El fallo judicial protege el derecho a la salud y la alimentación digna de la población privada de la libertad, tras evidenciarse graves riesgos sanitarios en el área de preparación de alimentos.

Pereira, Risaralda, 18 de febrero de 2026 (@DefensoriaCol). El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal emitió un fallo de tutela que ordena la intervención inmediata de la infraestructura del área de cocina conocida como ("Rancho") del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad (EPMSC) de este municipio. La decisión judicial es el resultado de una acción colectiva interpuesta de oficio por la Defensoría del Pueblo en Risaralda, tras constatar condiciones que vulneraban la dignidad humana y ponían en riesgo la salud pública de las personas privadas de la libertad (PPL).

Hallazgos que motivaron la tutela

La inspección técnica, realizada por la Defensoría el pasado 5 de noviembre en cumplimiento de la Sentencia SU-122 de 2022, reveló un panorama crítico en el área de preparación de alimentos. Los hallazgos documentan un riesgo sanitario inminente debido a pisos agrietados que acumulan residuos y mesones desgastados que facilitan la contaminación cruzada. A este deterioro estructural se suman fallas técnicas graves, como la falta de extractores industriales, ventilación deficiente y redes de desagüe defectuosas, condiciones que, junto a una iluminación precaria, configuran una amenaza directa de intoxicaciones, infecciones y brotes epidemiológicos dentro del penal, así como un escenario propenso a incendios y emergencias sanitarias para la población carcelaria.

Un respaldo al Estado de Cosas Inconstitucional

La Defensoría basó su argumentación en la persistencia del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), declarado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015, concepto jurídico que reconoce que las fallas en el sistema penitenciario colombiano —como el hacinamiento y la insalubridad— son estructurales y requieren acciones contundentes de las autoridades.

Pruebas y soporte institucional

El fallo judicial (radicado 666823104001-2026-00037-00) tomó como sustento técnico no solo los informes de la Defensoría, sino también hallazgos previos de la Secretaría de Salud Departamental, la Personería Municipal y la Contraloría General de la Nación.

Con esta orden, las autoridades penitenciarias y los entes responsables deberán ejecutar un plan de mejoras que garantice condiciones óptimas de higiene, ventilación y seguridad, con el finde asegurar que el derecho a la dignidad humana prevalezca sobre las deficiencias administrativas del sistema.