Bogotá, D.C. 18 de junio de 2025. (@DefenoriaCol). La Defensoría del Pueblo de Colombia hizo un llamado urgente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para que continúe y culmine el debate del proyecto de Ley Integral de Identidad de Género (Ley Integral Trans), radicado bajo el número 122/24, y así evitar su archivo y permitir la deliberación necesaria que requieren los derechos de las personas con identidades de género diversas, ante la inminente fecha límite del 20 de junio para su discusión.

La propuesta legislativa, aprobada en primer debate el 4 de junio de 2025, es fundamental para el reconocimiento legal de la identidad de género, la prohibición de la discriminación y el establecimiento de acciones afirmativas en áreas como salud, educación, empleo, justicia y protección frente a violencias, en línea con estándares internacionales de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo enfatiza, además, que la aprobación de la Ley Integral Trans es fundamental para contrarrestar la violencia y discriminación sistemática que enfrentan las personas trans en Colombia. La Defensora Iris Marín Ortiz ha reiterado, en distintas oportunidades, como el pasado 24 de abril en el Congreso de la República, durante la primera audiencia pública del Proyecto de Ley Integral Trans en Colombia, que esta ley se alinea con los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, a la identidad y al nombre, prerrogativas reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional.

La urgencia del llamado de la Defensoría se fundamenta en la vulnerabilidad extrema de la población trans. Durante 2024, la entidad documentó 882 casos de violencia por prejuicio, de los cuales 254 correspondieron a mujeres transgénero. Asimismo, se registraron al menos 52 asesinatos contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, siendo 29 de ellas mujeres trans.

Evitar el archivo de este proyecto es clave para frenar la discriminación y violencia contra las personas trans y proteger sus vidas. Es un imperativo moral y social actuar en memoria de todas las personas trans que han sido víctimas de violencia extrema o han perdido la vida por la flagrante falta de respeto a su humanidad. Casos como el de Sara Millerey, la mujer trans de 32 años brutalmente asesinada el pasado 4 de abril en Bello, Antioquia, evidencian esta cruda realidad. Su ataque, registrado en video y difundido en redes sociales, no solo muestra la brutalidad de la agresión, sino también la escalofriante pasividad e indiferencia de quienes presenciaron su agonía en la quebrada La García.

La Defensoría también ha señalado que el acceso a servicios de salud para el reconocimiento de la personalidad jurídica a menudo somete a las personas trans a exámenes e intervenciones que contravienen su voluntad, subrayando la necesidad de una normativa clara que proteja su autonomía y dignidad.

Impacto de la discriminación y urgencia legislativa

Estudios citados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelan que la esperanza de vida de las mujeres trans en Latinoamérica ronda los 35 años, una cifra que evidencia una historia de discriminación persistente. En Colombia, el 87% de las personas trans y de género diverso reportan haber sido rechazadas en ofertas de empleo debido a su identidad de género, y la deserción escolar es alta por la discriminación en entornos educativos.

El proyecto de Ley Integral Trans, radicado formalmente ante el Congreso el 31 de julio de 2024, representa una de las iniciativas legislativas más significativas para el reconocimiento pleno de los derechos de las personas trans y no binarias en el país. Su archivo implicaría un retroceso en la garantía de derechos fundamentales y perpetuaría la situación de vulnerabilidad de una de las poblaciones más estigmatizadas en la sociedad colombiana. Por ello, la Defensoría del Pueblo insta a la Comisión Primera a actuar con celeridad y responsabilidad para asegurar su debate y eventual aprobación.

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