Catatumbo, un año después...
Catatumbo:
un año después, la crisis
humanitaria persiste
Un año después del desplazamiento masivo registrado a causa de la agudización de la confrontación armada entre las disidencias de las extintas Farc (Frente 33 y Bloque Magdalena Medio) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la población civil en el Catatumbo continúa enfrentando graves afectaciones derivadas del control territorial de actores armados ilegales, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y diversas formas de violencia.
Desde el 16 de enero del año pasado, los enfrentamientos y el control ejercido por grupos armados no estatales han forzado a más de 100.000 personas a desplazarse internamente en eventos masivos e individuales.
Este desplazamiento, sin precedentes en el país por su masividad y el corto tiempo en el que tuvo lugar, es apenas el más reciente capítulo de los múltiples ciclos de violencia que han trastocado la vida de la población.
Si bien el Catatumbo ya había experimentado el conflicto en su territorio, la degradación de la guerra y las lógicas de operación de estos grupos, motivadas por las dinámicas de las economías criminales, caracterizan una nueva ola de violencia que no para de azotar a la región.
Hoy persisten necesidades humanitarias, y la subregión continúa siendo escenario de hechos victimizantes que vulneran los derechos humanos e infringen el derecho internacional humanitario (DIH).
“Persisten respuestas fragmentadas, centradas en la atención básica, que dejan de lado la posibilidad real de construir soluciones duraderas desde el primer día de la crisis”.
“Quisimos darle voz a la gente que vive en el Catatumbo, la que ha enfrentado los daños, los dolores”.
Las alertas que anticiparon la crisis humanitaria
Desde noviembre del 2024, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el escalamiento del conflicto entre grupos armados, que ocasionó riesgos extremos y altos para la población del Catatumbo. En octubre del 2025, la entidad emitió otra Alerta Temprana, en la que llamó la atención sobre el peligro que estaban corriendo las comunidades.
Conozca la AT No. 017-25
Corte ordenó al Gobierno rendir cuentas sobre atención a la Alerta Temprana para Tibú
La Corte Constitucional emitió el 26 de enero del 2026 el Auto 002, una providencia judicial de cumplimiento obligatorio que requiere a las autoridades nacionales y territoriales informar sobre las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017 de 2025, específica para el municipio de Tibú.
Esta alerta evidenció dos escenarios de riesgo: la intensificación de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las extintas Farc, así como la consolidación del control territorial ejercido por el ELN con la imposición de normas de conducta y la regulación de la movilidad y la vida comunitaria.
A través del Auto 002 de 2026, la Corte ordenó al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra rendir cuentas sobre las medidas concretas que han adoptado para proteger a la población civil y garantizar sus derechos fundamentales.
Ante esta decisión judicial, la Defensoría del Pueblo llamó al Gobierno nacional a acatar la orden en los términos establecidos y urgió a todas las autoridades competentes a ejecutar sin dilación las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana 017 de 2025, con el fin de evitar que las comunidades del Catatumbo continúen siendo víctimas de nuevas violaciones a sus derechos.
Entre diciembre del 2025 y enero del 2026, se registró un recrudecimiento de la confrontación armada en el Catatumbo, acompañado de la exacerbación de la crisis humanitaria. Los corregimientos Pachelli, Angalia y Las Palmeras, en Tibú, y Filogringo, en El Tarra, fueron escenario de desplazamientos forzados, confinamientos, uso de drones, presencia de artefactos explosivos y otras graves afectaciones a las comunidades.
Estas vulneraciones fueron constatadas directamente por la Defensoría durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica.
“Los hechos narrados por la gente son crímenes internacionales, lo han sido durante este año y siguen siendo mientras que los grupos lo sigan cometiendo”.
Testimonios que dan rostro y voz a la tragedia
Hemos recopilado relatos de algunas de las víctimas en el territorio. Sin embargo, muchas de ellas no pudieron prestar sus voces o sus rostros por temor, porque la situación continúa siendo álgida y —dicen— puede recrudecerse. Es fundamental recordar que, para proteger su integridad, han sido utilizados nombres ficticios marcados con un asterisco (*), en cumplimiento de los principios de confidencialidad, seguridad y protección de datos personales.
