●    La actividad, concentrada inicialmente en Ataco, se ha extendido hacia Chaparral y Coyaima, con graves afectaciones sobre los ríos Saldaña y Atá, los ecosistemas estratégicos y los derechos de comunidades campesinas, indígenas y víctimas del conflicto armado. 

●    La Defensoría del Pueblo advierte que esta dinámica también fortalece economías ilegales, incrementa los riesgos de violencia y conflictividad social y exige una respuesta integral y coordinada del Estado para proteger a las comunidades, sus territorios y la naturaleza. 

Ibagué, Tolima, 17 de septiembre de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por las afectaciones a los derechos de las comunidades de Ataco, Coyaima y Chaparral, en Tolima, así como por el grave impacto sobre la naturaleza ocasionado por la extracción ilícita de minerales. 

En Ataco esta problemática se presenta desde hace aproximadamente dos años, mientras que en los demás municipios se registra una expansión acelerada de la actividad. Esta dinámica representa una grave amenaza para la garantía de los derechos fundamentales, la protección del ambiente y de la naturaleza, la seguridad de las comunidades y la estabilidad territorial del sur del departamento. 

Ataco, municipio priorizado en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), presenta condiciones estructurales de vulnerabilidad asociadas a los efectos históricos del conflicto armado, la pobreza multidimensional y las limitadas capacidades institucionales. Estas condiciones han favorecido la expansión de economías ilícitas, particularmente la extracción ilícita de minerales, que hoy constituye uno de los principales factores de riesgo de vulneración de los derechos humanos y la gobernabilidad. 

La minería artesanal que históricamente han desarrollado las comunidades mediante herramientas tradicionales ha sido desplazada por un modelo de explotación ilícita basado en el uso intensivo de maquinaria pesada, acompañado por el ingreso masivo de población flotante y el fortalecimiento de economías ilegales que ejercen presión sobre el territorio. 

La llegada de aproximadamente 5.000 personas atraídas por esta actividad ha incrementado la presión sobre los servicios públicos, la oferta institucional y las dinámicas económicas locales, y ha generado mayores riesgos de vulneración de derechos, conflictividad social, explotación laboral, incremento del costo de vida y deterioro de las condiciones de convivencia. 

La magnitud de la explotación ilícita ha favorecido igualmente el fortalecimiento financiero de estructuras armadas ilegales que ejercen control territorial, económico y social sobre diferentes sectores, lo que incrementa el riesgo de homicidios, amenazas, extorsiones y otras formas de violencia. 

En materia de seguridad, durante 2025 se registraron cuatro homicidios en el municipio de Ataco y, en lo corrido de 2026, se han registrado 27, la gran mayoría bajo la modalidad de sicariato. 

La explotación ilícita, desarrollada en gran medida sin títulos mineros, licencias ambientales ni medidas de manejo, ha ocasionado graves afectaciones sobre los ríos Saldaña y Atá, así como procesos de deforestación, erosión de suelos y destrucción de más de 230 hectáreas de ecosistemas estratégicos en el municipio de Ataco, mientras la actividad se expande de manera progresiva y acelerada hacia Chaparral y Coyaima. Las autoridades estiman la presencia de cerca de 200 máquinas dedicadas a estas actividades. 

La problemática produce afectaciones simultáneas sobre derechos colectivos como el ambiente sano, el agua potable y la seguridad alimentaria, así como sobre derechos individuales, entre ellos la vida, la integridad personal, la salud y la educación. Los mayores impactos recaen sobre víctimas del conflicto armado, comunidades campesinas e indígenas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, todos sujetos de especial protección constitucional. 

Las dinámicas observadas en Ataco ya generan efectos en Chaparral y Coyaima y podrían extenderse hacia Rioblanco y Planadas. Estos municipios, en su conjunto, representan cerca de la cuarta parte del departamento del Tolima y se encuentran en una región en la que existen corredores estratégicos utilizados por economías ilícitas y estructuras armadas, situación que profundiza la crisis territorial y humanitaria. 

La problemática descrita supera el ámbito de la minería ilegal y configura una crisis territorial multidimensional que compromete la protección ambiental, la seguridad ciudadana, la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos fundamentales. La protección de la vida, la dignidad humana y el ambiente debe constituir una prioridad impostergable para evitar la consolidación de estas dinámicas en el sur del Tolima. 
 
La Defensoría reconoce los esfuerzos realizados por las autoridades territoriales, la Fuerza Pública y el Ministerio Público para visibilizar la gravedad de la situación, ejercer acciones de control y promover la articulación con el nivel nacional. No obstante, dada la complejidad de esta problemática, estas medidas han sido insuficientes y se requiere una respuesta sostenida, integral y coordinada que permita atender las necesidades históricas de la población, contener la expansión de la explotación ilícita de minerales y proteger los ecosistemas estratégicos del sur del departamento. 

En consecuencia, es necesario que las autoridades nacionales, departamentales y municipales adopten medidas que combinen acciones de control, judicialización, protección de las comunidades y sus territorios, recuperación ambiental, fortalecimiento institucional e inversión social, con el propósito de contener la expansión de esta problemática y avanzar en la garantía efectiva de los derechos fundamentales y la protección de la naturaleza.