A tres meses del terremoto, persisten barreras para garantizar los derechos de las comunidades afectadas

• Más de 776.000 personas resultaron afectadas y más de 123.000 viviendas quedaron inhabitables o destruidas. La Defensoría del Pueblo identificó dificultades en el acceso a subsidios de arrendamiento, atención en salud, educación y ayudas humanitarias, que retrasan la recuperación de las comunidades.
• El Plan de Acción Específico para la recuperación presenta una brecha de financiación de $50,08 billones. La entidad hace un llamado a garantizar los recursos necesarios, superar las barreras en el registro de damnificados y avanzar en soluciones sostenibles que permitan restablecer los derechos y los medios de vida de las familias afectadas.

Bogotá, 10 de noviembre de 2026 (@DefensoriaCol). A tres meses del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, la Defensoría del Pueblo advierte que persisten dificultades en la atención y recuperación de las comunidades afectadas, especialmente en materia de vivienda, acceso a servicios esenciales, protección de derechos y financiación de las medidas de respuesta.

De acuerdo con información del Registro Único de Damnificados (RUD), con corte al 3 de noviembre, se reportan 363.791 familias y 776.119 personas afectadas. Un total de 104.049 viviendas se encuentran inhabitables, 19.149 fueron destruidas y 119.748 presentan daños. Por su parte, el reporte situacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 27 de octubre, registra 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas.

Adicionalmente, se identifican afectaciones en 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios, así como daños en cientos de vías, acueductos y puentes.

Dificultades en vivienda y albergues

Uno de los principales obstáculos identificados se encuentra en el acceso al Registro Único de Damnificados, pues no existe una ruta general para incorporar nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños posteriores a la fecha de cierre. Esta situación puede impedir que familias afectadas accedan a las ayudas, pues el registro es un requisito para recibirlas.
 
También se verifican inconsistencias en la clasificación de habitabilidad de las viviendas y dificultades para reclamar los apoyos económicos. En Risaralda se reportan más de 70.000 inconsistencias, mientras que, con corte al 7 de octubre,
3.098 familias de Pereira aún no habían cobrado el beneficio.

El subsidio de arrendamiento, establecido en $1.050.000 mensuales durante tres meses, resulta insuficiente frente a los tiempos estimados de reconstrucción, que pueden extenderse entre 12 y 18 meses. A esto se suma la escasez de viviendas disponibles, que ha llevado a algunas familias a regresar a lugares que no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad.

En cuanto a los alojamientos temporales, el seguimiento identificó 15 espacios activos en Buenaventura, Quindío y Risaralda, donde permanecían 457 personas. La Defensoría alertó sobre la falta de protocolos claros para el cierre de albergues y de alternativas habitacionales para quienes deben salir de ellos, así como sobre deficiencias de infraestructura y condiciones de seguridad en algunos espacios.

Salud y educación

Si bien las autoridades sanitarias habilitaron sedes transitorias y anunciaron planes de reconstrucción para la red hospitalaria afectada, las verificaciones en terreno evidencian la reducción de la capacidad de atención y demoras en las consultas especializadas, la entrega de medicamentos y las autorizaciones.

En Quindío, el Hospital La Misericordia de Calarcá continuaba funcionando con daños en sus muros y rutas de evacuación, y con una reducción cercana al 50 % en su capacidad de personal e infraestructura. En Risaralda se reportaron demoras en autorizaciones, citas y medicamentos, mientras que el Hospital Universitario San Jorge suspendió servicios a afiliados de Nueva EPS.

En el sector educativo, aunque el Ministerio de Educación anunció la recuperación del servicio para la totalidad de los estudiantes afectados, no todos los estudiantes han regresado a clases presenciales ni cuentan con instalaciones seguras. En el Valle del Cauca, al 15 de octubre, 69.106 de los 121.175 estudiantes afectados continuaban en modalidades no presenciales.

En Calarcá, la institución educativa San Bernardo cuenta con más de 1.000 estudiantes en 81 carpas, con dificultades de acceso a energía, baños y sistemas
 
adecuados de drenaje. También se evidenciaron retrasos en la asignación de recursos para intervenir sedes y problemas en la prestación del Programa de Alimentación Escolar, relacionados con alimentos en mal estado, entregas incompletas y retrasos.

Protección diferencial y recuperación económica

El seguimiento evidencia riesgos particulares para mujeres, niñas, niños y adolescentes, entre ellos dificultades para activar oportunamente las rutas de atención frente a las violencias basadas en género y para garantizar entornos seguros después de la salida de los albergues.

