Familiares de los doce diputados del Valle del Cauca transforman el dolor en memoria, verdad y sanación colectiva

El 11 de abril de 2002, un comando armado de la columna Arturo Ruiz, de las extintas FARC-EP, irrumpió en la Asamblea del Valle del Cauca y secuestró a doce diputados departamentales. Los nombres quedaron grabados en la memoria del país: Alberto Quintero, Héctor Fabio Arismendy, Carlos Alberto Charry, Francisco Javier Giraldo, Edison Pérez, Juan Carlos Narváez, Rufino Varela, Jairo Hoyos, Ramiro Echeverry, Nacianceno Orozco, Carlos Alberto Barragán y Si}gifredo López.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad (2022), en los operativos de seguimiento a este secuestro, tres personas perdieron la vida: el patrullero de la Policía Nacional, Carlos Alberto Cendales; el camarógrafo de Noticias RCN, Héctor Sandoval; y Walter López, conductor del equipo periodístico. Cinco años después, el país conoció la noticia del asesinato de once de los diputados. Solo uno sobrevivió: Sigifredo López, liberado el 5 de febrero de 2009.

“La vida cambió para siempre”, expresa Laura Charry, hija del exdiputado Carlos Alberto Charry, y presidenta de la Fundación In Memoriam 11 Diputados, desde donde lidera junto a las familias un proceso de memoria activa, en busca de verdad, justicia, reparación y no repetición.

El secuestro, que se prolongó por más de cinco años, se convirtió en uno de los hechos más dolorosos del conflicto armado en la historia reciente de la región.  La guerrilla, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, reconoció el crimen y pidió perdón públicamente.

“Cometimos un error muy grave al implementar eso como política económica de la organización”, afirmó Gustavo Arbeláez, excomandante de las extintas FARC-EP, durante un espacio de escucha y reconocimiento colectivo de la Comisión de la Verdad.

 

El secuestro se consolidó como una práctica sistemática

En sus informes, la Comisión de la Verdad (2022) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentaron que las extintas FARC-EP justificaron la masacre de los diputados como un “error” tras una supuesta confusión ante un posible ataque militar. Sin embargo, quedó establecido que fue un crimen bajo una política interna que ordenaba fusilar a las personas secuestradas antes de permitir su rescate.

A partir de entonces, la vida de las familias y del único sobreviviente cambió para siempre. El duelo se convirtió en una causa de vida: la defensa de la memoria.

“Nosotros cargamos con este proceso de mantener y alimentar esa fe y esa esperanza de saber que cuando se terminaba un año, sabíamos que el siguiente iba a ser la liberación de los secuestrados. Pero cuando ya supimos que los habían matado, de la manera en que los mataron, pues definitivamente todo se derrumbó para los hijos. No ha sido fácil entender y adaptarse a saber que perdimos a nuestros padres de esa manera”, recuerda Laura Charry.

La Fundación nació de la reapertura de la organización que las esposas de los diputados crearon durante los años del secuestro. Su propósito fue mantener en la agenda pública el caso y exigir que las instituciones no olvidaran los nombres ni las historias de las víctimas.

“Las esposas trabajaron muchísimo para mantener en la agenda de Gobierno el tema del secuestro de los diputados. La Asamblea Departamental sabe que el 11 de abril es una fecha que sí o sí tienen que conmemorar”, explica Laura.

Desde 2017, la Fundación impulsa procesos de memoria: un libro con perfiles biográficos, un cortometraje que narra los hechos y una galería permanente en la Asamblea del Valle del Cauca. Son ejercicios de reconstrucción histórica y de resistencia civil frente al olvido.

Hacer memoria como un proceso de sanación

El informe final de la Comisión de la Verdad reconoce que hechos como este no fueron aislados. Durante el conflicto armado, el secuestro se consolidó como una práctica sistemática, con graves impactos psicosociales en las víctimas y sus familias. En departamentos como Putumayo, Caquetá y Nariño, la violencia contra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes combinó desplazamientos, confinamientos, desapariciones y ataques a liderazgos locales.

La Comisión advirtió que las heridas siguen abiertas y que la reparación no puede limitarse al reconocimiento simbólico: requiere garantías reales de no repetición, acceso a la justicia y políticas diferenciales para pueblos étnicos y mujeres víctimas.

“Hacer memoria es un proceso de sanación. A mí me partiría el alma que la memoria y el legado de papá estuvieran en el olvido. Para mí, si bien es importante tenerlo en el corazón y en la memoria personal, sí es importante elevarlo a otro nivel”, dice Laura.

Hoy, en medio de las exigencias por acelerar la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016, la Fundación y las familias de los once diputados continúan trabajando para que su historia sea una lección colectiva: que la memoria no es solo recuerdo, sino una herramienta de justicia.