El año 2025 quedará marcado en la historia de Colombia como el periodo en que el Catatumbo sufrió su herida más profunda.

Lo que comenzó la mañana del 16 de enero como un estallido de hostilidades entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y rápidamente se transformó en una crisis humanitaria que la Defensoría del Pueblo ha calificado como un evento de “consecuencias sin precedentes por su masividad y corto tiempo de ejecución”.

 

Esta ruptura de la estabilidad regional no fue un hecho aislado, sino el detonante de una confrontación feroz por el control territorial que cambió para siempre la vida cotidiana de miles de personas.

A lo largo de 12 meses de fuego cruzado, la región se convirtió en el epicentro de un drama humano que desbordó cualquier capacidad de respuesta institucional.

La magnitud del daño fue documentado por la Defensoría en el informe Catatumbo: Persistencia de la guerra y anhelos de paz, que fue presentado este viernes en Tibú por la defensora nacional, Iris Marín, y que abarca las acciones de violencia e impactos en la población ocurridos entre ese 16 de enero hasta el pasado 7 de diciembre de 2025.

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