La violencia contra las mujeres y el abuso de poder no pueden justificarse por ninguna controversia política

La Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación por la degradación del debate público en torno a los delicados hechos que se investigan, así como las denuncias sobre presiones que podrían estar incidiendo en las personas involucradas en ellos, especialmente las mujeres. Reiteramos que ninguna posición de poder, responsabilidad pública o controversia política justifica la violencia contra las mujeres, ni puede ser usada para agravarla.

Mecanismo de prevención del acoso en contextos de poder

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Bogotá, 22 de noviembre de 2026 (@DefensoriaCol). Recientemente se han conocido públicamente denuncias sobre presuntas prácticas de pago a mujeres de servicios sexuales para el expresidente de la República mediante contratos públicos. Adicionalmente, se han denunciado públicamente, y la Defensoría del Pueblo ha recibido requerimientos, en relación con presiones, intimidaciones y actuaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) que habrían vulnerado los derechos de mujeres que habrían sido contratadas en tal contexto.

La Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación por la degradación del debate público en torno a los delicados hechos que se investigan, así como las denuncias sobre presiones que podrían estar incidiendo en las personas involucradas en ellos, especialmente las mujeres. Reiteramos que ninguna posición de poder, responsabilidad pública o controversia política justifica la violencia contra las mujeres, ni puede ser usada para agravarla.

Las quejas recibidas en las que se solicita la intervención institucional ante presuntas citaciones bajo presión a servidoras y contratistas del DAPRE, y el testimonio de una mujer que denunció presuntas presiones durante un interrogatorio sobre su vida privada, sus relaciones personales y sus actividades políticas, así como haber sido obligada a desnudarse y abrir sus piernas durante una requisa. De comprobarse, estas actuaciones podrían constituir graves vulneraciones a la dignidad, intimidad, autonomía y derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Asimismo, podrían constituir presiones indebidas que interfieran en el avance de la justicia.

Ante estas denuncias, solicitamos información sobre las actuaciones frente a las situaciones denunciadas al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y a otras autoridades con el propósito de conocer las gestiones adelantadas y promover el esclarecimiento de los hechos, de manera que las autoridades competentes desarrollen las investigaciones correspondientes y, de establecerse responsabilidades, adopten las decisiones y sanciones a que haya lugar.

Todos los hechos denunciados, tanto los señalamientos sobre una presunta asignación de contratos públicos a cambio de intercambios sexuales, como las eventuales presiones ilegales y constitutivas de violencia contra la mujer deben esclarecerse de manera urgente garantizando investigaciones diligentes, independientes y oportunas.

El abuso de poder en los entornos laborales e institucionales puede expresarse de distintas maneras: mediante la posible retribución de servicios sexuales a través de oportunidades laborales o contractuales con recursos públicos, pero también las posibles presiones, intimidaciones, amenazas y represalias contra mujeres que denuncian o que se encuentran en relaciones de subordinación. Estas situaciones deben examinarse con perspectiva de género, teniendo en cuenta las asimetrías de poder y los obstáculos que enfrentan las mujeres para denunciar.

Ninguna mujer debe ser instrumentalizada en confrontaciones políticas. La gravedad de los señalamientos no justifica el debate degradado que estamos viendo, tampoco la estigmatización a las mujeres, ni actuaciones que desconozcan el debido proceso y los límites legales de las autoridades. Los derechos de las víctimas deben prevalecer sobre cualquier interés político, garantizando su dignidad, intimidad, autonomía, acceso a la justicia y protección frente a presiones, represalias y revictimización.

La presunción de inocencia y el debido proceso de las personas señaladas deben respetarse. Sin embargo, estas garantías no pueden convertirse en argumentos para desestimar las denuncias de las mujeres, desconocer los riesgos que enfrentan o postergar las medidas necesarias para proteger sus derechos. Escuchar a las mujeres, garantizar su protección e investigar los hechos no significa anticipar responsabilidades: significa cumplir con las obligaciones del Estado.
Por lo anterior, 

•    Recordamos la obligación de proteger los derechos de las mujeres involucradas, y de evitar su exposición pública, estigmatización, cuestionamientos sobre su vida privada o cualquier forma de revictimización.
•    Reiteramos nuestra disposición de brindar acompañamiento jurídico y psicosocial especializado a las mujeres que lo requieran, a través de los mecanismos institucionales de atención de violencias en contextos de poder, de manera confidencial al correo sinacoso@defensoria.gov.co.
Nuestro compromiso es escuchar, orientar y acompañar a las mujeres para que puedan ejercer sus derechos sin temor a represalias o presiones indebidas, dentro del marco del debido proceso para todas las partes y el respeto de la independencia de los poderes públicos.
La violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni puede relativizarse por conveniencias políticas o institucionales. El trabajo debe ser un espacio seguro y digno.

Las instituciones deben garantizar que denunciar no se convierta en un nuevo riesgo para sus derechos. Sin excepciones.