El Tarra, Norte de Santander, 28 de mayo de 2025, (@Defensoriacol). En el marco de la crisis humanitaria que persiste en la subregión del Catatumbo, la Defensoría del Pueblo ha intensificado su presencia territorial para garantizar los derechos de personas en situación de movilidad humana, incluyendo población desplazada, confinada, migrante y con necesidad de protección internacional. Estas acciones se desarrollan en articulación con autoridades locales, entidades del Estado y organismos internacionales. 

Durante una jornada especializada realizada en el municipio de El Tarra, en coordinación con la Personería Municipal, se brindó atención integral a 138 personas. En este espacio se recibieron 40 declaraciones por desplazamiento forzado y se verificó la situación de 15 personas albergadas temporalmente en el Club Los Cacaos, pertenecientes a siete núcleos familiares de la vereda San Isidro, corregimiento de Orú. 

La comisión institucional también se desplazó al corregimiento de Filogringo, donde se recibió una declaración colectiva por confinamiento forzado de 254 núcleos familiares. Se verificaron además las condiciones de las veredas Bello Horizonte, San Isidro y El Cairo, donde solo permanecen 28 de las 65 familias que habitaban originalmente. En la cabecera del corregimiento de Orú, la población residente se redujo de 126 a 80 familias. 

Durante el recorrido se evidenció el deterioro de las condiciones de seguridad y habitabilidad por el uso de vehículos aéreos no tripulados que arrojan artefactos explosivos, generando daños estructurales en viviendas. Asimismo, se confirmó la presencia de minas antipersona cerca de la sede educativa de Orú Bajo, situación que incrementa los riesgos para niñas, niños, adolescentes y demás personas habitantes del territorio. 

En paralelo, la Defensoría del Pueblo adelantó una jornada descentralizada de atención en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú. En articulación con ACNUR, el Consejo Noruego para Refugiados, UNICEF, el Hospital Regional Norte de Tibú, la Unidad de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto Armado, Colombia Nos Une y actores institucionales locales, se acompañó a 362 personas en situación de vulnerabilidad. 

En este ejercicio se ofrecieron servicios de orientación jurídica, activación de rutas de protección con enfoque de género, étnico-racial y de niñez, así como atención en salud primaria. También se facilitaron procesos de regularización migratoria para personas en tránsito o en búsqueda de establecerse en el país, priorizando su inclusión y el acceso efectivo a derechos. 

La situación humanitaria en el Catatumbo, vigente desde el 16 de enero de 2025, ha sido calificada como una de las más graves en las últimas décadas en Colombia. Hasta el 24 de abril, se han registrado 64.662 personas desplazadas, 16.615 confinadas y al menos 98 personas fallecidas, entre ellas firmantes del Acuerdo de Paz y menores de edad. (Ver especial multimedia: El Catatumbo en crisis)

La Defensoría del Pueblo continuará fortaleciendo su labor territorial con un enfoque integral, preventivo y diferencial, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de las personas más afectadas por la persistencia del conflicto armado.