La Defensoría del Pueblo participó en el primer Subcomité Departamental de Restitución de Tierras del año 2026, espacio en el que se trazó la hoja de ruta institucional para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado en Cundinamarca y fortalecer el acceso a la justicia transicional.

El encuentro, que reúne a las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), se centró en la construcción conjunta del Plan Operativo Anual (POA), documento técnico que define las acciones estratégicas que se ejecutarán durante 2026 para asegurar que la política pública de restitución llegue efectivamente al territorio.

El Plan Operativo aprobado prioriza la descentralización de la oferta institucional. Se definió un cronograma de actividades diseñado para acercar a las autoridades a las comunidades, con especial énfasis en las provincias del departamento que registran el mayor número de sentencias emitidas. La Defensoría del Pueblo priorizó los municipios de Yacopí y La Palma, en la provincia de Rionegro: Yacopí registra 50 sentencias y La Palma 119, ambas pendientes de verificación y seguimiento.

La prioridad es velar porque las órdenes judiciales de restitución se traduzcan en una realidad transformadora para las familias campesinas. El POA permitirá coordinar los esfuerzos institucionales para que el retorno a la tierra cuente con el acompañamiento integral del Estado, con la Defensoría del Pueblo como garante del cumplimiento de los derechos de las víctimas.