Asimismo, se mantienen barreras para que comunidades étnicas sean reconocidas en los registros y accedan a las ayudas.

En materia económica, se observan vacíos en las medidas para recuperar los medios de vida. La población campesina, los trabajadores informales y los pequeños emprendimientos necesitan apoyos que permitan restablecer sus actividades productivas y evitar que la emergencia profundice las condiciones de vulnerabilidad.

Brecha de financiación de $50,08 billones en el proceso de recuperación

El costo estimado del proceso asciende a $58,29 billones, pero solamente $8,21 billones corresponden a recursos inicialmente identificados, mientras que $50,08 billones permanecen como brecha por financiar. En consecuencia, el Plan de Acción Específico (PAE) no cuenta todavía con financiación asegurada para la totalidad de las intervenciones previstas.

La Defensoría advierte que los recursos identificados incluyen anuncios de entidades públicas, cooperantes y empresas, sin que exista una clasificación suficiente sobre su estado de disponibilidad, apropiación o ejecución. Además, el PAE reconoce que su inclusión en el documento no equivale a una asignación presupuestal.

Asimismo, la única fuente con monto y cronograma ciertos corresponde a una adición al Presupuesto General de la Nación por $624.656 millones, proveniente de un crédito contingente con el Banco Mundial.

En relación con el Fondo Milagro, creado para centralizar y administrar recursos destinados a la asistencia humanitaria, reconstrucción y reactivación económica, se perciben dificultades de articulación con el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y con las instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En particular, se considera necesario fortalecer la participación de la UNGRD en las decisiones de priorización de las intervenciones.

Principales recomendaciones

A partir de los hallazgos, la Defensoría del Pueblo insiste en que el proceso de recuperación debe superar la atención inmediata y avanzar hacia soluciones sostenibles que garanticen el restablecimiento de los derechos de las personas y comunidades afectadas.
Por ende, entre sus principales recomendaciones se encuentran:

• Establecer una ruta de actualización, corrección e inclusión extraordinaria en el Registro Único de Damnificados, que permita atender los casos de subregistro, las inconsistencias en la clasificación de las viviendas y los daños ocasionados por las réplicas.
• Garantizar la entrega oportuna de los subsidios de arrendamiento y apoyos económicos, acordes con los costos reales de alojamiento y los tiempos de reconstrucción.
• Asegurar que el cierre de los alojamientos temporales esté condicionado a la existencia de alternativas habitacionales dignas y seguras para las familias.
• Priorizar la recuperación de las instituciones educativas y centros de desarrollo infantil, con diagnósticos técnicos, financiación y cronogramas de intervención, garantizando la continuidad de la educación y la alimentación escolar.
• Fortalecer la capacidad de la red hospitalaria, garantizar la continuidad de los tratamientos y ampliar la atención psicosocial en las zonas con mayores afectaciones.
• Incorporar enfoques diferenciales y territoriales en la caracterización, asignación de ayudas y formulación de soluciones, con especial atención a Pueblos Étnicos, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.
•  Asegurar la financiación del Plan de Acción Específico, con fuentes identificadas, recursos disponibles, responsables y cronogramas verificables.
• Fortalecer la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales y garantizar que la recuperación de infraestructura esté acompañada del restablecimiento de los medios de vida y las capacidades comunitarias.
• La emergencia evidenció la necesidad de incorporar de manera temprana un enfoque de movilidad humana y de doble afectación en los procesos de evaluación de daños, caracterización y respuesta humanitaria, con el fin de identificar oportunamente a las personas y comunidades que, además de verse afectadas por el desastre, enfrentan situaciones de desplazamiento forzado, confinamiento y/o migración.
• Reconocer a las víctimas del conflicto y a la población firmante del Acuerdo de Paz y a las personas en proceso de reincorporación como grupo de atención diferencial, tanto en los principios de focalización y de soluciones diferenciadas como en el apartado de enfoque diferencial.
• Asegurar la continuidad educativa hasta el retorno seguro.
• segurar la continuidad de la atención a las personas mayores. Se recomienda a la UNGRD y a las autoridades territoriales de salud y protección social acordar una ruta desde el alojamiento temporal hasta la recuperación.
• La principal lección que deja el desastre por el terremoto debe ser adoptar la gestión del riesgo de desastres como estrategia de desarrollo sostenible, basada en la protección de derechos y con enfoques preventivo, diferencial y territorial.