Agravamiento del conflicto armado en el Catatumbo y limitaciones a la acción humanitaria de la Defensoría del Pueblo

En los últimos meses hemos evidenciado el incremento del reclutamiento forzado, así como el asesinato de una adolescente de 13 años que había sido reclutada y luego la interceptación del carro fúnebre en que su cuerpo era trasladado.

Catatumbo

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Cúcuta, 22 de noviembre de 2026 (@DefensoriaCol). En los últimos días se han presentado situaciones de extrema gravedad que están acrecentando el sufrimiento de la población civil del Catatumbo y que también han afectado a miembros de la Fuerza Pública. La violencia sostenida, la estigmatización y la intimidación están impactando la acción humanitaria de la Defensoría del Pueblo y de otros actores humanitarios, así como a personeros municipales, especialmente el de Tibú.

En los últimos meses hemos evidenciado el incremento del reclutamiento forzado, así como el asesinato de una adolescente de 13 años que había sido reclutada y luego la interceptación del carro fúnebre en que su cuerpo era trasladado. También observamos con dolor el asesinato de un joven de 19 años. En agosto, fueron secuestrados tres miembros de la Policía y una civil. También se han registrado ataques o interferencias a la misión médica, incremento en el uso ya recurrente de drones con explosivos, ataques a instalaciones de la Policía, la afectación de vías y bienes civiles con minas en sus cercanías, que en algunos casos han detonado afectando a la población, enfrentamientos entre las disidencias del Frente 33 y el ELN, desplazamientos masivos y restricciones a la movilidad, entre otros.

El pasado 11 de noviembre emitimos una Alerta Temprana de Inminencia para los corregimientos de Luis Vero y San Martín de Loba, jurisdicción del municipio de Sardinata. La alerta se refiere al ingreso del Frente 33 al territorio para disputarlo con el ELN a través de acciones que han generado riesgos nuevos y extremos para la población civil.

En solo diez días, entre el 12 y el 21 de noviembre, se registraron al menos 17 nuevos hechos de violencia en el Catatumbo:

  • El 12 de noviembre, ataques con drones cargados de explosivos dejaron cuatro militares muertos y cinco heridos en Barco La Silla, zona rural de Tibú, y tres personas heridas en la vereda Filo Gringo, en el municipio de El Tarra.
  • El 13 de noviembre, un ataque con explosivos contra viviendas en la vereda San Martín, en El Tarra, dejó cinco personas de nacionalidad venezolana heridas, entre ellas una niña de un año y siete meses, y un adolescente.
  • El 14 de noviembre se registraron nuevos ataques con drones en ese mismo municipio.
  • El 15 de noviembre, en Sardinata, durante la realización de un bazar comunitario, se registraron sobrevuelos de drones cargados de explosivos y cuatro detonaciones que obligaron a la población a refugiarse en sus viviendas por temor a nuevos ataques. Dos de los artefactos explosivos afectaron el Hospital San Martín y la Casa Campesina.
  • El 16 de noviembre un dron atacó la vivienda de un líder social en la vereda Filogringo, en El Tarra. Ese mismo día fueron secuestradas dos mujeres de 18 y 20 años en la vía Tibú – Cúcuta, quienes fueron liberadas el jueves 19 de noviembre.
  • El 17 de noviembre, un campesino resultó gravemente herido por la activación de un artefacto explosivo en Sardinata.
  • El 18 de noviembre se registraron enfrentamientos armados en la vereda La Angalia, en Tibú, y ataques con drones en el corregimiento Luis Vero, en Sardinata, donde se habrían producido nueve detonaciones a tan solo 50 metros de la Institución Educativa La Divina Esperanza. Ese mismo día, en el corregimiento de Guamalito, en El Carmen, se escucharon disparos asociados a posibles enfrentamientos armados, mientras que en el corregimiento de Pacelli, en Tibú, un ataque con drones destruyó una vivienda.
  • El 20 de noviembre, un ataque con explosivos lanzados desde drones contra una vivienda en la vereda Kilómetro 77, corregimiento de Filo Gringo, en El Tarra, dejó herida a una niña de dos años. Ese mismo día, en Tibú se registraron otros ataques con drones: en el sector de Tres Curvas, dos personas resultaron heridas, mientras que en la vereda El Diamante un civil murió y 27 familias (57 personas) se desplazaron hacia el casco urbano del municipio. Adicionalmente, se tuvo conocimiento de la desaparición de un comerciante de la vereda Mesitas, en Hacarí, en la vía que comunica a Aspasica con Ocaña y Cúcuta. Nuestros equipos establecieron contacto con su familia y ofrecieron acompañamiento. Hasta el momento, no se ha confirmado si se trata de un secuestro, mientras sus familiares permanecen a la espera de información sobre su paradero.
  • El 21 de noviembre, en horas de la madrugada, un artefacto explosivo lanzado desde un dron impactó una vivienda habitada por una familia en la vereda La Paz, en El Tarra. Aunque no se registraron personas lesionadas, el ataque ocasionó daños materiales en el inmueble y puso en riesgo la vida e integridad de sus habitantes.
     

