Defensoría presentó propuestas para superar el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, participó en la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para hacer seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y carcelario y en los centros de detención transitoria.
Bogotá, 4 de noviembre de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, participó en la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para hacer seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y carcelario y en los centros de detención transitoria. Durante su intervención, presentó un balance sobre los principales obstáculos institucionales y las propuestas de la entidad para avanzar en la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad.
“Queremos sustentar una idea sencilla: el estado de cosas inconstitucional no persiste por falta de diagnóstico. Persiste porque la cadena que debe conectar las órdenes de la Corte con el goce efectivo de los derechos se rompe en eslabones que ya podemos identificar: cupos que se reportan pero no funcionan, obligaciones territoriales sin financiación y decisiones judiciales que no se comunican ni se ejecutan a tiempo”, explicó la Defensora del Pueblo.
La garantía de estos derechos constituye una prioridad institucional, consignada en el punto 9 del Decálogo institucional de la Defensoría y en el documento Decisiones impostergables de derechos humanos, presentado al Gobierno nacional y al Congreso de la República.
Infraestructura y centros de detención transitoria
Las cifras presentadas evidencian el rezago del sistema. Entre 2016 y junio de 2026, la capacidad penitenciaria pasó de 78.420 a 81.025 cupos, un incremento de apenas el 3,32 %. Además, desde 2024 se han perdido 1.027 cupos.
“El CONPES 4082 de 2022 no ha entregado un solo cupo. Registra un avance del 10,99 %: de los nueve establecimientos nuevos, para 9.896 cupos ninguno se ha entregado y cuatro no han iniciado obra. Además, un cupo físico no implica de por sí un cupo habilitado”, advirtió la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
La situación también es crítica en los centros de detención transitoria (CDT). Al 24 de agosto de 2026, estos espacios albergaban a 18.824 personas, pese a contar con una capacidad de 9.686 cupos. De ellas, 17.292 llevaban más de 36 horas detenidas y 674 ya habían sido condenadas. Además, en las visitas realizadas por la Defensoría a 94 centros durante 2026, se encontró que el 59 % de las personas permanecía allí desde hacía más de tres meses.
“La causa de fondo es un bloqueo institucional. El Código Penitenciario y Carcelario asigna la población sindicada a las entidades territoriales sin una fuente de financiación, y desde 2022 está pendiente la ley que defina sus competencias. Las personas condenadas siguen en estaciones de Policía porque su traslado se supedita a un cupo”, señaló la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Frente a este panorama, la entidad recomendó culminar los 14 proyectos activos de infraestructura, garantizar que los nuevos cupos cuenten con condiciones efectivas de funcionamiento y establecer un marco legal de financiación concurrente y subsidiaria entre la Nación y los territorios, con cofinanciación para los municipios de menor capacidad.
También propuso conformar mesas interinstitucionales para descongestionar los CDT y garantizar el traslado inmediato de las personas condenadas y de aquellas que requieren especial protección constitucional, sin esperar la disponibilidad de un cupo.
Información y seguimiento a los derechos
La Defensora del Pueblo también expuso las dificultades en el intercambio de información entre las entidades responsables del sistema penitenciario y sus consecuencias para el acceso a la justicia y la garantía de derechos.
“Detrás de cada registro hay una persona cuya libertad, salud y dignidad dependen de que el Estado sepa dónde está, desde cuándo y en qué condiciones. Lo que no se registra no se ve, y lo que no se ve no se garantiza. La información no es un asunto técnico menor: es una condición para el acceso a la justicia y para el goce efectivo de los derechos de las personas privadas de la libertad”, afirmó.
En este contexto, presentó los avances de AURORA, herramienta de la Defensoría que permite priorizar casos, registrar actuaciones de defensa pública y generar alertas sobre posibles vencimientos de términos. Desde octubre de 2025, mediante el sistema permanente de brigadas jurídicas, la entidad ha revisado 5.344 casos en 49 establecimientos penitenciarios, identificado 1.759 con posibilidad de actuación y radicado 576 solicitudes.
La Defensoría propuso fortalecer el intercambio de información entre las instituciones, avanzar hacia un Sistema Único de Información en Política Criminal y Penitenciaria y adoptar indicadores que permitan evaluar el goce efectivo de los derechos, más allá de la gestión administrativa.
Finalmente, la Defensora destacó la oportunidad que representa el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 para incorporar la infraestructura penitenciaria como una prioridad, con metas, recursos y compromisos verificables.
Continuaremos monitoreando las condiciones de reclusión, fortaleciendo las brigadas jurídicas y poniendo a disposición de las instituciones sus capacidades técnicas para contribuir a la superación del ECI y a la garantía efectiva de los derechos de las personas privadas de la libertad.