• En 2024 se presentaron más de 265.000 recursos de este tipo, y en 2025 la cifra subió a cerca de 312.500. Además, hoy el 34 % de estas acciones en Colombia buscan proteger este derecho, lo que muestra que aún existen barreras estructurales.
• Las personas siguen acudiendo a la justicia como única vía para acceder a servicios, medicamentos y tratamientos.
• Es por ello que, como llamado de la Defensoría del Pueblo, se hace necesaria una reforma estructural al sistema.

Bogotá, 23 de abril de 2026 (@DefensoriaCol). La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FILBo) fue el escenario en el que la Defensoría del Pueblo presentó un diagnóstico sobre el panorama de las tutelas que piden la protección de la salud en el país. Lo hizo en el espacio ‘A medio tratar: conversaciones urgentes sobre el derecho a la salud’, el cual lideró.

“Queremos aportar una mirada técnica, rigurosa y propositiva para resolver las problemáticas que afectan a la población. Hemos advertido la urgencia de garantizar el acceso a medicamentos y citas, especialmente en zonas rurales, y de avanzar en una reforma a la salud que preserve los logros del sistema, pero que enfrente sus desafíos con una transición responsable. En este contexto, la tutela sigue siendo una herramienta fundamental para proteger el derecho a la salud”, expresó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

En el territorio nacional, las tutelas en la materia pasaron de más de 265.000 en 2024 a alrededor de 312.500 en 2025, lo que se traduce en un aumento cercano a 47.500 casos (17,92 %) y confirma la persistencia de barreras estructurales en el acceso efectivo a este derecho fundamental. Actualmente, las tutelas en salud equivalen al 34 % del total de estas acciones jurídicas, consolidándose como una de las principales causas de judicialización en Colombia.

Con base en información de la Corte Constitucional, estas cifras evidencian que, para miles de personas en Colombia, la acción de tutela continúa siendo el principal —y en muchos casos el único— mecanismo para acceder de manera oportuna a servicios y medicamentos en salud, principalmente.

“La salud no puede seguir dependiendo de la judicialización. Un sistema que obliga a la ciudadanía a acudir masivamente a la tutela evidencia fallas en su capacidad de respuesta, en la garantía de la oportunidad y en la continuidad de la atención. La alta tasa de concesión de estas acciones, cercana al 74,3 %, demuestra que en la mayoría de los casos existe una vulneración real de derechos”, manifestó la Defensora Iris Marín Ortiz.

Asimismo, hizo un llamado a darle una mirada de rigor a las profundas desigualdades territoriales y sociales que revelan este fenómeno. Y es que, mientras en algunas regiones se concentra un alto número de tutelas, en los territorios con mayores niveles de pobreza la baja judicialización no refleja una mejor situación, sino mayores barreras para acceder a servicios en salud y a la justicia.

 

Diagnósticos y mayor carga en enfermedades complejas

Las enfermedades del sistema circulatorio lideran las tutelas (12,2 %), les siguen las afecciones osteomusculares, neurológicas y endocrinas. La hipertensión es el diagnóstico más frecuente. También se evidencia una presencia relevante de trastornos mentales como ansiedad, autismo y depresión.

Las enfermedades de mayor complejidad —como cáncer, patologías neurológicas graves y epilepsia severa— están sobrerrepresentadas en las tutelas. Además, el costo de estos casos es, en promedio, 20 % superior al de la atención general, lo cual refleja mayores barreras de acceso para condiciones de alta complejidad.

Pobreza y acceso desigual a la justicia

El informe evidencia una relación inversa entre pobreza y judicialización. Departamentos con altos niveles de pobreza, como Vichada, La Guajira y Chocó, registran las tasas más bajas de tutelas. En contraste, regiones con menor pobreza dan cuenta de tasas significativamente más altas.

Este comportamiento sugiere que las poblaciones más vulnerables enfrentan una doble exclusión: dificultades para acceder tanto a los servicios de salud como a la justicia. La baja judicialización en estos territorios no refleja mejores condiciones, sino mayores barreras estructurales.

Sujetos de especial protección: mayor vulnerabilidad

El 39,57 % de las tutelas en salud corresponde a sujetos de especial protección constitucional. Entre ellos están personas con discapacidad (15,37 %), adultos mayores (24,65 %) y personas con enfermedades graves (35,30 %).

Las personas privadas de la libertad tienen las tasas más altas de judicialización, evidenciando graves fallas en la atención en el sistema penitenciario. La Defensoría advierte que la alta recurrencia de tutelas en estos grupos refleja brechas estructurales y la falta de aplicación efectiva de un enfoque diferencial en la garantía del derecho a la salud.

Participantes y su llamado

En el panel participaron el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit, Esteban Hoyos; la médica, magíster en Salud Pública y PhD María Belén Mena, profesora de la cátedra en Farmacología de la Universidad Central del Ecuador; la investigadora de la Fundación Huellas de Arte, María Camila Agudelo, y la abogada con especializaciones en el ámbito civil y maestrías en derecho constitucional y en derechos humanos, Mónica Cruz.

Todas y todos coincidieron en la necesidad de avanzar en soluciones eficaces para proteger el derecho a la salud, reconociendo que, además de garantizar el acceso oportuno a medicamentos y citas médicas, su goce efectivo va más allá: apostar por un sistema más equitativo que permita cuidar de la salud y la vida.

Conclusiones y recomendaciones para una reforma urgente

La acción de tutela se ha consolidado como la principal vía de acceso al derecho a la salud, dejando de ser un mecanismo excepcional. Lo que está ocurriendo evidencia fallas estructurales del sistema, asociadas a problemas de financiamiento, gestión, acceso y profundas desigualdades territoriales.

Estos hallazgos, en consonancia con el documento de ‘Decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el nuevo gobierno’ (Decisiones Impostergables), exigen una reforma estructural al sistema de salud para que sea garantizado el acceso efectivo, reducida la judicialización y respondidas de manera oportuna las necesidades de la población.