La Defensoría del Pueblo e instituciones aliadas llegaron al corregimiento Medialuna, ubicado cerca de las estribaciones de la Serranía del Perijá, jurisdicción de San Diego, Cesar, para atender 257 personas durante una jornada Buen Futuro Hoy.

El corregimiento de Medialuna, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cuenta con alrededor de 3.400 personas. Los campesinos de la zona se dedican al cultivo de café y cacao en las zonas altas y templadas y en las partes más bajas se encuentran cultivos de maíz y yuca. 

Cabe recordar que el 27 de octubre de 1996, está población fue epicentro de una masacre perpetrada por grupos paramilitares, hecho en el que fueron asesinadas siete personas, entre ellas un menor de edad.

Esta jornada permitió acercar la oferta institucional a la comunidad mediante la articulación con la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica Energía Atenea S.A.S. E.S.P., comercialmente conocida como Energua, la Nueva EPS, Personería y la Unidad para las Víctimas.

La Alcaldía de San Diego dispuso de servicios de Sisbén y Renta Ciudadana, así como atención a través de su Secretaría de Salud. También se brindó atención en medicina general y salud oral, asesorías endefensoría pública y orientación en servicios públicos y derechos de las víctimas del conflicto armado.

Del total de personas beneficiadas, 42 estudiantes de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, recibieron acompañamiento psicosocial comunitario, con énfasis en prevención y atención de violencias basadas en género, rutas de atención, acceso a la ruta de Justicia y Paz, en Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) y los servicios para la protección de derechos.
 
La actividad permitió llevar estos servicios al territorio, con lo que se evitó que los habitantes de Medialuna tuvieran que desplazarse hasta el casco urbano de San Diego.
 
La estrategia territorial Buen Futuro Hoy facilita el acceso efectivo a derechos, reduce barreras geográficas y económicas y beneficia especialmente a las comunidades que enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios que ofrecen las entidades del Estado.