•    La entidad identificó falta de información suficiente sobre los procedimientos de evacuación, ausencia de una caracterización actualizada de las familias en riesgo, condiciones de habitabilidad de algunos espacios previstos para alojamiento temporal y la necesidad de adoptar medidas de protección para cultivos, animales y fuentes de agua. 

•    Es por ello que la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza, desde el pasado diciembre y ante los riesgos derivados de la emisión de gases y ceniza, ha insistido sobre la necesidad de implementar acciones inmediatas para garantizar los derechos de las comunidades ubicadas en la zona de influencia de la cadena volcánica Los Coconucos.

Popayán (Cauca), 10 de junio de 2026 (@DefensoriaCol). Ante el incremento de la actividad del volcán Puracé y las recientes emisiones de ceniza que han afectado a comunidades del departamento del Cauca, obligando incluso al cierre preventivo de operaciones en el aeropuerto Guillermo León Valencia, de la ciudad de Popayán, la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza reitera el llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a fortalecer las medidas de prevención, protección y atención integral dirigidas a la población expuesta a esta amenaza.

La entidad recuerda que desde el pasado diciembre advirtió sobre la necesidad de implementar acciones inmediatas para garantizar los derechos de las comunidades ubicadas en la zona de influencia de la cadena volcánica Los Coconucos, ante los riesgos derivados de la emisión de gases y ceniza y la posibilidad de nuevos eventos asociados a la actividad volcánica.

Recientes reportes técnicos evidencian un aumento en las emisiones de ceniza del volcán Puracé, con afectaciones que ya se extienden a distintos municipios y centros poblados del Cauca. La dispersión del material volcánico ha generado preocupación por sus posibles impactos sobre la salud de las personas, las fuentes hídricas, los cultivos, los animales y los medios de subsistencia de las comunidades rurales.

La Defensoría del Pueblo insiste en que la gestión del riesgo debe estar orientada por la protección efectiva de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Por ello, reitera la necesidad de garantizar información clara, suficiente y oportuna para las comunidades, fortalecer los planes de preparación y respuesta ante emergencias, asegurar condiciones adecuadas para eventuales procesos de evacuación y proteger los medios de vida de las familias que podrían resultar afectadas por la caída de ceniza y otros fenómenos asociados a la actividad volcánica.

Durante el periodo de Alerta Naranja, declarado entre noviembre del año anterior y enero del presente, fueron definidos cinco puntos de alojamiento temporal y establecidos compromisos institucionales orientados al fortalecimiento de capacidades comunitarias, adecuación de infraestructura, dotación humanitaria y fortalecimiento de los sistemas de alerta y comunicación. 

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, en reciente visita realizada en conjunto con la Personería Municipal y las autoridades indígenas, pudo constatar que los alojamientos temporales no han sido debidamente adecuados ni hechas las reparaciones previstas. De igual manera, persisten las debilidades en los sistemas de comunicaciones y alerta y en la capacidad de atención médica. Así mismo, no se atendieron las advertencias de la comunidad acerca de la ubicación en zona de riesgo de algunos de los albergues previstos. La población no tiene información sobre la entidad que lidera el proceso, bien sea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) o la Gobernación del Cauca.

Esta institución identificó, adicionalmente, preocupaciones relacionadas con la falta de información suficiente sobre los procedimientos de evacuación, la ausencia de una caracterización actualizada de las familias en riesgo, las condiciones de habitabilidad de algunos espacios previstos para alojamiento temporal y la necesidad de implementar medidas de protección para cultivos, animales y fuentes de agua. Muchos de estos riesgos mantienen plena vigencia frente al comportamiento reciente del volcán.

En ese sentido, la Defensoría exhorta a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en todos sus niveles, a reforzar la coordinación institucional, acelerar las acciones preventivas en salud humana y salud animal, implementar medidas de protección ambiental y garantizar la participación efectiva de las comunidades y sus autoridades en la toma de decisiones relacionadas con la atención de la emergencia.

La Defensoría del Pueblo continuará con el seguimiento permanente a la situación humanitaria en la zona y vigilando que las acciones institucionales se desarrollen bajo los principios de protección de la vida, la integridad, la dignidad humana y los derechos de las comunidades potencialmente afectadas por la actividad del volcán Puracé.