La Defensoría del Pueblo hizo presencia en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral, realizada en Cúcuta, durante la cual se informaron las acciones institucionales previstas para la jornada electoral del 8 de marzo, así como las recomendaciones presentadas por las distintas autoridades.

Durante la sesión, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz,  aportó elementos de análisis sobre el contexto electoral en Norte de Santander, con base en los hallazgos de la Alerta Temprana Electoral emitida en octubre de 2025 y en el informe de seguimiento que será presentado el próximo 23 de febrero.

En su intervención, destacó los retos de seguridad derivados de la presencia de grupos armados como el ELN, el frente 33 de las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y Los Pachenca, estos dos últimos estarían involucrados en hechos que se encuentran en proceso de verificación y que ocurrieron la semana pasada en el municipio de Ocaña.

De manera concreta, la Defensora señaló cuatro riesgos específicos para el proceso electoral en Norte de Santander, incluida la situación de las candidaturas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

El primero se relaciona con la interferencia en el proselitismo político, así como con seguimientos, intimidaciones e interrupciones de actividades de campaña por parte de actores armados, con el propósito de condicionar el ejercicio del derecho al voto.

Sobre esto, la Defensora recordó que en la Alerta Temprana Electoral, emitida en  octubre de 2025, se recomendó al Gobierno Nacional avanzar en acuerdos dentro de los procesos de negociación con los actores armados, con el fin de evitar su interferencia en las elecciones. No obstante, señaló que, aunque algunos grupos han expresado públicamente su compromiso, no existe coherencia entre ese discurso y sus acciones en el territorio.

Un segundo riesgo identificado corresponde a las barreras para el ejercicio del derecho al voto, derivadas de la presencia de minas antipersona, el uso de drones, los retenes ilegales, el secuestro y la falta de transporte público, situaciones que podrían impedir el acceso de la población rural a los puestos de votación.

En tercer lugar, mencionó la afectación del censo electoral como consecuencia del desplazamiento forzado ocurrido desde enero de 2025, ya que muchas personas inscritas en municipios expulsores y actualmente ubicadas en otros territorios no tendrían garantizado su derecho al voto en los municipios de recepción.

El cuarto riesgo se refiere a la violencia digital, debido a que la Defensoría ha identificado señalamientos contra algunas candidaturas, a las que se les atribuye afinidad con determinados grupos armados.

Por otra parte, la Defensora destacó situaciones concretas de afectación a poblaciones específicas. Una de ellas se relaciona con las candidaturas de las CITREP, que inicialmente eran 16 y que, debido a presiones de grupos armados, se habrían reducido, limitando las oportunidades de participación política en los territorios que representan.

Asimismo, se refirió a la situación de los firmantes del Acuerdo de Paz. Recordó que hace algunas semanas se realizó el traslado de firmantes desde Caño Indio hacia la ciudad de Cúcuta, sin que se cuente aún con información clara sobre las medidas adoptadas para garantizar su derecho al voto, conforme a lo establecido en el punto 2 del Acuerdo Final de Paz.

En materia de género, advirtió que la participación de las mujeres continúa siendo meramente nominal. Si bien son incluidas en las listas, en muchos casos esto responde a una formalidad y persisten restricciones a su autonomía real, derivadas de presiones ejercidas por actores armados.

También alertó sobre los ataques contra la comunidad y autoridades del Pueblo Barí, así como sobre la situación de los líderes de juntas de acción comunal en los municipios de El Tarra y Tibú, quienes estarían siendo víctimas de constreñimiento por parte de grupos ilegales con el fin de influir en los resultados electorales.

La Defensora presentó avances del próximo informe de seguimiento a la Alerta Temprana Electoral para Norte de Santander, en el cual se formula un llamado a la acción inmediata para los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, La Playa, Ocaña, Teorama y Tibú, y un llamado a la Acción Urgente para Bucarasica, Cáchira, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Esperanza, Puerto Santander, San Calixto, San Cayetano, Sardinata y Villa del Rosario.

Finalmente, frente al contexto nacional, solicitó la adopción de medidas para garantizar el derecho al voto de la población ubicada en centros de detención transitoria; restablecer el funcionamiento de los puestos de votación en zonas afectadas por la ola invernal —como ocurre en el departamento de Córdoba—; y asegurar el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica con ocasión del Día Internacional de la Mujer, que coincide con la jornada electoral del 8 de marzo.