“Vivir era sobrevivir en silencio”

 

En Putumayo, ser LGBTIQ+ durante los años más cruentos del conflicto armado era vivir bajo amenaza constante. Durlandy Acosta, activista de Orito, exige verdad, justicia y una reparación integral para las víctimas de la región.

 

“Callar era una forma de sobrevivir. Si asesinaban a alguien, recogíamos, enterrábamos, llorábamos… y seguíamos. Pero nunca olvidábamos”.

Así lo recuerda Durlandy Acosta, lider social y activista LGBTIQ+ del municipio de Orito, Putumayo, al evocar los años donde más cruentos del conflicto armado en la región

Desde los años 70, el departamento vivió una transformación radical, marcada por la expansión de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y la llegada de diversos actores armados: carteles del narcotráfico, grupos paramilitares, estructuras guerrilleras como las extintas FARC-EP y el M-19, así como formaciones armadas mixtas que, de distintas formas, aún persisten.

“Hoy seguimos esperando verdad, justicia y una reparación digna, especialmente para quienes fuimos víctimas silenciadas: las personas LGBTI”, afirma.

Como recogió la Comisión de la Verdad en su Informe Final (2022): “Para mediados de los noventa, la vida de quienes habitaban Guaviare, Putumayo, Caquetá, buena parte del Meta, Catatumbo y la Bota Caucana giraba en torno a los cultivos de coca. Esta era la moneda de cambio: con ella se compraba el mercado, se pagaba el transporte. Detrás de esta economía no solo estaban la guerrilla o los narcos, sino también una población de alrededor de un millón de personas: cultivadores, raspadores, cocineros, entre otros”.

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), hasta el 31 de mayo de 2025 se han reportado 299.329 víctimas en el Putumayo. De ellas, 33.522 (11,2 %) fueron víctimas de homicidio y 267.239 (89,28 %) de desplazamiento forzado.

 

Impactos diferenciales

Putumayo fue escenario de hechos que ejemplifican el recrudecimiento y los impactos diferenciales del conflicto armado interno. En 1991, once personas fueron asesinadas en Puerto Asís por estructuras paramilitares conocidas como “Masetos”, con complicidad de la Policía. En 1999, 28 personas fueron masacradas y arrojadas al río Guamuez en la inspección de El Tigre. La violencia continuó entre 2001 y 2006 con asesinatos, desapariciones y desplazamientos masivos. En 2004, 15 personas fueron colgadas, torturadas y asesinadas públicamente en la vereda El Afilador. Y en 2007, nueve personas, incluidas cuatro menores de edad, fueron asesinadas por las FARC-EP en La Paila por negarse a pagar extorsiones.

Los impactos han sido profundos y diferenciados. Mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinas y personas LGBTIQ+ vivieron violencias agudizadas por razones de género, etnicidad y orientación sexual.

“Lo que vivimos en Putumayo, y especialmente las personas LGBTI, no fue fácil. Vivíamos con la constante sensación de que algo iba a pasar: un atentado, una bomba, un asesinato. Para nosotras, era casi imposible vivir nuestra identidad. Era peligroso ir a un establecimiento público, besar a tu pareja o simplemente decir que eras gay. Vivíamos en constante zozobra”, explica Durlandy.

La Comisión de la Verdad (2022) documentó que todas las partes del conflicto —legales e ilegales— perpetraron violencias de género sistemáticas, incluyendo torturas, desapariciones, violencia sexual, amenazas y desplazamiento forzado como mecanismo de control, castigo y “limpieza” social, marcando los cuerpos y memorias de mujeres, pueblos étnicos y personas diversas. En palabras de Durlandy: “Vivir era sobrevivir en silencio”.

Resistir desde la dignidad

Pese a los intentos por borrar sus existencias, estas comunidades tejieron redes de cuidado, procesos organizativos y plataformas de exigencia de derechos. Durlandy es ejemplo de estas resistencias. Desde hace más de una década, lidera iniciativas comunitarias en Orito.

“Soy fundador del Festival LGBTI del Putumayo, que este año celebra su décima versión. Creamos la organización Orito Diverso para fortalecer nuestra identidad y exigir garantías”, señala. También es delegado en las mesas de víctimas a nivel municipal, departamental y nacional.

“La mayoría de las víctimas LGBTI ni siquiera aparecen en los registros. Nos toca levantar la voz doblemente: para que se nos reconozca como víctimas y como sujetas de derechos”, afirma.

Persistencia del conflicto armado

Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC-EP en 2016, han emergido nuevos grupos armados en la región: disidencias, narcotraficantes y estructuras mixtas de origen paramilitar que reconfiguran el control territorial.

Los cultivos de hoja de coca para uso ilícito siguen expandiéndose en Putumayo, intensificando los factores estructurales del conflicto armado. A la par del aumento en la siembra, persisten dinámicas de violencia como el reclutamiento forzado, los homicidios selectivos, la violencia de género, desplazamientos forzados, deforestación de bosques y la instauración de normas coercitivas en comunidades indígenas y afrodescendientes.

Según datos de la UNODC (2023), el área cultivada en el departamento pasó de 28. 205 hectáreas en 2021 a 48 .034 en 2022, lo que representa un incremento del 70 % y equivale al 21 % del total nacional. En 2023, la región amazónica contaba con cerca de 58.000 hectáreas de hoja de coca, de las cuales 30.000 estaban localizadas en Putumayo, especialmente en los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuez, Orito y San Miguel.

En 2023, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 030, alertando sobre el impacto humanitario generado por la disputa territorial entre el Frente Carolina Ramírez y Comandos de Frontera de las disidencias. En febrero de 2025, presentó un informe de seguimiento a la Alerta Temprana 001, advirtiendo sobre los riesgos de interferencia armada en procesos organizativos, definición de candidaturas y campañas electorales.

Las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, derivadas de estos análisis incluyen: coordinación de respuesta rápida; acciones de paz preventivas; disuasión con enfoque de seguridad humana; acceso a justicia; garantías de atención humanitaria; medidas urgentes de protección y acompañamiento integral del Estado en la región.

La demanda de las comunidades es clara: “Al Estado le exigimos presencia con proyectos reales. Que se reconozca el daño causado. Que se construya un modelo de vida que supere la economía cocalera, que ha traído más muerte que oportunidades”, enfatiza Durlandy.

Como concluye la Comisión de la Verdad en su Informe Final (2022): “Para consolidar la paz en la Amazonía es necesario transformar el modelo colonial y racista que ha acorralado a sus pueblos. La protección del territorio no puede separarse de la dignidad de sus habitantes”.