Llamado urgente para la protección de las comunidades arhuacas y la garantía de atención humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta

Llamado urgente para la protección de las comunidades arhuacas y la garantía de atención humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta

  • Vie, 20 mar 2026

La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las entidades competentes del orden nacional

Bogotá, 20 de marzo de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las entidades competentes del orden nacional, incluyendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Unidad para las Víctimas, para que adopten, de manera inmediata, coordinada y efectiva, las medidas necesarias que garanticen la entrega oportuna de la ayuda humanitaria a las comunidades arhuacas de Serankwa y Dwanawimaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, que permanecen en confinamiento desde el pasado 6 de marzo, en medio de una situación humanitaria persistente y grave.

La entidad ha acompañado de manera permanente a las comunidades en el territorio y ha participado activamente en consejos de seguridad, comités de justicia transicional y otros espacios de coordinación, con el propósito de impulsar respuestas institucionales frente a la situación que enfrentan más de 465 familias (2.581 personas) confinadas en medio de enfrentamientos armados.

En el marco de su mandato constitucional, la Defensoría ha desarrollado labores continuas de acompañamiento, monitoreo y seguimiento, entre las que se destacan:

• Participación activa en consejos de seguridad y comités de justicia transicional, formulando recomendaciones orientadas a la protección de las comunidades.
• Acompañamiento a las autoridades tradicionales arhuacas en la misión humanitaria promovida por el Cabildo Gobernador Arhuaco, en coordinación con la Gobernación del Magdalena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, zona rural de Aracataca (Magdalena), con el fin de monitorear la situación de derechos humanos y apoyar la entrega de 130 kits humanitarios.
• Avance en la toma de declaraciones por confinamiento de habitantes de la vereda Palestina, lo que permitió subsanar su no inclusión inicial en el censo y garantizar su incorporación en el registro de atención humanitaria.
• Incidencia ante las entidades responsables para asegurar la garantía de los derechos de las comunidades arhuacas en situación de confinamiento.

Pese a estos esfuerzos, la entrega de la ayuda humanitaria continúa siendo insuficiente. De las cerca de 48 toneladas programadas, solo una parte mínima ha sido efectivamente distribuida: 8,55 toneladas fueron entregadas en Gunmaku por vía terrestre, mientras que 15 toneladas permanecen en la base militar de Tucurinca a la espera de transporte helicoportado y 24 toneladas continúan almacenadas en la casa del adulto mayor de Aracataca, sin una programación definida para su traslado. Esta situación agrava las condiciones de confinamiento y prolonga la vulneración de derechos de las comunidades.

La actual situación humanitaria es consecuencia directa de los enfrentamientos derivados de la disputa territorial entre el autodenominado Clan del Golfo (autodenomidados EGC) y los autodenominados Conquistadores de la Sierra Nevada (ASCN), lo cual ha generado graves afectaciones a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, en particular a la vida, la integridad personal, la seguridad alimentaria, la salud y la libre movilidad.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a estos grupos armados a cumplir estrictamente las normas del derecho internacional humanitario (DIH), en especial los principios de distinción y precaución, absteniéndose de afectar a la población civil, de utilizarla como escudo y de exponerla a los efectos de las hostilidades.

De igual manera, señala la necesidad de fortalecer la presencia institucional en el territorio e implementar de manera inmediata, integral y efectiva las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas 013 y 020 de 2025 y sus respectivos planes de acción, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo mantiene su disposición de acompañar de manera permanente a estas comunidades indígenas y subraya la urgencia de que todos los actores prioricen la protección de la población civil y el respeto por sus derechos en el desarrollo del conflicto armado.