La Defensoría del Pueblo avanza en la implementación de la estrategia Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA), un espacio de interlocución directa con las EPS para identificar fallas, hacer seguimiento a casos y proteger a las personas usuarias del sistema de salud.

Hasta marzo de 2026, la entidad ha adelantado tres mesas de trabajo con las EPS Famisanar, Nueva EPS y Comfenalco Valle, como parte de un proceso que contempla 11 EPS priorizadas. La selección se realizó mediante un análisis técnico que evaluó variables como quejas, reclamos, tutelas y condiciones de vulnerabilidad de la población afiliada.

Estas mesas permiten focalizar el trabajo por EPS, facilitar la toma de decisiones y hacer seguimiento a situaciones que afectan a las personas usuarias. Entre los temas abordados se destacan las PQRS sin resolver y los procesos de reembolso a quienes han debido asumir gastos por falta de acceso a servicios o medicamentos. La Defensoría también ha solicitado a las EPS reforzar la divulgación del derecho que tiene la ciudadanía a solicitar dichos reembolsos.

La estrategia también identificó dificultades que comprometen el funcionamiento del sistema, como embargos a cuentas de algunas EPS, situación que puede afectar el flujo de recursos y, con ello, el pago oportuno a prestadores y trabajadoras y trabajadores de la salud.

Acceso a medicamentos: una alerta que persiste
Los espacios de trabajo han permitido visibilizar problemáticas territoriales identificadas por las regionales de la Defensoría. Entre las afectaciones más recurrentes se encuentran las relacionadas con el acceso a medicamentos: según reportes de EPS y gestores farmacéuticos, algunos laboratorios han impuesto restricciones en la venta, limitando las cantidades disponibles para abastecer adecuadamente a los pacientes.

Esta situación ya había sido advertida por la entidad en su informe sobre disponibilidad de medicamentos, presentado el 5 de noviembre de 2025, en el que alertó sobre dinámicas del mercado farmacéutico que pueden comprometer la entrega oportuna de tratamientos.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo convocó a los actores del sistema a construir un Pacto por la Soberanía Sanitaria, con el propósito de fortalecer las responsabilidades compartidas en la garantía efectiva del derecho a la salud.