En un trabajo de mediación que duró tres días, la Defensoría del Pueblo logró que una minga conformada por integrantes de dos pueblos indígenas, desalojaran las instalaciones de la Alcaldía del municipio del Bajo Baudó, en el departamento del Chocó.

Las personas manifestantes, amparadas en los instrumentos jurídicos que protegen y reconocen sus derechos fundamentales como comunidades étnicas, hacían una serie de peticiones, como la ejecución inmediata de los recursos del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas y la pronta implementación de programas sociales que, como ellas argumentan, les corresponde por ley.

Una de las quejas recurrentes radicó en la falta de ejecución presupuestal en sus territorios. Durante la mesa de diálogo sostuvieron que les están vulnerando sistemáticamente sus derechos a la vida, educación y pervivencia física y cultural. Sustentado en ello, presentaron una agenda de peticiones que, a su juicio, debe ser de obligatorio cumplimiento por la administración municipal del Bajo Baudó.

Algunas de las solicitudes son la instalación inmediata de una mesa administrativa intercultural para la ejecución de los recursos, administración transparente de los recursos indígenas, ejecución inmediata de programas vitales para sus comunidades, partiendo de un plan de choque, entre otras.

En materia de educación, por ejemplo, solicitaron mejor calidad en la enseñanza, transporte escolar y mejoramiento de la infraestructura educativa. En salud, dados los casos que han venido denunciando, llaman la atención para que sea implementado un programa de prevención de suicidios, particularmente porque han reportado situaciones de personas de sus resguardos que han decidido quitarse la vida a causa, presuntamente, de problemas relacionados con el conflicto armado.

Este llamado es hecho por autoridades tradicionales, cabildos y comunidades de los pueblos Wounaan y Emberá, como Santa Rosa, Nueva Playa Bonita, Playa Linda, Puerto Piña, Bellavista, Puerto Chinchillano, Ismare, Quiparado de Ordo, Guachal, Unión Pitalito, Playa Bonita, Puerto Galve y Bajo Grande.

El documento que contiene la agenda de peticiones es de conocimiento, además de la Defensoría, de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación.

La entidad, como es su compromiso misional con la protección de los derechos de la población indígena que habita en el Chocó y demás departamentos del país, le hará seguimiento a la respuesta que pueda dar la Alcaldía del Bajo Baudó.