Discurso de Apertura – Conmemoración del 35.° Aniversario de la Constitución Política de Colombia
Magistrada Paola Meneses,
Presidente de la Corte Constitucional

Muy buenos días a todas y todos. Una cordial bienvenida:

Saludo con una mezcla de profunda admiración y afecto a los apreciados exmagistrados que con sus plumas trazaron las primeras líneas jurisprudenciales de nuestra era dorada; a las y los constituyentes que en 1991 tuvieron la osadía de imaginar un país distinto en medio de la tormenta; a mis colegas de las Altas Cortes, exministros de Justicia, academia, juristas y ciudadanía que hoy nos honran con su presencia.

Un agradecimiento especial a la Universidad Externado de Colombia, que en este día abre sus puertas a la Corte Constitucional y a todo un país para conmemorar estos 35 años del Estado constitucional diseñado en 1991. Es un gran honor que esta celebración coincida con el inicio, en esta casa de estudios, del Congreso Mundial de Derecho Constitucional, un escenario inigualable para deliberar sobre nuestros desafíos comunes y el poder del Derecho para sostener sociedades democráticas.

Reunirme hoy con este auditorio tan maravilloso es un ejercicio de rendición de cuentas ante los verdaderos custodios de nuestro pacto fundamental. Frente a ustedes, que conocen el peso de cada coma y la filigrana jurídica que sostiene nuestro Estado Social de Derecho, quiero que reflexionemos, en un lenguaje humano y directo, sobre este viaje de 35 años: el pas o de una Constitución de papel al relato vivo de la dignidad de nuestro pueblo.

El gran escritor Héctor Abad Faciolince anotaba que «el futuro es una página en blanco donde la memoria intenta escribir sus mejores deseos». A finales de la década de los 80, Colombia caminaba en retazos y sin brújula. Asfixiada por una violencia demencial, el estado de naturaleza descrito por Hobbes parecía nuestra cruda realidad: como bien mencionó uno de nuestros exconstituyentes, «la muerte violenta se había convertido en la muerte natural para todos los colombianos». La respuesta más obvia parecía ser la colonización absoluta de la vida a través de la fuerza de la autoridad.

Pero la crudeza de la realidad no pudo detener el eco de la historia. Aquel 11 de marzo de 1990, impulsado por la resiliencia de quienes al unísono reafirmaron haber «nacido pa' semilla», la marcha del silencio y la séptima papeleta, encendió la esperanza de recuperar la llave de una sociedad democrática e incluyente. En una célebre paradoja, durante un estado de sitio, la Corte Suprema de Justicia confió en la ciudadanía al abrir paso al poder constituyente primario, indicando que este «representa una potencia moral y política de última instancia, capaz aun en horas de mayor tiniebla, de fijar el curso histórico del Estado, insurgiendo con toda su esencia y vigor creativos».

Así se gestó una proeza política. Aquella Asamblea Nacional Constituyente fue la más plural jamás conformada. Allí, quienes por la Ley 89 de 1890 debían ser «progresivamente reducidos a la vida civilizada», se sentaron de igual a igual a defender su propia agencia. Líderes indígenas, movimientos guerrilleros desmovilizados, pastores religiosos, estudiantes y partidos tradicionales conversaron para dar a luz un pacto de paz. Fue el momento en el que, como afirmó el joven constituyente Fabio Villa Rodríguez, «surgió ese ventarrón de cambio que aspira a oxigenar nuestro aire enrarecido por el olor a pólvora».

El profesor Diego López Medina explica con acierto cómo la Carta del 91 transformó nuestra cultura jurídica, mutando un formalismo legalista hacia un Derecho en el que los jueces cumplen una función vivificante, en la que los principios valen más que los trámites. Instalada la mesa directiva el 5 de febrero de 1991, la Asamblea actuó como los Buendía cuando llegó a Macondo la peste del insomnio: grabó las palabras esenciales sin las cuales es imposible vivir en comunidad. Dignidad, derechos fundamentales, acción de tutela, Estado Social de Derecho y democracia participativa quedaron inscritas en el alma de la Nación. El 4 de julio de 1991, el pacto fue promulgado con un consenso histórico al interior de la Asamblea.

La Corte como puente entre la constitución en papel y la vida de la gente común
 
Proclamado el texto, los escépticos aseguraron que un catálogo tan ambicioso era un cheque sin fondos en un país en guerra. Y habrían tenido razón si la misma Carta no hubiera diseñado a su guardiana: la Corte Constitucional, y a su herramienta estrella: la acción de tutela. El gran desafío consistía en «volver vivo» el «derecho en el papel», porque, como con total claridad sostuvo Carlos Gaviria Díaz, «con cuánta razón se desmorona la fe en el derecho, cuando se cobra conciencia de que los contenidos de los textos jurídicos poca relación guardan con la vida cotidiana de la persona común».

