La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para la Conflictividad Social, lideró en Caucasia, Antioquia, la mesa de seguimiento para evaluar el alcance de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las voceras y los voceros de la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, tras el paro minero desarrollado en octubre de 2024.

Este espacio fue promovido y convocado por la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en respuesta a las preocupaciones expresadas por el liderazgo minero en julio pasado sobre el riesgo de incumplimientos en los compromisos pactados, situación que podría generar nuevas movilizaciones y bloqueos de vías en la región.

Avances y desafíos en la implementación

Durante la jornada se revisaron los 21 compromisos establecidos en los 13 puntos del acta de acuerdo, encontrando un avance cercano al 45%. Entre los aspectos que requieren mayor celeridad en su implementación se encuentran:

• La concertación y expedición del protocolo para la garantía de los derechos humanos en el marco del Decreto 1035 de 2024.
• La habilitación de canales de denuncia frente a posibles irregularidades en los procedimientos de control de maquinaria.
• La garantía en los procesos de formalización y regularización minera con enfoque diferencial, entre otros.

Participación institucional

En la mesa de seguimiento participaron representantes de alto nivel del Gobierno Nacional, incluyendo el Viceministro del Interior para el Diálogo Social, el Viceministro de Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Defensa Nacional, y la Directora de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía.

También estuvieron presentes representantes de la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría de Minas de Antioquia, autoridades municipales como alcaldes y personeros, así como voceros de la Mesa Minera de la región.

Compromiso institucional

La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de seguir acompañando estos escenarios de diálogo constructivo para que las partes avancen en la construcción de soluciones concertadas que prevengan nuevas conflictividades sociales en el territorio y contribuyan a la preservación de la convivencia pacífica y el respeto de los derechos humanos.