Diez años del Acuerdo de Paz: Defensoría destaca avances y reafirma la necesidad de cumplirlo integralmente como política de Estado para superar las brechas en la garantía de derechos
Comunicado 150/ En el marco de la Audiencia Defensorial por los diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la entidad presentó un balance de su implementación, con los principales avances, desafíos y recomendaciones para garantizar los derechos de las víctimas y transformar los territorios afectados por la violencia.
- En el marco de la Audiencia Defensorial por los diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la entidad presentó un balance de su implementación, con los principales avances, desafíos y recomendaciones para garantizar los derechos de las víctimas y transformar los territorios afectados por la violencia.
- El informe reconoce resultados en materia de reincorporación, justicia transicional y desarrollo rural, pero también advierte sobre los retrasos en la reparación integral, la Reforma Rural Integral y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y sobre las dificultades para garantizar la seguridad de las comunidades y sus liderazgos. Su implementación sigue siendo un compromiso constitucional que trasciende los gobiernos.
Bogotá, 11 de noviembre de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo realizó la Audiencia Defensorial La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional, un espacio de reflexión sobre los primeros diez años desde la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016, las transformaciones alcanzadas y los compromisos que deben orientar su implementación en los próximos años. El encuentro convocó a víctimas del conflicto armado, personas firmantes de paz, liderazgos comunitarios y étnicos de diversas regiones del país, expresidentes de la República y representantes de instituciones nacionales e internacionales.
Durante la jornada, la entidad presentó el informe defensorial Las víctimas en el centro, un compromiso constitucional: diez años del Acuerdo de Paz, que reconoce los avances alcanzados durante esta década y plantea la necesidad de fortalecer las herramientas institucionales construidas para garantizar los derechos de las víctimas, enfrentar las desigualdades y superar las condiciones que han favorecido la persistencia de la violencia en los territorios.
La audiencia también abrió espacios para escuchar las perspectivas de las víctimas del conflicto armado, las personas firmantes de paz, comparecientes de la Fuerza Pública y representantes de los Pueblos Étnicos y del campesinado. En la conversación “La paz para los territorios”, moderada por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, estas voces compartieron un escenario de reflexión sobre los desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz.
El balance muestra que, de los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos, únicamente 63 (4,6 %) han terminado su plan. Asimismo, de los 1.068 planes de retorno, reubicación e integración local de víctimas de desplazamiento forzado, solo 31 (2,9 %) han completado sus acciones. A esto se suma que aproximadamente ocho de cada diez víctimas no han accedido al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI).
Estas cifras reflejan uno de los principales desafíos identificados por la Defensoría del Pueblo: pese a los avances alcanzados durante esta década, persisten dificultades para traducir los compromisos del Acuerdo de Paz en medidas de reparación integral y en la garantía efectiva de los derechos de las víctimas.
“La reparación es una obligación, no un gesto. En diez años, menos del 5 % de los 1.367 sujetos de reparación colectiva terminaron la ejecución de su plan de reparación. Ocho de cada diez víctimas no han recibido atención psicosocial. Tres de cada cuatro personas desplazadas no han superado su situación de vulnerabilidad”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Avances que deben preservarse y compromisos pendientes
El Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno nacional y las antiguas FARC-EP, permitió poner fin al conflicto armado con esa organización y avanzar en la dejación de armas de más de 14.100 personas. También hizo posible la creación de mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como herramientas para la reincorporación, la participación democrática y la transformación rural.
En materia de reincorporación, 10.943 personas permanecen vinculadas al proceso, aproximadamente el 76 % de las acreditadas. Cerca de 7.000 personas firmantes han terminado el bachillerato, el 99 % está afiliado al sistema de salud y se han desarrollado 6.206 proyectos productivos individuales y colectivos. Estos resultados representan avances importantes para la construcción de proyectos de vida alejados de la violencia.
En justicia transicional, el informe reconoce los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que adelanta 11 macrocasos y ha emitido cinco condenas por graves crímenes cometidos durante el conflicto armado. La Defensoría destaca la necesidad de acelerar los procesos pendientes, fortalecer la participación de las víctimas y garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones propias, tanto en sus componentes restaurativos como en las restricciones de derechos que contemplan.
En ese contexto, la entidad invita a un debate técnico, plural y constructivo sobre la JEP, sus resultados, sus dificultades y los ajustes que puedan ser necesarios para potenciar su capacidad de brindar justicia para los millones de víctimas que sufrieron los crímenes que están en proceso de judicialización.
En los territorios rurales también se registran resultados relevantes. La pobreza multidimensional en las áreas rurales y dispersas de los municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pasó del 47,2 % en 2018 al 26,1 % en 2025, aunque esta reducción no puede atribuirse exclusivamente al Acuerdo de Paz. En materia de formalización de tierras, se registran 3.349.711,66 hectáreas, equivalentes al 47,85 % de la meta prevista.