En apenas diez días, estos hechos dejaron cinco personas muertas —cuatro militares y una civil— y 17 personas heridas —cinco militares y 12 civiles—, además de dos mujeres secuestradas, quienes ya fueron liberadas. Todas estas situaciones han generado o pueden generar desplazamientos forzados y restricciones para la movilidad de las personas que habitan el Catatumbo.

Adicionalmente, en la última semana, la Defensoría del Pueblo ha recibido señalamientos, intimidaciones y hostigamientos a sus equipos en terreno. En dos ocasiones, los equipos de la Defensoría del Pueblo han sido interceptados por el ELN mientras desarrollaban misiones humanitarias. Los equipos de comunicación de la misión fueron registrados y se impartieron órdenes amenazantes sobre las condiciones en las que los vehículos pueden transitar.

A estas situaciones se suman los señalamientos realizados el 21 de noviembre en un vídeo del Frente 33 contra la Defensoría del Pueblo y otras entidades, incluyendo a las personerías, especialmente la de Tibú, de supuestamente desarrollar sus actividades “al servicio del ELN”. Estas expresiones de estigmatización hacia los organismos que desarrollan labores humanitarias incrementan los riesgos para nuestros equipos, comprometen las condiciones necesarias para el ejercicio de nuestra labor y pueden obstaculizar el acompañamiento a las comunidades afectadas por el conflicto armado.

Reiteramos que todos los actores armados deben respetar la labor humanitaria, abstenerse de realizar señalamientos, amenazas o actos de intimidación y garantizar condiciones seguras para el acceso a los territorios y la atención de la población civil.

Estos hechos, de responsabilidad de grupos armados ilegales presentes en la zona, se enmarcan en los cambios en la política de seguridad adoptada por el nuevo Gobierno.

La población civil, la dignidad humana y la acción humanitaria deben ser respetadas por los grupos armados ilegales

Mientras aumentan las necesidades humanitarias de las comunidades, se reducen las posibilidades de llegar a ellas. La acción humanitaria de la Defensoría del Pueblo, que en ocasiones es adelantada con otros actores humanitarios, nos permite acompañar a las comunidades y ha facilitado la liberación de personas secuestradas, la evacuación de personas heridas, la recuperación de cuerpos, la recepción de menores de edad desvinculados de grupos armados ilegales y el acceso de las comunidades a la asistencia humanitaria.

Las recientes actitudes hostiles y restricciones por parte de grupos armados ilegales dificultan nuestro trabajo en el territorio e infringen el derecho internacional humanitario, comprometen la seguridad de quienes adelantamos labores humanitarias y tienen como consecuencia la desprotección de las comunidades que necesitan de nuestro acompañamiento y tienen derecho al acceso humanitario.

La acción humanitaria no puede convertirse en una víctima más del escalamiento del conflicto. Requerimos el respeto por las condiciones para su ejercicio. La Defensoría del Pueblo adelanta su labor bajo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia de todos los actores armados, inclusive los estatales. Los grupos armados ilegales deben abstenerse de intimidar, obstaculizar o impedir el desarrollo de estas labores.

A los grupos armados ilegales les exigimos cesar las agresiones contra la población civil, respetar de manera irrestricta el DIH, liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas secuestradas, poner fin al reclutamiento de menores de edad y garantizar el acceso humanitario y el respeto por la misión médica, así como abandonar cualquier discurso justificativo de acciones que violentan y desconocen la dignidad humana.

Los cambios en la política de seguridad deben fortalecerse a través de medidas para la protección de los derechos de las comunidades

El Estado tiene la facultad y el deber constitucional de garantizar la seguridad, enfrentar a los grupos armados ilegales y recuperar el control del territorio. Sin embargo, insistimos en que una respuesta centrada en la acción militar, sin medidas suficientes y simultáneas de prevención, protección y atención humanitaria, puede terminar agravando las condiciones de vida de las personas a quienes precisamente se busca salvaguardar.

La protección de la población civil debe ser un objetivo central de la estrategia de seguridad y un criterio para evaluar sus resultados. El éxito de la intervención del Estado no puede medirse únicamente por el objetivo de debilitar a las estructuras armadas ilegales, sino también por su capacidad de reducir la violencia contra las comunidades, prevenir nuevos desplazamientos y confinamientos, restablecer el ejercicio de los derechos y generar condiciones para que las personas puedan permanecer en sus territorios sin miedo.

En nuestros informes, así como en las alertas tempranas y en las intervenciones ante la Corte Constitucional, hemos insistido en la necesidad de una respuesta estatal integral, articulada y sostenida. Las recomendaciones están formuladas. Es urgente implementarlas.

La presencia del Estado central en el Catatumbo no puede reducirse a las operaciones de la Fuerza Pública. Debe expresarse también en el acceso a la justicia, la educación, la salud, la protección de la infancia, la atención y reparación a las víctimas, las alternativas económicas para las comunidades campesinas, la implementación del Acuerdo Final de Paz y el fortalecimiento de las instituciones locales.

Seguiremos acompañando a las comunidades del Catatumbo, haciendo seguimiento a la respuesta de las autoridades y poniendo nuestras capacidades institucionales al servicio de la protección de los derechos humanos y de las gestiones que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población. El Catatumbo necesita seguridad que se traduzca en garantías reales para la vida, la dignidad y la libertad de quienes habitan el territorio.