En los últimos días han circulado imágenes en redes sociales con amenazas dirigidas a candidaturas presidenciales, así como versiones sobre posibles planes de atentado que luego han sido desmentidas, puestas en duda o luego reafirmadas por distintas fuentes. También se han hecho señalamientos graves sobre la participación de mandatarios locales en hechos de violencia política, que posteriormente han sido controvertidos por familiares de las propias víctimas.

Paralelamente, el debate electoral se ha degradado con la proliferación de descalificaciones, estigmatización y violencia digital, incluyendo discriminación por orientación sexual, discriminación contra las mujeres y discriminación racial o étnica. La desinformación y el lenguaje agresivo están marcando el tono de las campañas electorales.

Al mismo tiempo, en el suroccidente de nuestro país se presenta una escalada de ataques terroristas simultáneos que dejan daños irreparables y temor en la población. Un explosivo en la vía Panamericana, en Cajibío, dejó 21 personas muertas y decenas más heridas. Valle, Cauca y Nariño lloran por la acción despiadada de unas disidencias crueles que actúan motivadas por la avaricia de las economías ilegales. Las mujeres de la Pedregosa, una comunidad de Cajibío que puso a 12 de las víctimas del ataque en el Cauca, se pronunciaron rechazando las falsas disculpas de las disidencias y clamando al país que el dolor y el sufrimiento de las víctimas no sean utilizados con fines de proselitismo político. Pidieron una tregua: a los grupos armados, pero también a los sectores políticos.

Parece impertinente preguntar, pero ¿por qué todas las candidaturas no se unen en torno al rechazo de los hechos? ¿Por qué optan por las acusaciones mutuas? ¿Qué beneficio le trae al país una campaña política que se acerca más a las dinámicas de la guerra, en lugar de ser una alternativa para superarla? ¿Nos ganó la guerra?

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