Uso de drones con explosivos y confrontación armada tienen en riesgo a la población rural de Sardinata, en Norte de Santander
Comunicado 157/ Comunicado La advertencia se focaliza en los corregimientos Luis Vero (de aproximadamente 3.000 habitantes) y San Martín de Loba (de unos 2.400 habitantes), ya que la vida y la integridad de la población civil corren peligro por la intensificación de las hostilidades.
- La intensificación de la confrontación armada entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias ha provocado confinamientos, desplazamientos forzados, afectaciones a viviendas y la suspensión de clases presenciales en los corregimientos Luis Vero y San Martín de Loba.
- Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 030 de 2026, en la que formula 15 recomendaciones a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para una respuesta urgente e integral.
- Las medidas priorizan la prevención de los riesgos asociados al uso de drones con explosivos, la protección de los entornos educativos y la población en mayor condición de vulnerabilidad, la atención humanitaria urgente y la garantía del acceso a la justicia.
Bogotá, 22 de noviembre de 2026 (@DefensoriaCol). El riesgo extremo de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) en la zona rural del municipio de Sardinata (Norte de Santander) llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 030 de 2026.
La advertencia se focaliza en los corregimientos Luis Vero (de aproximadamente 3.000 habitantes) y San Martín de Loba (de unos 2.400 habitantes), ya que la vida y la integridad de la población civil corren peligro por la intensificación de las hostilidades.
El escenario de riesgo advertido por la Defensoría obedece a la expansión y escalamiento de la confrontación armada iniciada en enero del 2025 en la subregión Catatumbo entre el Frente 33 de las disidencias (Bloque Magdalena Medio) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los dos grupos armados ilegales se disputan el control territorial, las rutas de movilidad rural y el dominio poblacional en esa franja estratégica que interconecta el centro de Norte de Santander con la frontera con Venezuela y la zona alta del Catatumbo.
Drones, minas y confinamiento
La Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación por la utilización sistemática de vehículos aéreos no tripulados (VANT/drones) acondicionados con cargas explosivas sobre áreas habitadas.
Durante las últimas semanas, se han registrado ataques directos y la caída de artefactos lanzados desde drones en inmediaciones del parque principal de Luis Vero, del templo parroquial San Martín de Porres y de planteles formativos, como la Institución Educativa La Divina Esperanza y la escuela de Planadas-Luis Vero, así como en la vereda Corinto.
El pasado 19 de octubre, los ataques dejaron un saldo de al menos cinco civiles heridos, destruyeron viviendas campesinas y causaron pánico generalizado en la comunidad.
Adicionalmente, la Defensoría documentó un aumento acelerado de la contaminación con minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar sembrados en caminos veredales, cultivos agrícolas y accesos comunitarios.
Esta situación, sumada a las amenazas explícitas del Frente 33 de atacar el caserío de Luis Vero ante la presencia del ELN, ha forzado un estado de confinamiento en el que las familias campesinas se aglomeran en viviendas durante las noches, luciendo banderas blancas como medida desesperada de protección. Todo esto ha provocado, además, desplazamientos forzados individuales y la suspensión total de las clases presenciales.
Menores de edad, jóvenes, personas lideresas y mujeres, los más afectados
El impacto humanitario recae de manera desproporcionada sobre sujetos de especial protección constitucional, como niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), expuestos a reclutamiento forzado.
Se han registrado casos de deserción escolar, traumas severos por los ataques aéreos, pérdida de las cosechas de subsistencia de familias campesinas, amenazas a docentes y riesgo para las instituciones educativas.
Las mujeres rurales han sido víctimas de violencias basadas en género y viven en angustia permanente por la vida de sus hijos. Las y los representantes de juntas de acción comunal y los sacerdotes han sido amenazados, lo que les ha impedido ejercer su liderazgo comunitario y oficiar los cultos religiosos.
Quince recomendaciones para una respuesta urgente
Frente a este escenario de inminente emergencia humanitaria, la Defensoría del Pueblo formuló en su ATI 030 un total de 15 recomendaciones a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal.
Estas recomendaciones tienen como fin orientar a las entidades del Estado en la implementación de acciones de disuasión e investigación de los factores de amenaza, de mitigación de las vulnerabilidades detectadas, de prevención de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, de protección diferencial de las poblaciones en riesgo y de fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales existentes.
Es oportuno adoptar estas recomendaciones desde un enfoque de seguridad humana, en el que la atención a los riesgos vaya más allá de las intervenciones sobre el orden público y se acompañe de estrategias para garantizar los derechos de la población de los corregimientos Luis Vero y San Martín de Loba.
Las recomendaciones buscan, de igual manera, una respuesta rápida e integral y priorizan la prevención de los riesgos asociados al uso de drones con explosivos, el fortalecimiento de las medidas de protección en los entornos educativos, la atención humanitaria urgente y la garantía del acceso a la justicia.
Las Alertas Tempranas son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.