El constitucionalista italiano Luigi Ferrajoli acuñó el concepto de que los derechos fundamentales son la «esfera de lo indecidible», aquello que ni las mayorías parlamentarias más aplastantes pueden arrebatarle a un solo ser humano. El papel de esta Corte ha sido blindar esa esfera, transformando las providencias en un terreno fértil para, parafraseando a María Mercedes Carranza, vivir en un país algo más pacífico y hermoso.

Nuestra historia constitucional no se ha construido de manera aislada. Al contrario, ha sido como una obra colectiva que ha aprendido a escuchar y hablar en la diversidad de sus lenguas. Hoy honramos que este texto se haya adaptado a las lenguas inga, namtrik, ikun, kamëntsá, kubeo, wayuunaiki y nasa yuwe. Estas adaptaciones demuestran que la Constitución es de todas y todos; es el «libro del árbol de alimento para la vida» en kubeo, o «la raíz de los argumentos elaborados» en ikun.

Permítanme dirigir el foco a las historias de vida de aquellos ciudadanos y ciudadanas comunes que confiaron en la justicia constitucional y quebraron la ceguera de la exclusión:

•    «La letra con sangre... no entra»: En 1992, mediante la Sentencia T-429, la Corte revisó el caso de un niño de 8 años cuya profesora le tapó la boca con esparadrapo frente a sus compañeros. El tribunal fue contundente: el derecho a la educación es fundamental y los castigos físicos o morales, por más arraigados que estén, no se compadecen con el respeto a los derechos humanos. La enseñanza pasó a ser, definitivamente, un territorio de derechos.

•    «Un plan de vacunación contra las injusticias»: En 1998, 418 padres y madres vulnerables solicitaron la vacuna gratuita contra la meningitis bacteriana para sus hijos. La Corte ordenó la movilización del Estado
 
recordando que «la marginación y la discriminación se enuncian en la Constitución, no con el objeto de normalizar un fenómeno social, sino de repudiarlo». Bajo este marco, las injusticias se transforman en derechos.

•    «Un rostro cubierto para descubrir la discriminación»: También en 1998, una docente lesbiana acudió a una audiencia pública con el rostro cubierto por temor a ser sancionada bajo una norma que declaraba el homosexualismo como mala conducta docente. La Sentencia C-481 de 1998 expulsó esa norma del ordenamiento, declarando que la orientación sexual es un elemento íntimo y protegido por el libre desarrollo de la personalidad. Las máscaras del miedo cayeron ante la claridad de la justicia.

•    «El derecho a elegir sobre el curso de la existencia»: Las historias de Julia, Janner, Reinaldo, Sofía, Francisco y María Liria —seres humanos enfrentados a intensos sufrimientos físicos y psíquicos— se unieron en la Sentencia C-233 de 2021. La Corte evaluó las barreras institucionales y reiteró que el derecho a morir dignamente no exige demostrar una enfermedad terminal, sino un sufrimiento profundo e incurable. Una línea divisoria trazada desde la autonomía que separa la comisión de un delito del ejercicio pleno de la dignidad.

Como se reconoce en varios escenarios, existe un «constitucionalismo transformador» en el Sur Global, que no se limita a conservar el orden de las cosas, sino, como describe el profesor Daniel Bonilla Maldonado, se compromete con la justicia material y, por lo tanto, aspira a redistribuir la dignidad. Esas voces demuestran que el Estado constitucional es capaz de escuchar, actuar y hacer renacer la esperanza donde la violencia pretendía amordazar las libertades.

Un mensaje contundente para la memoria del país

Queridos colegas, amigas y amigos, tras tres décadas y media de vigencia, es el momento de plantear un balance sin rodeos. Por eso, quiero dejar grabado en la memoria de este auditorio y en la conciencia colectiva de la nación un mensaje definitivo:

El reconocimiento, desarrollo y exigibilidad judicial de los derechos fundamentales a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional no es un apéndice de la historia nacional; es el proceso civilizatorio y el logro democrático más significativo del constitucionalismo colombiano contemporáneo. La acción de tutela y las sentencias de este tribunal salvaron el tejido social de una nación que corría el riesgo de desbaratarse en la indiferencia. Sin la Constitución no es posible la democracia, y sin democracia, la dignidad es inalcanzable.

En un mundo donde el escepticismo avanza, Colombia debe pararse con orgullo y recordar que los derechos fundamentales, incluidos los sociales, no son lujos del desarrollo, sino las condiciones materiales mínimas para que la democracia sea una realidad y no una farsa estadística. El Estado no está para imponerle virtudes a las y los ciudadanos, sino para garantizarles el espacio de libertad donde cada quien pueda diseñar su propio plan de vida.

