Cartagena, 1 de octubre de 2026 (@defensoriacol). En el segundo día de la Cumbre Iberoamericana FIO-RINDHCA, la Defensoría del Pueblo y las instituciones de derechos humanos participantes profundizaron en los desafíos que enfrentan las personas que buscan asilo, son detenidas o deportadas y llevaron esta conversación al territorio, con una visita al barrio Nelson Mandela, una comunidad de Cartagena conformada por familias desplazadas por la violencia.
 
Durante la jornada se realizaron dos paneles: “Externalización del asilo y del control migratorio” y “Detención migratoria, deportaciones y separación familiar: el imperativo del debido proceso”.
 
En el primer panel se reflexionó sobre la externalización del asilo y del control migratorio, una política que ya se ha extendido a más de 30 países del mundo y que genera vulneraciones de derechos. Esta política consiste en que los Estados trasladan a terceros países funciones relacionadas con la protección de las personas migrantes y solicitantes de asilo. En ese contexto, las personas pueden quedar en un limbo en materia de protección y verse expuestas a múltiples vulneraciones de derechos.
 
¿Qué significa esto para quienes buscan un lugar seguro? En el panel participó Hayat Omag, una persona que ha solicitado protección en varios países y no ha obtenido respuesta. En lugar de ello, ha sido trasladado de un país a otro, sin posibilidad de comunicarse, ha sufrido diversas vulneraciones de derechos y continúa esperando.
 
“Para mí, las fronteras son solamente líneas que se ponen entre países. He recorrido varios países, he estado detenido una y otra vez y he sido trasladado. Aunque busqué apoyo y protección no he recibido respuesta”, expresó Hayat Omag.
 
En este panel también participaron Gehad Madi, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes; Lorena Isla, Oficial Legal Principal para el Bureau de las Américas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Yael Schacher, Directora para las Américas y Europa de Refugees International; y Patricia Bárcena, Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo de España. La moderación estuvo a cargo de Yulia Babuzhina, de la Oficina Regional de América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
 
Para los panelistas, entre los principales desafíos de la externalización están la fragmentación de la responsabilidad de los Estados y la ausencia de mecanismos suficientes de responsabilidad compartida. Por ello, señalaron la necesidad de fortalecer mecanismos que permitan asumir estas responsabilidades de manera conjunta.
 
También abordaron lo que ocurre cuando se cierran las vías para solicitar asilo, se establecen mayores controles en las fronteras o se traslada a las personas a otros países para tramitar allí sus solicitudes.
 
Durante el segundo panel, la Defensoría del Pueblo y las demás instituciones de derechos humanos presentes en la Cumbre escucharon a Mishell Guzmán, mujer migrante deportada que contó su historia. Vivió durante 35 años en Estados Unidos y, al ser regresada a su país, tuvo que dejar atrás su trabajo, a su esposo y a su familia. Un 1 de junio acudió a una supervisión y registro de huellas, trámite que había realizado durante 15 años, pero esta vez terminó en una detención que se prolongó hasta el 10 de agosto: “Yo no sabía por qué estaba ahí”.
 
Durante su detención sintió que nadie en el sistema se detuvo a comprobar sus documentos: “La detención produce aislamiento, agotamiento emocional y desgaste físico. Llega un momento en que una persona no puede sentir para seguir preguntando. El proceso mismo desgasta a una persona”.
 
En este panel también participaron Juanita Goebertus Estrada, Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch; Savitri Arvey, Directora de Política de Derechos de los Refugiados e Inmigrantes de Human Rights First; Juan Carlos Pereira Jiménez, Defensor Adjunto de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica; y María Luisa Romero, Presidenta del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU. La moderación estuvo a cargo de Melissa Quintana, Jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Nelson Mandela: los desafíos de la movilidad humana tienen nombre, casa y calle
 

Luego de las discusiones sobre desplazamiento, migración, externalización, detención migratoria y deportaciones, las instituciones de derechos humanos participantes en la Cumbre se trasladaron al barrio Nelson Mandela para escuchar a una comunidad atravesada por varias de estas realidades.
 
