Masacre de Segovia
Víctimas de Antioquia recuerdan la masacre que marcó la historia de Segovia
La noche del 11 de noviembre de 1988 quedó inscrita como una de las más trágicas del conflicto armado en Colombia. A las 11:00 p. m., cuatro vehículos ingresaron al casco urbano de Segovia, en el nordeste antioqueño. De ellos descendieron integrantes de estructuras paramilitares vinculadas a actores civiles, políticos y miembros activos de la fuerza pública. En menos de 30 minutos, asesinaron a 46 personas y dejaron heridas a otras 60.
“Fue una de las noches más oscuras de nuestra historia”, recuerda José Coronado Monte, coordinador de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Segovia. “Muchas de las personas asesinadas eran comerciantes, madres jóvenes, trabajadoras, gente del común que nada tenía que ver con el conflicto. Fue un acto de barbarie con claros fines políticos. Se dirigió contra una comunidad que había expresado abiertamente su respaldo a proyectos democráticos alternativos”.
El entonces representante a la Cámara por el Partido Liberal, César Pérez García, fue condenado en 2013 a 30 años de prisión por su responsabilidad en estos hechos. La Corte Suprema de Justicia documentó sus vínculos con mandos paramilitares como Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez) y Fredy Rendón Herrera (alias El Alemán), así como con altos oficiales del Ejército Nacional. El grupo armado MRN, asociado a Pérez, actuó con apoyo logístico de la XIV Brigada.
La Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica han señalado que esta masacre tuvo un carácter “ejemplarizante” y buscó silenciar las expresiones políticas alternativas en el nordeste antioqueño.
Rita Tobón, alcaldesa de la época por la Unión Patriótica, sobrevivió, pero fue perseguida. “El comandante Alejandro Londoño Tamayo me decía: ‘¿Por qué no se va a cuidar a sus hijos? Esto es para machos’. Entraba a la alcaldía a destruir cosas delante de todo el mundo”, relató ante la Comisión de la Verdad.
Semanas antes de la masacre, el 18 de octubre de 1998, un grupo armado identificado como ‘Cimarrones’, perteneciente al Frente José Antonio Galán del
ELN, detonó una carga explosiva contra el Oleoducto Central de Colombia (Cusiana–Coveñas), en inmediaciones del casco urbano del corregimiento de Machuca. El derrame de combustible provocado por la explosión se incendió y alcanzó el río Pocuné. Además, los atacantes destruyeron el puente que cruzaba el río, lo que facilitó la propagación del fuego hacia el área urbana. El incendio, originado por la interacción entre el crudo y el agua, dejó un saldo trágico de 84 personas fallecidas y 30 heridas.
La resistencia de las víctimas
Según el Registro Único de Víctimas, hasta el 31 de mayo de 2025, Segovia suma 30.236 personas víctimas del conflicto armado: 5.397 por homicidio y 23.383 por desplazamiento forzado. Antioquia concentra el 19 % de las víctimas en Colombia, con más de 1,9 millones de personas afectadas.
“La ausencia del Estado fue total. No hubo respuesta institucional inmediata. Lo que siguió fue miedo, persecución y estigmatización contra quienes alzábamos la voz”, insiste Coronado.
Frente al abandono, las comunidades han respondido con organización. “Fundamos asociaciones, colectivos de memoria, mesas de participación. Hemos acudido a todos
los mecanismos institucionales para exigir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No somos solo dolientes, somos sujetas y sujetos de derechos”, afirma Coronado.
Una reparación integral pendiente
Sin embargo, las víctimas afirman que los compromisos del Acuerdo Final de Paz de 2016 avanzan lentamente. Para Franklin Cuesta, integrante de la Mesa de Victimas de Antioquia, aunque “la implementación ha sido desigual”, desde la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia están impulsando acciones colectivas para “exigir justicia, verdad y reparación, y fortalecer la implementación de la Ley 1448 de 2011 y la Ley 2421 de 2024. Las mujeres, los pueblos étnicos, las personas más vulnerables siguen siendo revictimizadas”.
Hoy, Segovia cuenta con cuatro sujetos de reparación colectiva reconocidos por la Unidad para las Víctimas, entre ellos el colectivo étnico afrocolombiano de las veredas El Cenizo, El Cristo, Mata y el casco urbano de Machuca.
Es también el primer municipio del país con una mesa minera reconocida por la JEP dentro del Macrocaso 08, que investiga crímenes cometidos por agentes del Estado y terceros civiles en el marco del conflicto.
En 2023, tras más de 30 años de exigencia por parte de víctimas y organizaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por las graves violaciones de derechos humanos contra más de 6.000 personas militantes o simpatizantes de la Unión Patriótica.
Tal como lo indicó ‘Colombia Adentro’, tomo territorial del Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022), no se puede comprender el conflicto armado sin mirar hacia Antioquia, ni se puede hablar de democracia sin reconocer el papel histórico de sus movimientos sociales.
“La masacre de Segovia no puede seguir impune. Exigimos justicia no como un favor, sino como un derecho. Resistimos al olvido porque recordar también es sanar, y porque solo con verdad, justicia y reparación podremos construir una paz que no se quede en el discurso”, concluye José Coronado Monte.
