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“Sin justicia y sin presencia real del Estado, estamos expuestos a repetir la historia”

Eduardo Cetina, defensor de derechos humanos, explica las consecuencias del conflicto armado en Paz de Ariporo, Casanare.

El 11 de octubre de 1991, Paz de Ariporo, en Casanare, vivió una de las noches más oscuras de su historia. Un grupo paramilitar ingresó al municipio con una lista en mano: 46 nombres. Solo hallaron a cuatro personas —Carlos Sánchez, Yolman Ríos, Nelson Romero y un joven de apellido Gamboa—, a quienes asesinaron.

Para entonces, la región vivía una creciente presión por parte de empresas petroleras y la organización de movimientos sindicales que exigían garantías para la comunidad. Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, actores del gremio ganadero, miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares se articularon para eliminar a liderazgos sociales y a personas señaladas arbitrariamente como “amenazas”.

Doce años después, el 10 de febrero de 2004, otra masacre sacudió el municipio. Cinco personas, entre ellas dos jóvenes, fueron asesinadas en medio de la disputa territorial entre dos estructuras paramilitares. “El Estado permitió que eso pasara. Nos dejaron solos”, recuerda Eduardo Cetina, defensor de derechos humanos e integrante de la Mesa de Víctimas del Casanare.

Sin embargo, aunque algunos de los principales responsables por estos hechos están privados de la libertad, las víctimas alegan que se han rehusado aportar toda la verdad sobre los crímenes cometidos en la región.

 

La persistencia del conflicto

“Hubo desplazamientos. La gente se encerró. No sabíamos en quién confiar. Otras, aún hoy, viven con el miedo de una nueva oleada de violencia”, señala Eduardo.

Durante los años más críticos del conflicto, el control paramilitar se asentó en las planicies del departamento, mientras que las extintas FARC-EP y el ELN operaban en las zonas montañosas. Casanare se convirtió en un campo de disputa, y la población civil en blanco de acusaciones, amenazas y ejecuciones extrajudiciales.

Entre 2002 y 2008, según la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 246 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Casanare. El departamento registra el 7,9% del total nacional de estos crímenes, siendo la segunda cifra más alta del país. Las unidades militares señaladas incluyen el Batallón Contraguerrillas No. 23, el Gaula Casanare del Ejército, el Batallón de Infantería No. 44, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 16 y el Batallón Contraguerrillas No. 65

El 21 de septiembre de 2023, se llevó a cabo una audiencia de reconocimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Yopal. A ella asistieron 21 militares retirados y dos civiles, quienes aceptaron su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Durante la diligencia, se reconoció el daño causado a 303 víctimas. Entre los comparecientes se encontraba el general (r) Henry William Torres Escalante, el primer oficial de su rango en admitir su participación en estos crímenes ante la JEP.

Para Eduardo Cetina, el reconocimiento debe ir más allá de lo simbólico. “Sin garantías, sin justicia y sin presencia real del Estado, estamos expuestos a repetir la historia”, afirma.

Actualmente, Eduardo trabaja de forma articulada con las instituciones para impulsar políticas públicas que garanticen vivienda digna, restitución de tierras y oportunidades de generación de ingresos para las víctimas del conflicto armado en su territorio.