Comisión de Evaluación de la Justicia presenta informe sobre actuaciones judiciales relacionadas con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

• La Comisión examinó actuaciones judiciales relacionadas con 71 hechos ocurridos entre 1977 y 2020 y adoptó 15 conclusiones sobre la respuesta de la administración de justicia.
• El informe identifica dificultades en las investigaciones, obstáculos para el acceso a la justicia y patrones de estigmatización contra integrantes de la Comunidad de Paz.

Bogotá, 13 de noviembre de 2026 (@DefensoriaCol). La Comisión de Evaluación de la Justicia (CEJ), presidida por la Defensoría del Pueblo, presentó el informe que recoge los resultados de su evaluación sobre las actuaciones de la administración de justicia en casos relacionados con esta comunidad del Urabá antioqueño, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Solución Amistosa suscrito entre el Estado colombiano y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

El informe es resultado de un proceso que tiene antecedentes en las solicitudes de la Comunidad de Paz para que se examinaran las investigaciones relacionadas con los hechos de violencia denunciados durante décadas. Estas solicitudes fueron abordadas por distintas instancias nacionales e internacionales, entre ellas la Corte Constitucional, que, mediante el Auto 164 de 2012, de seguimiento de la Sentencia T-1025 de 2007, ordenó conformar una comisión para evaluar las actuaciones judiciales y los obstáculos que habían dificultado el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, este mandato no se cumplió, como quedó establecido por la propia Corte en el Auto 693 de 2017.

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2024, el Estado colombiano, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y representantes de la Comunidad de Paz suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa en el marco del Caso 12.325 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ese Acuerdo, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la vulneración de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de integrantes de la Comunidad de Paz. Como parte de las medidas de reparación colectiva, se estableció la conformación de una comisión independiente, presidida por la Defensoría del Pueblo e integrada por personas expertas seleccionadas de común acuerdo con la Comunidad.

En esta ocasión, la Comisión pudo avanzar en su labor gracias a la colaboración de la Fiscalía General de la Nación, en los términos establecidos en el Acuerdo de Solución Amistosa. Esta colaboración no había sido posible anteriormente, lo que, en su momento, dio lugar al incumplimiento de la orden de la Corte Constitucional. 

La Comisión recibió el mandato de evaluar, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, las investigaciones penales, los procesos y las decisiones judiciales relacionados con graves violaciones de derechos humanos cometidas contra integrantes de la Comunidad y personas vinculadas a ella, así como las actuaciones penales adelantadas en su contra.



Un análisis de las actuaciones judiciales

La Comisión se instaló el 1.º de abril de 2025 y desarrolló su trabajo durante 19 meses, en más de 60 sesiones plenarias. Su evaluación comprendió actuaciones judiciales relacionadas con 71 hechos ocurridos entre 1977 y 2020, entre ellos masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, ataques contra las condiciones de subsistencia y procesos penales adelantados contra integrantes de la Comunidad.

Para el desarrollo de su mandato, la CEJ formuló 159 solicitudes de información a diferentes autoridades judiciales y entidades del Estado.

Uno de los aspectos examinados fue el acceso a los expedientes. Según el informe, de la documentación solicitada, 12 expedientes fueron recibidos completos, 28 incompletos o con faltantes y siete se encontraban destruidos, ilegibles o perdidos. Respecto de cinco de los hechos evaluados, ninguna entidad remitió expediente.

La Comisión también consolidó información sobre 869 hechos de violencia contra personas pertenecientes o relacionadas con la Comunidad de Paz, respecto de los cuales solicitó a la Fiscalía General de la Nación información sobre el estado de las investigaciones.

A partir del análisis de los casos, la Comisión adoptó 15 conclusiones relacionadas con las actuaciones de la administración de justicia y formuló recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado.

Entre sus conclusiones, la CEJ identificó deficiencias en las investigaciones, dificultades para examinar de manera conjunta hechos que podrían estar relacionados, limitaciones en el acceso a la documentación judicial y obstáculos para la participación de las víctimas y su derecho a la reparación.

El informe también aborda la estigmatización de integrantes de la Comunidad de Paz. De acuerdo con la evaluación realizada, entre 1977 y 2010 se documentaron al menos 57 ocasiones en las que se hicieron manifestaciones que presentaban a la población como enemiga o vinculada con grupos guerrilleros. La Comisión consideró que estas prácticas tuvieron efectos sobre el desarrollo de algunas investigaciones y las garantías de protección de la población.

Asimismo, la CEJ examinó las respuestas de las distintas jurisdicciones frente a los hechos evaluados. Según el informe, en 14 de los casos examinados se habían proferido condenas en la jurisdicción ordinaria, incluidas decisiones de las Salas de Justicia y Paz, mientras que otros permanecían en etapas de investigación o no registraban actuaciones penales.

A partir de estos elementos, la Comisión formuló consideraciones sobre los obstáculos para el esclarecimiento de los hechos, las dificultades para investigar posibles patrones de violencia y las hipótesis jurídicas que, a su juicio, debieron ser examinadas por las autoridades competentes.



Alcance de las conclusiones y recomendaciones

La Comisión de Evaluación de la Justicia es un mecanismo independiente y extrajudicial, establecido en el Acuerdo de Solución Amistosa.

Por esta razón, sus conclusiones no constituyen decisiones judiciales, no determinan responsabilidades individuales y no revocan ni modifican las decisiones adoptadas por los jueces. Su alcance corresponde a la evaluación de actuaciones judiciales y a la formulación de recomendaciones, cuya consideración y eventual implementación corresponden a las autoridades competentes, de acuerdo con sus funciones constitucionales y legales.

Las recomendaciones comprenden, entre otros asuntos, el fortalecimiento de las investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos, la revisión de determinadas actuaciones mediante los recursos y procedimientos establecidos en la ley, la búsqueda de personas desaparecidas y las garantías de acceso a la justicia, participación y reparación de las víctimas.
Durante la presentación del informe, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó la trayectoria de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, constituida el 23 de marzo de 1997 como una forma de organización campesina orientada a proteger la vida, reivindicar su neutralidad frente a los actores armados y defender su permanencia en el territorio.

También rindió homenaje al padre Javier Giraldo, quien durante décadas acompañó a la Comunidad en la documentación de hechos de violencia y en sus solicitudes de protección y acceso a la justicia ante instancias nacionales e internacionales.

La Defensora del Pueblo destacó la importancia de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como el deber de las instituciones de investigar las graves violaciones de derechos humanos y asegurar el respeto por las garantías judiciales.



Seguimiento a las recomendaciones

De acuerdo con el Acuerdo de Solución Amistosa y su otrosí, las entidades destinatarias cuentan con un plazo de un año, contado desde la entrega del informe, para promover la adopción de las recomendaciones y presentar un balance de las actuaciones adelantadas.

La Defensoría del Pueblo, en su condición de entidad que preside la Comisión, adelantará el seguimiento previsto en el Acuerdo y promoverá espacios de trabajo con las autoridades concernidas, dentro del ámbito de sus competencias y con respeto por la autonomía de cada institución.

Con la presentación del resumen ejecutivo concluye una etapa del trabajo de evaluación y comienza la fase de seguimiento. El informe completo será publicado el próximo 30 de noviembre. La Defensoría continuará acompañando a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en la protección de sus derechos, su búsqueda de verdad y justicia y la garantía de condiciones que le permitan vivir y permanecer en su territorio en paz.

La Comisión de Evaluación de la Justicia es un mecanismo extrajudicial. Por ello, no sustituye a los jueces, no determina responsabilidades individuales y no revoca ni modifica decisión judicial alguna.