“Después de todo, guardamos la esperanza de seguir viviendo y resistiendo desde nuestros territorios”

Entre los años 90 y 2000, el conflicto armado en el litoral pacífico de Nariño desfiguró las costumbres, desarticuló comunidades enteras y sumió a las familias en una violencia continua.

“No sé con qué palabra describir esa situación que vivimos”, afirma Luisa Castillo, lideresa de la Mesa de Mujeres de Roberto Payán. “Subsistíamos de la pesca, la madera, la agricultura, pero todo cambió cuando empezaron a llegar los grupos armados ilegales”. Con ellos, llegaron también los cultivos de uso ilícito, los reclutamientos forzados, las amenazas y los desplazamientos masivos.

Entre los años 90 y 2000, las dinámicas del conflicto transformaron de raíz la vida cotidiana. El 27 de agosto de 2001, paramilitares del Bloque Libertadores del Sur asesinaron a siete campesinos en Barbacoas. El 19 de febrero de 2009, en la vereda Buenavista, integrantes de grupos paramilitares asesinaron a siete personas indígenas Awá. El 6 de mayo de ese mismo año, en Cajapí, Tumaco, seis jóvenes fueron asesinados y cuatro más heridos durante una celebración comunitaria por parte del grupo armado ‘Los Rastrojos’. El 25 de marzo de 2010, en El Charco, un niño de 11 años, fue utilizado por el Frente 29 de las extintas FARC-EP para transportar un paquete con explosivos, que estalló cerca de la estación de Policía.

La vida comunitaria —el comadreo, la hermandad, el vivir sabroso— fue desarticulada. A la pérdida material se sumó el daño emocional. “Aún hay veredas que desaparecieron, ya la gente no volvió. Ya no hay comadreo, ni confianza”, expresa Luisa.

La Comisión de la Verdad documentó en su Informe Final (2022) cómo, desde mediados de los años noventa, esta zona fue epicentro de la disputa entre las extintas FARC-EP y el ELN. Más tarde, la incursión del Bloque Libertadores del Sur de las AUC intensificó la violencia. En Tumaco, Barbacoas y Roberto Payán, las masacres, desapariciones y asesinatos selectivos dejaron una huella profunda que aún persiste.

El impacto fue especialmente severo para las mujeres. “He visto como la mujer ha llorado incansablemente en esta guerra”, relata Luisa. “La mujer siempre está allí, con lágrimas en los ojos, llorando a sus hijos”. El testimonio da cuenta de los efectos diferenciados que vivieron las mujeres: desplazamientos con niñas y niños al hombro, violencia sexual, rupturas familiares y pérdida del arraigo territorial.

La Comisión de la Verdad concluyó que todas las partes del conflicto —legales e ilegales— ejercieron violencias de género sistemáticas, empleando el desplazamiento, las amenazas, los abusos y la desaparición como formas de control y castigo.

Según el Registro Único de Víctimas (corte a mayo de 2025), en Nariño hay 652.723 personas registradas como víctimas. De ellas, 593.185 lo son por desplazamiento forzado y 46.282 por homicidio.

Las comunidades afrodescendientes e indígenas fueron afectadas de forma desproporcionada. “Después de todo, guardamos la esperanza de seguir viviendo y resistiendo desde nuestros territorios”, sostiene Luisa. La resistencia no fue simbólica: fue organización, denuncia, cuidado colectivo y exigencia de justicia.

 

‘El acuerdo trajo esperanza, pero no se consolidó la paz’

Aunque la firma del Acuerdo de Paz en 2016 abrió un horizonte de esperanza, la la reconfiguración de grupos armados ilegales han perpetuado las violencias. Las disputas por el control territorial y las economías ilícitas siguen presentes. “El acuerdo trajo esperanza, pero no se consolidó la paz”, señala la lideresa.

En diciembre de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó a seis exjefes del Bloque Libertadores del Sur, investigados por crímenes en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, quienes reconocieron vínculos con agentes estatales.

Como lo señaló la Comisión (2022), el modelo territorial del Estado priorizó la extracción de recursos por encima de la vida. “El Pacífico ha sido tratado como zona de explotación y despojo”, concluye el informe. El racismo estructural y la exclusión sistemática siguen

condicionando las formas de intervención estatal, que muchas veces responden más a intereses extractivos que a las necesidades de las comunidades.

Hoy, en el marco de nuevos procesos de diálogos entre el Gobierno Nacional y actores armados ilegales en la región, las víctimas exigen una paz real: con garantías, con verdad, con dignidad. Una presencia estatal integral, que camine junto a las comunidades.