Defensoría reunirá a víctimas, firmantes de paz, expresidentes, cooperación internacional y representantes del Estado para reflexionar sobre los diez años del Acuerdo de Paz

Bogotá, 10 de noviembre de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo realizará el próximo miércoles 11 de noviembre la Audiencia Defensorial ‘La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional’, un espacio de reflexión sobre los avances, desafíos y compromisos pendientes en la implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado hace diez años entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP.

Durante el encuentro, que tendrá lugar en la sede nacional de la entidad, en Bogotá, se presentarán las principales conclusiones y recomendaciones del informe defensorial Las víctimas en el centro, un compromiso constitucional: diez años del Acuerdo de Paz, que analiza los resultados de la implementación y los desafíos que persisten para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado y transformar las condiciones de vida en los territorios.

La Audiencia Defensorial reunirá a expresidentes de la República, representantes de la Corte Constitucional y de las Naciones Unidas, así como a voces de las comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado. El encuentro propiciará una reflexión plural sobre los diez años del Acuerdo, las experiencias de gobierno en su implementación y los desafíos que enfrenta el país para preservar los avances alcanzados y cumplir los compromisos pendientes con las víctimas y los territorios.

Uno de los momentos centrales será la conversación ‘La paz para los territorios’, en la que participarán liderazgos comunitarios de víctimas, personas firmantes de paz, Pueblos Étnicos y campesinado, así como un compareciente de la Fuerza Pública. El diálogo, moderado por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, permitirá escuchar sus experiencias y perspectivas sobre la construcción de paz y la garantía de derechos en los territorios.

La programación también contempla un espacio dedicado a las experiencias de gobierno y las perspectivas de futuro de la implementación del Acuerdo, así como una reflexión final de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sobre los consensos para avanzar en los compromisos pendientes. El encuentro concluirá con el acto simbólico cultural ‘Cartas de amor en tiempos de conflicto’.

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política. A su vez, el Acto Legislativo 02 de 2017 estableció que las instituciones y autoridades del Estado deben cumplir de buena fe lo establecido en el Acuerdo Final, una obligación constitucional que trasciende los períodos de gobierno y compromete la continuidad de su implementación.

Diez años después de su firma, el Acuerdo conserva plena vigencia como instrumento para garantizar derechos, fortalecer la participación democrática y enfrentar las condiciones estructurales que han favorecido la persistencia de la violencia. Aunque se registran avances institucionales, normativos y sociales, persisten dificultades de coordinación institucional, insuficiencia o discontinuidad de recursos, debilidades en el seguimiento y limitaciones en la participación efectiva de las comunidades, así como graves riesgos para la vida y la seguridad en los territorios.

En ese contexto, el informe defensorial aborda los avances y rezagos de la Reforma Rural Integral, la participación política, las garantías de seguridad, la reincorporación, la sustitución de cultivos de uso ilícito y los derechos de las víctimas. También examina los desafíos relacionados con la reparación integral, la justicia restaurativa y la implementación de los enfoques de género y étnico.

Entre sus principales planteamientos se encuentra la necesidad de que los mecanismos institucionales y las inversiones realizadas se traduzcan en resultados verificables para las comunidades. Para ello, es fundamental fortalecer su participación en las decisiones sobre financiación, ejecución y seguimiento de los compromisos, así como garantizar una mayor articulación entre las entidades nacionales y territoriales.

La Defensoría del Pueblo considera que preservar los avances alcanzados y superar los rezagos de implementación constituye una responsabilidad del Estado. Diez años después de la firma del Acuerdo, la construcción de paz sigue exigiendo proteger la vida, garantizar los derechos de las víctimas, las personas firmantes, las mujeres, los Pueblos Étnicos y las comunidades campesinas, y avanzar en la transformación de los territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

La Audiencia Defensorial busca contribuir a una reflexión plural sobre lo alcanzado y lo pendiente, con las víctimas en el centro y el reconocimiento de que la construcción de una paz estable y duradera exige convertir los compromisos constitucionales en garantías efectivas de derechos y mejores condiciones de vida para las comunidades.