Estos relatos reflejan la crueldad de la guerra en el Catatumbo:
La asfixia del control social
Jornalero
Francisco* fue retenido toda una noche por circular a las 6:10 p. m., hora en la que estaba violando el toque de queda impuesto por los grupos armados. Al día siguiente le advirtieron:
“No querían que volviera a desobedecer... De hacerlo, me atenía a las consecuencias”.
La asfixia del control social
Mujer en albergue de emergencia
Patricia* extraña su café de las 4:30 a. m. viendo sus cultivos, y ahora vive en una carpa de 2x2 metros. Expresa la frustración del campesino trabajador:
“Aquí ya el municipio, prácticamente, nos está acostumbrando a que nos den todo, y nosotros los campesinos no estamos acostumbrados a que todo nos lo den”.
La infancia y la juventud en la mira
Madre de una menor de edad acosada
Mayra* cuenta que un guerrillero se obsesionó con su hija de 13 años, le enviaba regalos y dinero. Al sacar a la niña del territorio para protegerla, la familia fue declarada objetivo militar.
“Yo no entendía por qué ese señor se había obsesionado con mi hija... La única solución que vi fue salirme de la casa y dejar todo tirado”.
La fata de futuro
Joven del pueblo Barí
“Yo quiero ser médico. Quisiera ir a la universidad... pero no tengo cómo hacerlo. Además, cada vez que salgo, me interceptan los grupos y me dicen que me vaya con ellos”.
La degradación: trata y minas
Migrante venezolana
Engañada en Facebook con una oferta de trabajo, Johana* terminó secuestrada y explotada sexualmente en Cúcuta y luego en campamentos guerrilleros.
“Ellos me decían que tenía que trabajar duro para pagarles lo que me habían dado para poder traerme a Colombia... Yo pago con mi cuerpo una realidad que nunca pedí vivir”.
La degradación: trata y minas
Víctima de mina antipersonal
Alberto* pisó una mina mientras intentaba reparar una manguera de agua en su patio. Sobrevivió, pero el miedo le impide volver:
“Un campesino no pega en pueblo...” [pero] el ELN había instalado minas en su casa para evitar que fuera tomada por las disidencias.
Liderazgo bajo amenaza
Lideresa social y madre
Para Judith*, dejar su finca en manos de violentos fue como arrancarse el alma. “En esa ocasión nos desplazamos, pero nunca nos fuimos; en cambio ahora es grave porque tuvimos que salir del territorio donde tiene uno su trabajo, su vida, sus amigos, su casa. Lo poquito que tenemos dejarlo botado y venirnos a la ciudad a pasar las necesidades”.
La voz de ella se quiebra cuando recuerda a su hijo. Los hombres armados lo buscaron para llevárselo, y solo un audio suyo diciéndole que “la situación era peligrosa”— le salvó la vida. Desde entonces, ella carga con la ausencia: “Prefiero tenerlo por allá, más seguro, que verlo morir aquí”.
El desencanto con el Estado
Labriego anónimo
“Todo se quedó en promesas. Acá el Gobierno ni se ha aparecido... No hay condiciones para volver: no hay seguridad, no hay inversión, no hay nada”.
El dolor del destierro y el despojo
Campesino desplazado
Tras 20 años en su parcela, el ELN le dio una hora a Antonio* para irse, a quien acusaron de ser colaborador de las extintas Farc. Su perro, Capitán, lo siguió por un kilómetro hasta que pudo subirlo a la moto. Hoy, su finca está ocupada por guerrilleros:
“Esa gente se instaló en la casa... me mandaron una razón: que por allá no fuera a reclamar nada porque ya nada era mío, y si me acercaba, terminarían matándome”.
El dolor del destierro y el despojo
Cultivador de coca
Carlos Mario* fue expulsado violentamente por vender pasta base al disidente Frente 33:
“O se va o se muere... y no vuelva por acá, esto es de nosotros”. Relata, además, que el pueblo entero salió despavorido: “Eso fue como el acabose. Todo el mundo salió y dejó todo tirado”.
Estos testimonios, recogidos directamente por nuestras misiones humanitarias, son la prueba fehaciente de que en el Catatumbo la población civil no solo está en medio del fuego, sino que es el blanco principal de un ataque sistemático contra su dignidad y su vida.
