Defensoría del Pueblo valora positivamente la decisión de la Alcaldía de Bogotá de formular objeciones por inconstitucionalidad e ilegalidad al Proyecto de Acuerdo No. 340 de 2025, “por el cual se crea la ‘Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer’”
- Sáb, 21 feb 2026
Bogotá, 21 de febrero de 2026 (@DefensoriaCol). Esta decisión es coherente con las advertencias que, desde el 6 de febrero de 2026, la Defensoría del Pueblo remitió a la Secretaría Jurídica Distrital, en las que identificó riesgos constitucionales graves asociados a varias disposiciones del proyecto. En particular, señalamos que la iniciativa introducía barreras directas e indirectas para el ejercicio del derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en contravención de la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional —en especial la Sentencia C-055 de 2022— y de los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Hemos advertido que, pese a emplear un lenguaje de cuidado y acompañamiento, el proyecto institucionalizaba mecanismos de disuasión, vigilancia y estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres, hombres trans y personas no binarias e intersex con capacidad de gestar, lo cual constituiría una forma de violencia institucional incompatible con los principios de dignidad humana, autonomía y no regresividad en derechos humanos. Asimismo, se advirtió su incompatibilidad con el Acuerdo Distrital 879 de 2023, que reconoce la IVE como servicio esencial de salud y reafirma la obligación del Distrito de eliminar barreras de acceso.
Estas preocupaciones fueron planteadas oportunamente por diversas organizaciones de la sociedad civil y del movimiento feminista, cuyo seguimiento crítico al proceso legislativo resultó fundamental para visibilizar los riesgos que el proyecto implicaba para la garantía de derechos.
La Defensoría del Pueblo reitera su mandato constitucional de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, y su disposición de brindar acompañamiento técnico y jurídico para garantizar que las políticas públicas del Distrito Capital sean plenamente compatibles con el orden constitucional y con los estándares internacionales de derechos humanos, en particular en lo que concierne a los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.

