Defensoría del Pueblo formula 19 recomendaciones para proteger a la población de tres municipios del Tolima
Comunicado 156/ La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 029 de 2026 para los municipios de Rovira, San Antonio y Roncesvalles, en el departamento del Tolima, por el alto riesgo derivado de las dinámicas de consolidación y expansión de tres estructuras armadas disidentes.
- La expansión y consolidación de tres estructuras armadas ilegales en Rovira, San Antonio y Roncesvalles ponen en riesgo la vida, la integridad y la autonomía de las comunidades.
- Las medidas contempladas en la Alerta Temprana 029 de 2026 buscan que las autoridades nacionales y territoriales fortalezcan la prevención del reclutamiento de menores de edad, la protección de liderazgos sociales, la asistencia humanitaria, la inversión rural y el ejercicio de los gobiernos propios y comunitarios.
Bogotá, 20 de noviembre de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 029 de 2026 para los municipios de Rovira, San Antonio y Roncesvalles, en el departamento del Tolima, por el alto riesgo derivado de las dinámicas de consolidación y expansión de tres estructuras armadas disidentes.
El peligro, en primer lugar, se configura por las manifestaciones de consolidación en Rovira y expansión hacia San Antonio y Roncesvalles del Frente Joaquín González (adscrito al autodenominado y disidente EMBF, bajo el mando de 'Calarcá Córdoba').
En segundo lugar, las expresiones de consolidación en San Antonio con avance hacia Roncesvalles del Frente Gerónimo Galeano (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente EMC, comandado por 'Iván Mordisco'), articulado con el Frente Ismael Ruiz.
En tercer lugar, las manifestaciones de expansión desde el Valle del Cauca hacia Roncesvalles del Frente 57 Yair Bermúdez (disidencia independiente), cuyo fin es asegurar pasos de alta montaña en el sector conocido como Yerbabuena.
Los municipios alertados abarcan seis corredores rurales de alta importancia geoestratégica sobre la cordillera Central. Esta ubicación geográfica es aprovechada por los grupos armados ilegales para el repliegue estratégico, el tránsito de tropas y el control de economías rurales, como la extorsión sistemática a productores cafeteros y ganaderos, así como al comercio local y a las empresas de transporte público intermunicipal.
Gobernanza impuesta
La Defensoría del Pueblo advierte que los grupos armados ilegales vienen imponiendo una gobernanza y control social por la fuerza que vulneran gravemente la autonomía comunitaria.
Entre las prácticas documentadas por la Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), figuran la imposición obligatoria de carnés de identificación comunitaria en veredas de Rovira y Roncesvalles, retenes informales de control poblacional, cobro de cuotas extorsivas bajo la figura de “aportes voluntarios”, regulación de horarios de movilidad y citaciones obligatorias a integrantes de juntas de acción comunal (JAC).
Asimismo, se han registrado graves actos de intimidación, como la incineración de vehículos de transporte público e instalación de artefactos explosivos improvisados en caminos veredales.
Impacto humanitario diferenciado
El impacto humanitario recae de manera diferenciada sobre poblaciones en condición de especial vulnerabilidad. En San Antonio, el riesgo afecta directamente al pueblo indígena Pijao (resguardo San Antonio de Calarma y comunidades dispersas, donde hay más de 1.900 personas). Esto vulnera sus dinámicas de gobierno propio.
De igual forma, la niñez y juventud enfrentan un riesgo crítico de reclutamiento forzado, uso y utilización ilícita en labores de inteligencia o mensajería. En el corregimiento Santa Helena, de Roncesvalles, y zonas rurales aledañas, personas firmantes del Acuerdo Final de Paz sufren hostigamientos y presiones que ponen en peligro su proceso de reincorporación y la viabilidad de sus proyectos productivos.
Recomendaciones estratégicas
Frente a este escenario de riesgo estructural, la Defensoría del Pueblo formuló en su AT 029-26 un total de 19 recomendaciones estratégicas dirigidas a las autoridades nacionales, departamentales y municipales.
El llamado es realizado al Ministerio de Defensa, la fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para las Víctimas (Uariv), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Gobernación del Tolima y las alcaldías de Rovira, San Antonio y Roncesvalles.
Se invita a estas entidades a poner en marcha las recomendaciones bajo un enfoque de seguridad humana, donde la atención a los riesgos vaya más allá de las intervenciones sobre el orden público y se acompañe de estrategias para garantizar los derechos de la población civil.
Las recomendaciones se agrupan en siete ejes prioritarios: disuasión del contexto de amenaza; asistencia e inspección humanitaria; prevención urgente y protección a liderazgos y a niñas, niños y adolescentes; investigación y judicialización efectiva; mitigación social e inversión en infraestructura rural; fortalecimiento de gobiernos propios y comunitarios, y seguimiento preventivo del Ministerio Público.
Las Alertas Tempranas son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.