El Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Sincelejo falló a favor de una acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, que protege el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes que estudian en condiciones precarias en los municipios de Majagual y San Benito Abad (Sucre).

Centros educativos sin condiciones mínimas

La acción constitucional, presentada contra la Gobernación de Sucre y la Secretaría de Educación Departamental, protegió los derechos fundamentales a la educación en condiciones de calidad, salud, vida digna y protección integral de las y los estudiantes de la Escuela Rural El Chupo (Majagual) y de los centros educativos de las veredas Las Malvinas y Las Parcelas (San Benito Abad).

La tutela fue interpuesta tras las visitas de verificación realizadas por la Defensoría en el marco de la Comisión de Observación y Verificación de las Afectaciones generadas por la Emergencia Socioambiental en la subregión de La Mojana, donde se constató el grave deterioro de la infraestructura educativa.

Estudiantes expuestos a riesgos de salud

Durante las inspecciones se evidenció que las y los estudiantes de la Escuela Rural El Chupo reciben clases en espacios improvisados con techos de palma y paredes plásticas, sin servicios básicos como agua potable o energía eléctrica, expuestos a focos de insalubridad y aguas estancadas que ponen en riesgo su salud.

Por su parte, las niñas y niños de las veredas Las Malvinas y Las Parcelas enfrentan dificultades para acceder a los centros educativos debido al anegamiento de las vías producto de las inundaciones, viéndose obligados a transitar sobre estructuras rudimentarias y peligrosas.

Omisión en respuesta a requerimientos

Pese a los requerimientos realizados por la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Sucre y la Secretaría de Educación Departamental no adoptaron las medidas necesarias ni emitieron respuesta alguna. Esta omisión fue considerada por el despacho judicial como una vulneración al derecho fundamental de petición y al derecho a la educación.

Órdenes del Juzgado

En su decisión, el Juzgado ordenó a la Gobernación de Sucre:

• Dar respuesta inmediata y de fondo a la solicitud elevada por la Defensoría del Pueblo
• Adoptar en el menor tiempo posible las medidas administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para garantizar condiciones dignas, seguras y adecuadas en las instituciones educativas afectadas

El fallo resalta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reiterado la obligación del Estado de garantizar una infraestructura educativa segura, salubre y accesible, especialmente en zonas rurales o afectadas por emergencias, como componente esencial del derecho fundamental a la educación.