Mientras la Corte Constitucional estudia la tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, la comunidad educativa permanece en riesgo por presuntas emanaciones de gas provenientes de infraestructura operada por Vanti.

Bogotá, 18 de febrero de 2026 (@Defensoriacol). Con el propósito de escuchar, verificar y documentar la situación de derechos humanos de cerca de 600 niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Departamental Sabio Mutis (IEDSM), sede La Mesa, Cundinamarca, la Defensoría del Pueblo lideró mesas de trabajo técnicas con la comunidad y autoridades competentes.

Según la información recopilada, una aparente emisión de gases tóxicos y olores provenientes de una infraestructura de la empresa Vanti, ubicada frente al plantel, ha generado afectaciones en la salud y el bienestar de los menores, comprometiendo su derecho a la educación en un entorno seguro.

Actualmente, la institución funciona en su sede antigua tras esfuerzos de adecuación. Sin embargo, debido al espacio reducido, se ha implementado un plan de rotación que impide la asistencia diaria de todos los cursos para evitar el hacinamiento.

Durante las jornadas, estudiantes, docentes y padres de familia relataron cuadros de incertidumbre y temor asociados al riesgo ambiental. En respuesta, la Defensoría dialogó con la Alcaldía, la Gobernación, la CAR y el Hospital de La Mesa para evaluar los diagnósticos realizados y las medidas de protección previstas.

La acción de tutela interpuesta por la Defensoría ya se encuentra en la Corte Constitucional, que seleccionó el caso el pasado 31 de octubre y adelanta la práctica de pruebas.

La entidad continuará suministrando información actualizada al alto tribunal, reiterando que la protección de la vida, salud y educación de los menores es una obligación estatal prioritaria, especialmente al tratarse de una población con protección constitucional reforzada.