• El informe ‘Mujeres Rurales en Colombia: avances, desafíos y transformaciones en la garantía de derechos’ da cuenta de que las mujeres rurales enfrentan mayores niveles de pobreza, diferentes formas de violencias y acceso limitado a la tierra.
• La institucionalidad debe trabajar en políticas públicas y planes que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

María La Baja, Bolívar, 29 de septiembre de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo participó en la séptima sesión de la Comisión de la Mujer Rural, Campesina y de la Pesca, espacio en el que fue presentado el informe Mujeres Rurales en Colombia: avances, desafíos y transformaciones en la garantía de derechos, que recoge las voces de mujeres a partir de encuentros realizados en distintos territorios del país.

El documento, resultado del trabajo articulado entre la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, revela que las mujeres campesinas, rurales y de la pesca enfrentan persistentes desigualdades económicas y laborales, así como en el acceso a la tierra y al crédito agropecuario. Además, continúan sufriendo violencias basadas en género (VBG).

“Las mujeres rurales, campesinas y de la pesca, por disposición de la Constitución Política, son sujetas de especial protección constitucional. Hoy las diferentes vulnerabilidades que enfrentan no se pueden discutir; requieren ser escuchadas, sus necesidades atendidas y las soluciones, implementadas de buena fe por parte de las entidades del Estado colombiano. Con este propósito es que estamos hoy acá en María La Baja”, aseguró la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Propiedad rural
En Colombia el 63,7 % de los predios rurales que tienen un único dueño están a nombre de un hombre y apenas el 36,3 %, a nombre de una mujer. Para 2019, el 72,1 % de la propiedad rural que sí está en manos de mujeres correspondía a minifundios, es decir, a predios de menos de tres hectáreas.

En Bolívar la situación es todavía más preocupante, ya que el departamento está entre los que registran menor participación de mujeres en la titularidad de la tierra, con apenas el 24 %, muy por debajo del promedio nacional.
“Este no es un informe más: habla de la vida cotidiana de 5.021.000 mujeres que en Colombia se reconocen como campesinas, casi el 48 por ciento de toda la población campesina del país, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida para Población Campesina del DANE de 2025”, agregó la Defensora Iris Marín Ortiz.

Desigualdad económica y laboral
Sobre la autonomía económica y el trabajo, el 25,31 % de los hogares campesinos sin cónyuge tiene a una mujer como cabeza de familia. Sin embargo, solo el 24,6 % de las mujeres campesinas se encuentra laborando de manera remunerada, mientras el 64,7 % dedica su tiempo a oficios del hogar.

Las cifras del uso del tiempo lo confirman con claridad: el 93,4 % de las mujeres en zonas rurales dedica su día al trabajo no remunerado, frente al 60,8 % de los hombres; ellas destinan, en promedio, 8 horas y 53 minutos diarios a estas labores, mientras que ellos apenas superan las 3 horas. Eso significa que sostienen el campo colombiano con un trabajo que, muchas veces, ni siquiera se cuenta ni se paga.

Acceso al crédito agropecuario
Aunque el 34,49 % de las operaciones de crédito del sector agropecuario se destinó a mujeres durante 2025, en términos de recursos estas operaciones representan apenas el 5,43 % del monto total prestado en el país.

En el caso de las mujeres rurales de más bajos ingresos, la cifra cae todavía más: solo el 3,58 %. Es decir, se realizan muchas operaciones de bajo monto, pero el capital al que acceden sigue siendo limitado para transformar sus proyectos productivos.

Poca participación y violencias basadas en género (VBG)
Solo el 21,4 % de las mujeres campesinas participa activamente en asuntos públicos de sus comunidades.

En 2024, las mujeres campesinas fueron víctimas del 87,67 % de los presuntos delitos sexuales cometidos en el campo y sufrieron el 88,08 % de los casos de violencia de pareja registrados en zonas rurales.

 

 

Las violencias basadas en género siguen siendo uno de los principales obstáculos para el pleno goce de sus derechos. Esas violencias no empiezan en las instituciones, sino muchas veces en el hogar, sostenidas por una cultura que todavía asocia a la mujer exclusivamente con el cuidado y que se refuerza con violencias económicas, físicas, patrimoniales y psicológicas.
A estas dificultades se suman las brechas que persisten en el acceso a la tierra. Avanzar hacia un acceso equitativo a la tierra entre hombres y mujeres es fundamental para fortalecer su autonomía económica.

En este sentido, es necesario fortalecer las políticas públicas y los planes orientados a mejorar sus condiciones de vida, la formación y sensibilización de funcionarias y funcionarios en enfoque de género, el diseño de programas que respondan a las condiciones que enfrentan las mujeres rurales y los sistemas de información que permitan visibilizar adecuadamente sus realidades.

“Es importante trabajar en la implementación, reglamentación y cumplimiento de la Ley 2462 de 2025, Ley de la Mujer Rural, Campesina y de la Pesca. Asimismo, es importante trabajar en forma prioritaria a favor de las mujeres del campo y del agua, y dejar trazabilidad presupuestal, conforme a los deberes de la reforma constitucional que reconoció al campesinado”, concluyó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.