•    La exclusión institucional, el control territorial de grupos armados y las tensiones por consulta previa siguen afectando la autonomía, la participación y los derechos colectivos de los pueblos étnicos
•    La entidad plantea medidas para fortalecer la protección colectiva, la pertinencia cultural en la oferta estatal y las garantías de participación frente a proyectos que impactan territorios ancestrales.

Bogotá, 03 de junio de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo publicó una nueva edición del Boletín de Derechos Humanos de los Pueblos Étnicos, en la que advierte la persistencia de riesgos por la expansión y fragmentación de grupos armados ilegales, el control territorial asociado a economías ilícitas y las brechas estructurales que limitan el acceso efectivo a sus derechos. Durante el segundo semestre de 2025, 14 de las 20 Alertas Tempranas emitidas por la entidad incluyeron situaciones de riesgo para los pueblos étnicos, es decir, el 70% del total.

El informe evidencia que las afectaciones contra los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros no solo están relacionadas con la violencia y el control territorial, sino también con brechas estructurales que limitan el acceso efectivo a derechos fundamentales como salud, educación, protección y participación.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo realizó seguimiento a las principales problemáticas reportadas por las 42 defensorías regionales durante el segundo semestre de 2025, con el propósito de orientar acciones de prevención y fortalecer la incidencia en políticas públicas.

Se identificaron tres factores estructurales que afectan de manera recurrente los derechos colectivos de los pueblos étnicos: la exclusión institucional persistente; el control territorial asociado a economías ilícitas y la presencia de grupos armados no estatales; y los conflictos relacionados con la consulta previa y las tensiones frente a modelos de desarrollo.

Exclusión institucional persistente

La Defensoría encontró que gran parte de la oferta estatal dirigida a los pueblos étnicos continúa sin responder adecuadamente a sus realidades territoriales, culturales y lingüísticas. Esto genera barreras para acceder a derechos fundamentales y profundiza condiciones históricas de exclusión.

Los reportes evidencian afectaciones recurrentes en salud y educación, especialmente en departamentos como Vaupés, Amazonas, La Guajira, Chocó, Guainía, Cauca, Nariño y Putumayo. Estas fallas impactan de manera desproporcionada a la niñez y a las mujeres con pertenencia étnica.

Control territorial y economías ilícitas

El informe también muestra que la presencia de grupos armados y estructuras ligadas a economías ilícitas continúa afectando gravemente la autonomía y el gobierno propio de las comunidades.

De las 42 defensorías regionales que remitieron información, 29 reportaron situaciones relacionadas con conflicto armado, confinamientos, restricciones a la movilidad, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, amenazas a liderazgos y control social sobre los territorios.

De acuerdo con el informe, estas dinámicas van más allá de las confrontaciones armadas y, en varios territorios, están configurando formas de gobernanza ilegal que restringen la autodeterminación de los pueblos étnicos, afectan sus prácticas culturales y aumentan la dependencia de economías ilícitas.

Una política pública con enfoque diverso y multicultural

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló una propuesta de política pública orientada a fortalecer la garantía efectiva de derechos de los pueblos étnicos desde el principio constitucional de diversidad étnica y cultural.

En materia de inclusión institucional, la entidad propone acciones para mejorar el acceso a derechos con pertinencia cultural, entre ellas la creación de un Banco Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Étnicas; el fortalecimiento de la etnoeducación y la educación propia; ajustes al Plan de Alimentación Escolar (PAE) étnico según las prácticas alimentarias de cada territorio; medidas de protección para mujeres étnicas víctimas de violencias basadas en género; y una política integral para pueblos indígenas transfronterizos.

En el componente relacionado con control territorial y economías ilícitas, la propuesta plantea fortalecer la protección colectiva de liderazgos y gobiernos propios; prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes mediante programas educativos y culturales; crear corredores humanitarios y de soberanía alimentaria; fortalecer las facultades jurisdiccionales de las autoridades étnicas; y desplegar brigadas de salud en territorios confinados.

Finalmente, en la línea de acción sobre conflictos relacionados con la consulta previa y tensiones con modelos de desarrollo, la Defensoría recomienda fortalecer las garantías de participación y protección territorial de los pueblos étnicos frente a proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura. Entre las medidas propuestas se encuentran protocolos más rigurosos para la consulta previa, mayor supervisión de proyectos REDD+ y mercados de carbono, salvaguardas culturales y espirituales en obras de infraestructura y avances en la delimitación territorial para reducir conflictos e inseguridad jurídica.

En el boletín semestral, la Defensoría del Pueblo reitera que la protección de los derechos de los pueblos étnicos exige respuestas integrales, articuladas y con enfoque diferencial, que reconozcan sus sistemas propios de gobierno, sus territorios y su diversidad cultural. 

La entidad hace un llamado a las instituciones del Estado para avanzar en la implementación de medidas efectivas de prevención, protección y garantía de derechos de los pueblos étnicos, frente a los riesgos derivados del conflicto armado, las economías ilícitas, la exclusión institucional y las tensiones asociadas a modelos de desarrollo que chocan con sus prácticas culturales y ambientales.