La Defensoría del Pueblo realizó un conversatorio sobre la aplicación de la Ley 2292 de 2023, norma que permite a mujeres cabeza de familia en condiciones de marginalidad sustituir la pena de prisión por la prestación de un servicio de utilidad pública.

El evento, titulado Mujeres privadas de la libertad y el sustituto de utilidad pública, se desarrolló en articulación con la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y contó con la participación de magistrados, jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos y otros representantes del sistema judicial.

 

Enfoque diferencial para la justicia penal

"Estoy segura de que este conversatorio será del mayor provecho para nuestro equipo de defensoría pública, así como para la rama judicial en todos sus niveles", expresó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la apertura.

La Defensora destacó, además, que esta iniciativa representa "una oportunidad única para avanzar hacia un sistema penal más racional, proporcionado y, sobre todo, guiado por los derechos humanos y el enfoque de género".

 

Posición institucional de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo fijó su postura institucional a través de la Resolución Defensorial 003 de 2024, en la que se destacan tres puntos centrales:

• La condición de mujer cabeza de familia no se desvirtúa por la existencia de una red de apoyo, pues la norma protege el rol principal de cuidado.
• La marginalidad debe entenderse en sentido amplio, ligado a las barreras estructurales, y no bajo criterios restrictivos del Código Penal.
• El legislador definió un catálogo de exclusiones propio, por lo que no procede limitar su alcance con otras normas.

Resultados y participación

Desde la entrada en vigor de la Ley 2292 de 2023, se han emitido 180 decisiones judiciales que han beneficiado a mujeres cabeza de familia, quienes han podido cumplir sus condenas mediante servicios de utilidad pública en lugar de permanecer en prisión.

El conversatorio contó con la participación de la magistrada Myriam Ávila Roldán, presidenta de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y los magistrados Gerardo Barbosa Castillo, Fernando Bolaños Palacios y Carlos Roberto Solórzano Garavito.

Esta iniciativa reafirma el compromiso de la Defensoría del Pueblo con la promoción de una justicia que incorpore el enfoque diferencial y de género, garantizando la protección efectiva de los derechos de las mujeres en el sistema penal.