colombia ha reducido cerca de 20 puntos porcentuales desde 2010, consolidando una tendencia sostenida en la disminución de la pobreza multidimensional. Ninguna región del país presentó aumentos en este indicador durante 2025, lo que representa un avance significativo en la garantía progresiva de derechos. Regiones como Bogotá (2,2%), la Pacífica (9,7%) y la Oriental (7,4%) muestran mejoras concretas en la calidad de vida de millones de personas.

No obstante, la Defensoría advirtió que persisten profundas desigualdades territoriales. En las zonas rurales, el 22,4% de la población vive en pobreza multidimensional, frente al 6,3% en las cabeceras municipales, lo que evidencia una brecha de 3,6 veces. Para la entidad, el lugar de residencia no puede determinar el acceso efectivo a los derechos.

Asimismo, señaló que los departamentos con mayores niveles de pobreza —como Vichada (55,2%), Guainía (51,8%), Vaupés (41,7%) y La Guajira (40,1%)— coinciden con territorios históricamente excluidos y con menor presencia estatal, por lo que insistió en la necesidad de focalizar la inversión pública donde más se requiere.

La Defensoría también destacó que las principales privaciones siguen concentrándose en el bajo logro educativo, que afecta al 36,8% de los hogares, y en la informalidad laboral, que impacta al 70% de las personas ocupadas. Estas condiciones, advirtió, limitan el acceso efectivo al derecho a la educación y al trabajo decente, haciendo frágiles los avances alcanzados.

En materia de desigualdad, la entidad subrayó que la pobreza multidimensional tiene un impacto diferenciado. Los hogares con jefatura femenina presentan mayores niveles de pobreza, mientras que el 37,9% de la población indígena y el 17,4% de la población afrodescendiente se encuentran en esta condición, frente al 7,9% de quienes no se auto reconocen en grupos étnicos. Superar estas brechas, enfatizó, es una obligación en derechos humanos.

Finalmente, la Defensoría reiteró, a partir de su documento Decisiones Impostergables en derechos humanos, la urgencia de adoptar medidas estructurales: focalizar la inversión en los territorios más vulnerables, articular las transferencias monetarias con estrategias sostenibles que garanticen derechos y aplicar enfoques diferenciales para poblaciones históricamente excluidas. También insistió en la importancia de actualizar instrumentos clave como la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), fundamental para orientar políticas relacionadas con el derecho a la alimentación.

La entidad concluyó que reducir la pobreza multidimensional no es solo mejorar una cifra, sino ampliar las oportunidades para que más personas vivan con dignidad y ejerzan plenamente sus derechos.