Ante la preocupante vulneración del derecho a la salud en todo el país, la Defensoría del Pueblo ha promovido y participado, en lo corrido del año, en diversas mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, así como con usuarias, usuarios y pacientes. Estos espacios buscan garantizar la atención oportuna de casos prioritarios y críticos, resolver los pendientes en la entrega de medicamentos indispensables y establecer compromisos claros para la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y plenamente disponibles.

La situación es especialmente crítica para las personas afiliadas a la Nueva EPS, entidad que atraviesa una compleja situación financiera. La Defensoría del Pueblo manifiesta su profunda preocupación por el embargo de las cuentas de esta EPS, ya que dicha medida agrava aún más la crisis de hospitales y dispensarios, y afecta de manera directa y grave la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.

Si bien esta problemática impacta a todo el país, la Defensoría del Pueblo llama la atención de manera particular sobre la situación que enfrentan los departamentos de Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia, y Tolima, donde las afectaciones a la prestación de los servicios de salud resultan especialmente alarmantes.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo solicita al Ministerio de Salud mejorar de manera urgente los canales de comunicación y, en especial, abstenerse de emitir declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno Nacional de garantizar los derechos humanos en condiciones de igualdad para todas las personas.

La falta de empatía frente a la angustia de quienes están al frente de la atención en salud y de quienes padecen diariamente el sufrimiento por la falta de servicios y medicamentos resulta inadmisible y preocupante. Garantizar el derecho a la salud no es opcional: es una obligación ineludible del Estado.