Sin embargo, persisten retrasos en la ejecución de las iniciativas PDET, así como dificultades para garantizar acceso a servicios, proyectos productivos y mejores condiciones de vida a las comunidades rurales. El informe también destaca los compromisos de las familias vinculadas a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y la necesidad de que el Estado cumpla los acuerdos adquiridos con ellas, además de fortalecer los programas de sustitución frente a la magnitud actual de estos cultivos.
En materia de garantías democráticas, el balance reconoce avances asociados a las garantías previstas en el Estatuto de la Oposición y a los instrumentos de protección de la movilización y la protesta pacífica. No obstante, recomienda consolidar y no retroceder en estas garantías, especialmente en los territorios, y avanzar en una ley estatutaria que desarrolle integralmente el derecho a la protesta pacífica.
La audiencia también incluyó un espacio dedicado a las experiencias de gobierno y las perspectivas de futuro de la implementación del Acuerdo de Paz, con intervenciones de quienes han ejercido la Presidencia de la República durante esta década. Esta reflexión se relaciona con uno de los principales planteamientos del informe: la continuidad de los compromisos adquiridos como una responsabilidad constitucional que trasciende los gobiernos.
El balance también advierte sobre los desafíos en la implementación de los enfoques étnicos y de género. A noviembre de 2025, solo el 13 % de las 130 disposiciones con enfoque de género monitoreadas por el Instituto Kroc tenía implementación completa. La Defensoría señala, además, la necesidad de garantizar que las mujeres, las personas LGBTIQ+ y los Pueblos Étnicos participen efectivamente en las decisiones sobre los recursos, la ejecución y el seguimiento de los compromisos.
La persistencia de la violencia amenaza los avances de la paz
La continuidad de la violencia armada representa uno de los mayores obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz. Entre enero de 2016 y junio de 2026, la entidad registró 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, según el corte del informe. Desde 2016 también han sido asesinadas 521 personas firmantes de paz.
El impacto sobre las comunidades se refleja en el aumento del desplazamiento forzado masivo y el confinamiento. Entre 2017 y 2025, las personas afectadas por desplazamientos masivos pasaron de 12.841 a 107.924, mientras que las afectadas por confinamiento aumentaron de 18.603 a 128.825.
A su vez, al 31 de julio de 2026, el Sistema de Alertas Tempranas tenía dos alertas nacionales y 120 territoriales activas, que advertían riesgos en 396 municipios y 15 territorios indígenas. El Índice de Respuesta Estatal, que mide el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en las alertas tempranas, registró un resultado agregado del 57,14 %, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección.
Estas condiciones amenazan la vida de las personas firmantes, los liderazgos sociales y las comunidades, y afectan la participación y los procesos organizativos necesarios para avanzar en la construcción de paz.
El cumplimiento del Acuerdo de Paz debe trascender los gobiernos
La Defensoría del Pueblo recuerda que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, establecido en el artículo 22 de la Constitución Política. Asimismo, el Acto Legislativo 02 de 2017 dispone que las instituciones y autoridades del Estado deben cumplir de buena fe lo acordado, por lo que su implementación exige continuidad institucional, financiación y responsabilidades verificables más allá de los cambios de gobierno.
El informe recomienda acelerar la reparación integral de las víctimas, fortalecer la protección de personas defensoras y firmantes de paz, ejecutar las iniciativas PDET, seguir avanzando en la formalización y restitución de tierras, cumplir y fortalecer los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y consolidar la justicia restaurativa con medidas que tengan en su centro la garantía de los derechos de las víctimas. También plantea hacer efectivos los enfoques étnico y de género, garantizar la participación de las comunidades en las decisiones y evaluar los resultados a partir de la garantía real de derechos.
La Audiencia Defensorial incluyó una reflexión final sobre los consensos necesarios para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, a cargo de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. Este espacio dio continuidad a las conversaciones sobre los avances alcanzados durante la última década y los compromisos pendientes con las víctimas y los territorios.
“Poner a las víctimas en el centro significa, primero, que no hay víctimas de primera y víctimas de segunda. La madre de un soldado ejecutado y la madre de un muchacho reclutado por la guerrilla lloran igual. El secuestrado y el desplazado esperan igual. El Acuerdo no se firmó para una sola orilla del dolor y la Defensoría no puede acompañar a una sola orilla. Las mujeres de la Ruta Pacífica lo dicen en sus plantones con una frase que no se me olvida: ‘Fuimos las madres de la guerra, queremos ser las abuelas de la paz’", señaló la Defensora del Pueblo.
A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, la Defensoría del Pueblo reitera que los avances alcanzados deben preservarse y fortalecerse, mientras que los compromisos pendientes requieren decisiones y acciones concretas. La implementación no puede medirse únicamente por la existencia de programas o instituciones, sino por su capacidad para transformar las condiciones de vida de las víctimas y las comunidades.
Cumplir integralmente el Acuerdo de Paz significa proteger la vida, superar las desigualdades, ampliar la democracia, reparar a las víctimas y garantizar que los derechos reconocidos se hagan realidad en los territorios. Ese es el compromiso constitucional que debe orientar la siguiente etapa de implementación.
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