La Defensoría del Pueblo valora el trabajo de la Sala Especial de Seguimiento, de la Corte Constitucional, a la Sentencia T-025 de 2004. Su trabajo en la búsqueda de la satisfacción de los derechos de la población desplazada es clave para exigirles a los gobiernos y autoridades que tomen decisiones y pongan en marcha acciones cuya finalidad sea proteger a las víctimas de desplazamiento forzado.

Bogotá, 26 de enero de 2024 (@DefensoriaCol). El 22 de enero del 2004 fue expedida la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, que declara el estado de cosas inconstitucional (ECI) frente a la protección de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado. Sin embargo, han sido pocos los avances en la protección real de los derechos de esa población.

La Defensoría del Pueblo valora el trabajo de la Sala Especial de Seguimiento del alto tribunal a la Sentencia. Su trabajo en búsqueda de la satisfacción de los derechos de la población desplazada es muy importante para llamar la atención y exigirles a los gobiernos y autoridades que tomen decisiones de fondo e inicien acciones para proteger a las víctimas de desplazamiento forzado en el país.

El pasado lunes, la Corte convocó a todos los organismos del sistema de atención a desplazados a un acto público de conmemoración de los 20 años de la Sentencia, espacio que fue aprovechado para continuar con la valoración de la superación del ECI, la cual inició hace un año. En ese lapso, fueron realizadas dos sesiones técnicas sobre el goce efectivo de los derechos de subsistencia mínima, retornos y reubicaciones, educación, vivienda y generación de ingresos.

En las sesiones la Defensoría, desde su rol como Ministerio Público, aportó información sobre el seguimiento que realiza desde varias áreas misionales, y además hizo recomendaciones y propuestas para la superación del ECI y el mejor desempeño de las políticas públicas planteadas.

Desde el 22 de enero del 2004, cuando fue emitida la Sentencia, se busca acabar con los problemas que causan la desatención y deficiencia en la actuación institucional para las víctimas, como la falta de articulación de las entidades encargadas de garantizar los derechos de la población desplazada, así como la enorme brecha presupuestal, para lograr la superación del estado de cosas inconstitucional. Además, hay que tener en cuenta la persistencia del conflicto armado y la violencia sociopolítica en diversas regiones del país.

Hace 20 años se identificaron 1150 familias en situación de desplazamiento forzado, razón por la que la Corte Constitucional solicitó la intervención de diferentes entidades del Estado para que atendieran sus principales problemáticas y emitió la Sentencia. Para el 2023, la Defensoría del Pueblo reportó que 54.665 personas, integrantes de 21.156 familias, fueron víctimas de desplazamiento forzado en 154 eventos ocurridos en 17 departamentos.

Es decir, un aumento que supera las más de 20.000 familias, lo que se constituye como un daño inconmensurable a las generaciones, a la sociedad y a la historia de Colombia. Porque se trata de padres, madres, abuelos, o los niños(as) del pasado que debieron salir adelante sin las mismas oportunidades, al contrario, con las brechas que trae el desplazamiento forzado.

Ello es lo que debe ser frenado, es el mensaje central de la Defensoría del Pueblo, para que los niños(as) de ahora víctimas de ese flagelo tengan una mejor vida, y como segundo mensaje esencial: llegue el día en que ninguna familia tenga que abandonar sus hogares por culpa de los violentos.