“Una cumbre que se queda en el auditorio es solo una conversación entre quienes ya estamos de acuerdo. Por eso vinimos porque en el barrio Nelson Mandela los cinco desafíos no son temas de un programa: tienen nombre, casa y calle”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
 
Este barrio fue levantado por familias que llegaron a Cartagena desplazadas por la violencia del conflicto armado desde los Montes de María, el Urabá, el departamento del Chocó y otros lugares de Colombia, en su mayoría territorios donde habitan personas afrodescendientes, indígenas y campesinas.
 
“Nelson Mandela es un barrio levantado con las manos de familias que llegaron a Cartagena desplazadas por la violencia (…) que perdieron una tierra y levantaron otra”, apuntó la Defensora del Pueblo.
 
Durante su intervención, señaló que en 1994 unas 30 familias que huían de la violencia llegaron a terrenos ubicados junto al relleno sanitario de Cartagena y construyeron con plástico y cartón las primeras casas del barrio. Durante años, la comunidad vivió sin agua ni alcantarillado y, entre finales de los años noventa y el 2000, enfrentó el reclutamiento, las desapariciones, los asesinatos de líderes y lideresas, y nuevos desplazamientos provocados por la actuación de grupos armados ilegales.
 
Al recordar esta historia, la Defensora Iris Marín Ortiz resaltó que el heroísmo de Cartagena no está solamente en sus murallas, sino también en comunidades como Nelson Mandela, que han construido y defendido su territorio en medio de estas adversidades.
 
Actualmente, en el barrio también viven personas migrantes y refugiadas que llegaron de otros países y encontraron allí una comunidad que les abrió sus puertas.
 
La Defensora del Pueblo también se refirió a la estigmatización que durante años ha enfrentado este territorio: “El Nelson Mandela no es un sector violento, sino que ha sido violentado, por el abandono estatal, por la violencia física y por la discriminación”.
 
La visita tuvo como uno de sus principales propósitos escuchar a las personas que habitan el barrio y reconocer sus conocimientos sobre los cambios del territorio, los riesgos que persisten y los esfuerzos comunitarios que han permitido sostener la convivencia.
 
“Las soluciones duraderas no se definen desde un escritorio”, añadió la Defensora del Pueblo, quien recordó que las personas desplazadas, migrantes y refugiadas son expertas en su propia realidad y que su participación no es un gesto, sino una condición de legitimidad de las respuestas que se construyan frente a sus necesidades.
 
También señaló que Nelson Mandela avanza en su proceso de reparación colectiva como comunidad víctima del conflicto armado y destacó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar. La reparación, explicó, debe reconocer el daño que el conflicto armado dejó en la vida colectiva y avanzar con la participación de la comunidad en cada etapa.
 
Asimismo, destacó que las soluciones duraderas deben responder a las decisiones de las propias comunidades. Para muchas familias de Nelson Mandela, esa decisión es permanecer en el territorio y echar raíces, lo que requiere condiciones de seguridad, servicios, oportunidades e integración.
 
“Que ustedes hayan hecho tanto solos no es un mérito del Estado, es una deuda del Estado”, le dijo a los habitantes del barrio. También señaló que convocar una reunión, acompañar a una vecina o un vecino, o preservar la memoria del barrio son formas de defender derechos y que quienes realizan estas labores deben poder ejercerlas sin amenazas.
 
Finalmente, la Defensora del Pueblo destacó el mensaje que la experiencia de Nelson Mandela deja a las instituciones de derechos humanos de Iberoamérica que participan en la Cumbre: “Lo que se van a llevar hoy es algo más importante: la prueba de que una comunidad desplazada puede construir un barrio, defenderlo, reconstruir su memoria y seguir exigiendo sus derechos sin perder la alegría. Eso es lo que queremos que inspire el trabajo de nuestras instituciones en toda Iberoamérica”.

VIII Cumbre FIO - RINDHCA: Visita territorial al barrio Nelson Mandela en Cartagena