Montería, Córdoba, 28 de enero de 2026 (@DefensoriaCol). Como garante de derechos humanos, la Regional Córdoba de la Defensoría del Pueblo acompañó el Puesto de Mando Unificado durante la recuperación del Humedal Berlín, adelantado por las autoridades en el marco de la actuación que se lleva a cabo en cumplimiento de decisiones judiciales.

Durante el desarrollo del procedimiento, se verificó el respeto del debido proceso, la integridad personal, el trato digno y la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes, personas mayores, gestantes y demás población en condición de especial vulnerabilidad.

La Defensoría reconoce que el departamento de Córdoba enfrenta una crisis estructural de acceso a vivienda y a suelo urbano, asociada a factores históricos de violencia, vulnerabilidad socioeconómica y brechas persistentes en la respuesta institucional. Sin embargo, reitera que la garantía del derecho a la vivienda y a condiciones dignas exige soluciones integrales, legales y sostenibles, y que la ocupación de áreas protegidas o de interés ecosistémico incrementa los riesgos para las mismas familias, agrava la conflictividad social y expone a la población a escenarios de mayor precariedad.

Adicionalmente, subraya que los humedales son ecosistemas estratégicos cuya protección resulta indispensable para el interés general y para las generaciones presentes y futuras, y que la búsqueda legítima de vivienda no puede traducirse en la degradación de estos ecosistemas, ni en la afectación de bienes públicos o privados, pues ello profundiza el conflicto y deteriora las condiciones de vida de toda la ciudad.

La Defensoría del Pueblo considera vital que cualquier operación o acción legítima del Estado orientada a recuperar el espacio y restablecer el orden urbanístico se ejecute con estricta observancia de los estándares de derechos humanos, bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y dignidad humana.

Asimismo, esta entidad de derechos humanos considera urgente que el Gobierno nacional trabaje de la mano con las autoridades departamentales y municipales en cuatro frentes clave:

Primero, crear soluciones inmediatas que atiendan la crisis social generada por el desalojo. Esto implica identificar quiénes son las familias afectadas y darles respuestas concretas.

Segundo, asegurar que los apoyos y beneficios se entreguen con transparencia y lleguen a quienes realmente los necesitan, sin que intereses particulares o intermediarios se aprovechen de la vulnerabilidad de la gente.

Tercero, educar a la ciudadanía sobre por qué es importante proteger las zonas ambientales y los peligros que representa construir viviendas en terrenos no aptos.

Y cuarto, intensificar la vigilancia contra quienes engañan a las familias vendiéndoles falsos "lotes" en zonas prohibidas, para evitar que esta situación se repita.