Un llamado urgente: Proteger la piedra angular de la República

Sin la menor duda, nuestra democracia ha sido sometida a pruebas de fuego desde 1991. No obstante, la Constitución y sus instituciones han preservado sus valores esenciales. El riguroso control constitucional a los poderes de excepción conferidos al Ejecutivo ante las crisis, el examen estricto a los intentos de reforma que pretenden desconocer los ejes definitorios de la Carta, y la salvaguarda inquebrantable de la separación de poderes han sido nuestras tareas principales para mantener el rumbo dentro de los cauces de la convivencia pacífica. El texto ha palpitado a favor del progreso; prueba de ello son las 64 reformas constitucionales aprobadas y tramitadas bajo los canales democráticos determinados.

Sin embargo, el éxito no nos puede conducir a la complacencia. Debemos observar con profunda reflexión autocrítica los datos de la realidad contemporánea. A inicios del año 2025, la corporación Latinobarómetro publicó su informe «La democracia resiliente» con datos alarmantes para nuestro país: ante la pregunta sobre si la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, el índice de acuerdo en Colombia fue de tan solo el 48%. Peor aún, nos ubicamos en el sexto lugar de mayor debilidad en la satisfacción con la democracia en la región, alcanzando apenas un 20% de aprobación, una distancia abismal de 43 puntos respecto a naciones como Uruguay.

Frente a este panorama, nuestro compromiso con el pacto fundamental debe ser hoy más decidido que nunca. El camino no ha sido fácil y la deuda sobre las promesas constitucionales aún persiste. Nuestros avances dependerán de nuestra mutua capacidad de tolerar. Como bien decía Voltaire, «la tolerancia no ha provocado nunca ninguna guerra civil; la intolerancia ha cubierto la tierra de matanza».

Ante este auditorio, que reúne a la comunidad jurídica y a la ciudadanía, hago un llamado vehemente: debemos proteger y cuidar la Constitución de 1991 como la piedra angular e insustituible de la democracia colombiana.

Cuidar la Constitución no significa petrificarla. Como decía el juez estadounidense Oliver Wendell Holmes, «la Constitución es un organismo vivo que debe adaptarse a las necesidades de una sociedad que cambia». Pero una cosa es adecuar el texto para profundizar la igualdad y otra muy distinta es agredir sus elementos esenciales o desmantelar el sistema de frenos y contrapesos que nos ha salvado del autoritarismo.

La independencia judicial es el pilar de este edificio. Si los jueces perdemos la autonomía para fallar y nos sometemos al vaivén de las pasiones políticas o a las presiones de los poderes de turno, la Constitución se convierte en un pergamino inútil. Defender a la Corte no es defender a las personas que circunstancialmente ocupamos estas magistraturas; es defender el derecho del ciudadano de a pie a encontrar un límite infranqueable frente a los abusos del poder. Todos los servidores públicos estamos vinculados a la más alta responsabilidad de un actuar ético subordinado a los mandatos de la Carta Política.

El pacto que nos mantiene a salvo de nosotros mismos

Para concluir, regresemos la mirada a la literatura que nos identifica. En Cien años de soledad, Gabriel García Márquez nos advertía sobre la peste del olvido, esa enfermedad que hacía que los habitantes de Macondo olvidaran la utilidad de las cosas, obligándolos a marcar los objetos con letreros para recordar su significado.

Nuestra Constitución de 1991 es el gran letrero contra el olvido que los colombianos escribimos en un momento de lucidez colectiva. Es el documento que nos recuerda todos los días: «Esta es la dignidad, este es el pluralismo, este es el límite del poder, todos somos iguales ante la ley». Aquella llave que recuperamos en el proceso constituyente está hoy al alcance de nuestras manos; no podemos permitir que la amnesia política nos haga olvidar para qué sirve este pacto fundamental.

Falta mucho por hacer. Mientras persistan las deudas históricas en las regiones y las libertades de los más vulnerables sigan amenazadas, la promesa estará incompleta. Pero el camino para cerrar esas brechas nunca será destruir la brújula; el camino es seguir sus coordenadas con mayor rigor y honestidad.

Tengan la absoluta certeza de que la Corte Constitucional continuará cumpliendo su misión con firmeza, garantizando las condiciones para las transformaciones que exige la democracia y blindando los derechos fundamentales. A quienes integraron la Asamblea constituyente aquí presentes, gracias por su audacia histórica. A las y los exmagistrados, gracias por haberle dado garras jurídicas a esa audacia. Si recordamos y reconocemos que el pilar de la república es la Constitución, no será una ilusión la consolidación de una nación donde florezca perennemente la dignidad.

Muchas gracias, y bienvenidos a esta conmemoración.