Durante el primer semestre de 2026, San Andrés, Providencia y Santa Catalina registraron, entre los departamentos del país, la tasa más alta de quejas en salud recibidas por la Defensoría del Pueblo para ese período, con 57,5 quejas por cada 10.000 afiliados, frente a una tasa nacional de 5,17 por cada 10.000 afiliados. Para la entidad, este comportamiento requiere una lectura con enfoque diferencial, territorial y étnico, que tenga en cuenta las condiciones particulares del territorio insular y las dificultades que enfrentan sus habitantes para acceder de manera efectiva a los servicios de salud.

Las barreras no terminan con una autorización

En el seguimiento realizado por la Defensoría del Pueblo se han identificado barreras que van más allá de la autorización de un servicio. La disponibilidad de medicamentos, el funcionamiento de los gestores farmacéuticos, la efectividad de las remisiones y las condiciones para desplazarse fuera del Archipiélago son factores que pueden determinar si una persona logra recibir efectivamente la atención que necesita.

En el caso de Nueva EPS, la entidad identificó dificultades relacionadas con la operación de la dispensación de medicamentos. Durante uno de los momentos del seguimiento, CAFAM era el único dispensador reportado para la zona insular y operaba aproximadamente al 70 % de su capacidad.

La Defensoría también ha advertido que los cambios o salidas de gestores farmacéuticos pueden generar interrupciones en la entrega de medicamentos, acumulación de pendientes y mayores tiempos de espera, con riesgos para la continuidad de los tratamientos, especialmente cuando las transiciones entre operadores no se realizan de manera adecuada.

Por esta razón, la información a los usuarios debe ser clara y oportuna. Cuando un gestor farmacéutico termina su operación, las personas deben conocer quién asumirá la dispensación, dónde estarán ubicados los nuevos puntos de atención y desde cuándo comenzará a funcionar el nuevo operador.

Una condición insular que aumenta las barreras de acceso

A las dificultades relacionadas con la prestación de los servicios se suma una condición propia del territorio insular: en muchos casos, recibir atención implica desplazarse fuera del Archipiélago. En el seguimiento a Nueva EPS, la Defensoría identificó que para algunos usuarios de San Andrés la dificultad no estaba únicamente en obtener una cita, sino en contar con los medios necesarios para asistir a ella cuando la atención debía realizarse fuera de las islas. Transporte, tiquetes, viáticos, hospedaje y otros servicios complementarios pueden convertirse en barreras adicionales para acceder oportunamente a la atención requerida.

Esta situación adquiere especial relevancia frente a los cambios de operadores farmacéuticos que puedan afectar a los usuarios. En estos procesos, la comunicación sobre quién continuará con la dispensación, los puntos de atención y las fechas de inicio de operación resulta fundamental para evitar incertidumbre y desplazamientos innecesarios.

La judicialización evidencia la presión sobre el sistema

La situación también se refleja en el uso de mecanismos judiciales para reclamar el acceso a servicios de salud. De acuerdo con el Informe de Tutelas de la Defensoría del Pueblo correspondiente a 2024, elaborado con base en información de la Corte Constitucional, San Andrés registró una tasa de judicialización en salud de 193,8 por cada 10.000 habitantes, frente a un promedio nacional de 51,7. Estas cifras corresponden al conjunto de acciones de tutela registradas y no exclusivamente a aquellas acompañadas o gestionadas por la Defensoría del Pueblo.

Para la entidad, estos indicadores muestran la necesidad de que las barreras de acceso sean atendidas de manera oportuna antes de que los usuarios tengan que acudir a la justicia para obtener servicios que deberían garantizarse de manera efectiva.

La alta judicialización también representa un desafío para el sistema de justicia, al trasladar a los escenarios judiciales controversias que, en principio, deberían resolverse mediante una prestación adecuada, oportuna y continua de los servicios de salud.

Transparencia en los recursos y capacidad de respuesta

Otro de los aspectos identificados en los seguimientos realizados en el Archipiélago está relacionado con la transparencia y trazabilidad de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud. La Defensoría ha advertido diferencias entre las cifras reportadas por las EPS y la información presentada por los prestadores, situación que dificulta establecer con claridad el estado de las obligaciones, los pagos realizados y los recursos efectivamente disponibles para garantizar la atención.

Para la entidad, contar con información financiera verificable, completa y consistente entre los diferentes actores del sistema es fundamental, pues la disponibilidad y trazabilidad de los recursos también inciden en la capacidad de la red prestadora para responder oportunamente a las necesidades de la población.

Garantizar el derecho implica mirar toda la cadena

En San Andrés, la garantía efectiva del derecho a la salud requiere analizar integralmente toda la cadena de atención: desde la disponibilidad de medicamentos y la información sobre los gestores farmacéuticos, hasta las remisiones y las condiciones de transporte necesarias para acceder a servicios fuera del territorio insular.

Una autorización no se traduce por sí sola en acceso efectivo a la salud. Para que el derecho se materialice, es necesario que funcionen de manera articulada todos los componentes que permiten a las personas recibir el servicio requerido de forma oportuna, continua y en condiciones adecuadas.