Bogotá D.C., 28 de mayo de 2025 (@DefensoriaCol). En el municipio de Ocaña, Norte de Santander, se llevó a cabo un encuentro clave con la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas, centrado en visibilizar la crisis humanitaria que atraviesa esta región del país.

Durante la jornada, líderes y lideresas sociales denunciaron los impactos persistentes del conflicto armado en su labor comunitaria, señalando restricciones a la movilidad, amenazas contra su vida y una limitada participación en la formulación de políticas públicas en el departamento.

La visita permitió conocer de primera mano las dificultades que enfrentan las víctimas para ejercer su liderazgo en un contexto marcado por la presencia de grupos armados y economías ilegales. En la región del Catatumbo ya se han documentado más de 20 casos de desplazamiento forzado, afectando especialmente a comunidades rurales y étnicas que continúan exigiendo garantías de protección.

Según nuestro más reciente informe, se requiere atención integral para más de 64.000 víctimas de desplazamiento forzado. Esto incluye garantizar condiciones de seguridad para retornos dignos, verificación de albergues, asistencia con enfoque diferencial y psicosocial, así como protección para población migrante vulnerable. El panorama humanitario es alarmante: al 28 de abril de 2025 se registran 64.783 personas desplazadas, 12.913 confinadas, 117 homicidios y cinco firmantes del acuerdo de paz desaparecidos. La cifra podría aumentar, ya que muchas comunidades aún no han reportado los hechos.

(Puede consultar aquí nuestro especial: El Catatumbo en crisis)

Como parte del acompañamiento institucional en la zona, se coordinaron espacios de formación dirigidos a víctimas y líderes comunitarios sobre la Ley 2421 de 2024, con el objetivo de fortalecer el enfoque de derechos en la atención a las víctimas. También se abordó el Protocolo de Participación de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Estas capacitaciones buscan mejorar las capacidades de incidencia y exigibilidad de derechos por parte de los representantes étnicos en el marco del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Estas acciones hacen parte del compromiso misional de la Defensoría del Pueblo con el fortalecimiento de los liderazgos comunitarios en una de las zonas más afectadas por la violencia, con el propósito de cerrar brechas históricas de participación, especialmente entre las poblaciones étnicas.