La violencia contra las mujeres y las niñas en el Atlántico exige medidas urgentes de protección y justicia

Barranquilla, Atlántico, 15 de noviembre de 2026 (@DefensoriaCol). En lo corrido del año 2026, al menos 74 mujeres han sido asesinadas en el departamento del Atlántico, según registros de organizaciones sociales y autoridades. La persistencia de estos hechos, sumada a las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, evidencia un agravamiento del panorama de violencia que amenaza sus derechos a la vida, la libertad y la integridad personal, y exige una respuesta inmediata y efectiva del Estado.

Entre los casos registrados se encuentran los asesinatos de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, en Malambo. A estos se suman los hechos ocurridos durante noviembre en Soledad y Barranquilla, entre ellos el doble homicidio de Morelhith Blanco Cisneros, de 36 años, y su hija de 14 años, así como los asesinatos de Kelly Johana Villa Gómez, de 32 años; Shirley Patricia Payares Díaz, de 43 años, y Estefany Paola Barraza de la Hoz, de 34 años.

Advertimos que estas violencias se presentan en distintos contextos, en los que confluyen violencias feminicidas, intrafamiliares y comunitarias, así como dinámicas relacionadas con la criminalidad organizada. Varias de las víctimas han sido atacadas bajo modalidades sicariales, en escenarios de extorsión, cobros ilegales o disputas territoriales entre estructuras delictivas. En estos contextos, mujeres y niñas son instrumentalizadas como mecanismos de presión, castigo o represalia, o quedan expuestas a ataques armados. Estas circunstancias requieren investigaciones rigurosas que permitan esclarecer los móviles de cada delito, identificar posibles patrones de violencia de género y establecer responsabilidades.

A este panorama se suma la preocupante situación de las desapariciones. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con corte a agosto de 2026, de las 154 personas reportadas como desaparecidas en el Atlántico, 82 son mujeres (53,2 %). De ellas, 60 son niñas y adolescentes (73,2 %), con especial afectación entre los 12 y 17 años, rango de edad en el que se registran 45 casos.

Las denuncias de organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos sobre la falta de respuestas oportunas de las autoridades, así como la desaparición de dos mujeres en el norte de Barranquilla a comienzos de noviembre, refuerzan la urgencia de garantizar mecanismos de búsqueda oportunos y efectivos.

Estas organizaciones también han denunciado que redes criminales convierten a mujeres y niñas en blanco de ataques o las obligan, mediante amenazas, a participar en actividades ilícitas. Estas prácticas incrementan su exposición a distintas formas de violencia y profundizan las barreras para acceder a medidas de protección y denunciar ante las autoridades.

Insistimos en que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género y debida diligencia. De acuerdo con la información reportada con corte al 31 de octubre, solo cuatro casos habían sido tipificados como feminicidios consumados, mientras los restantes permanecían bajo investigación, cifra que contrasta con las 46 valoraciones médico-legales por presuntos homicidios de mujeres registradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con corte a julio de 2026. Esta brecha entre los registros del Estado y la sociedad civil refleja importantes retos en la articulación interinstitucional, la armonización de los sistemas de información y la incorporación temprana del enfoque de género en las investigaciones, particularmente en contextos asociados a la criminalidad organizada.

La Directiva 004 de 2023 de la Fiscalía General de la Nación establece que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, sin descartar otras líneas investigativas. Esto permite que no se deje de investigar la posible violencia de género que puede haber generado la muerte violenta de una mujer.

La persistencia de los asesinatos, las desapariciones y las denuncias sobre instrumentalización por parte de estructuras criminales exige fortalecer las medidas de prevención, protección y acceso a la justicia. Asimismo, advertimos que la impunidad, la reincidencia de los agresores, las barreras para denunciar y la desconfianza institucional agravan los riesgos que enfrentan las víctimas y perpetúan los ciclos de violencia.

Las autoridades tienen obligaciones constitucionales, en las que se integran las internacionales, de prevenir, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres, conforme a la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la jurisprudencia constitucional y las leyes 1257 de 2008 y 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely). Estas obligaciones exigen actuaciones coordinadas, oportunas y efectivas que garanticen la protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la sanción de los responsables.

Continuaremos haciendo seguimiento a esta grave situación, desplegando nuestros equipos regionales para acompañar a las familias de las víctimas y verificando la respuesta de las autoridades competentes. Cada mujer asesinada representa un fracaso colectivo en materia de prevención. Garantizar que las mujeres y las niñas del Atlántico puedan vivir libres de violencias es una obligación ineludible del Estado.

Esta situación se agrava porque sigue sin culminar el traslado al Ministerio del Interior de las funciones del antiguo Viceministerio de las Mujeres, prolongando la incertidumbre sobre quién asume y cómo se garantiza el liderazgo de las políticas para la igualdad y la prevención y atención de las violencias contra las mujeres.

Ante esta situación:

• Exhortamos a la Gobernación del Atlántico, a las alcaldías de Barranquilla, Soledad, Malambo, Baranoa y Sabanagrande, y a la Policía Nacional a traducir en acciones inmediatas y verificables las medidas anunciadas en el Consejo de Seguridad con Enfoque de Género del 11 de noviembre, fortalecer las rutas de atención y protección, garantizar la valoración oportuna del riesgo y coordinar con las autoridades competentes la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente, cuando proceda, ante reportes de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes.
• Instamos a la Fiscalía General de la Nación a adelantar las investigaciones con celeridad, perspectiva de género y debida diligencia; superar el estancamiento procesal; esclarecer los posibles vínculos de estos hechos con estructuras criminales y garantizar el cumplimiento de la Directiva 004 de 2023. Es fundamental fortalecer los mecanismos judiciales de seguimiento, avanzar en la judicialización de los presuntos responsables y combatir la impunidad para prevenir la reincidencia de los agresores.
• Solicitamos a las autoridades departamentales y municipales convocar de manera urgente una mesa interinstitucional con participación de organizaciones de mujeres, colectivos feministas y defensoras de derechos humanos, para articular una respuesta integral que supere las medidas exclusivamente reactivas y aborde las causas estructurales de estas violencias. Asimismo, respaldamos la solicitud de las 17 organizaciones sociales que, el 7 de abril, exigieron una declaratoria de emergencia por violencia de género en el departamento.
• Solicitamos al Gobierno nacional adoptar con urgencia las decisiones necesarias para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el marco de una institucionalidad clara y con capacidad técnica y presupuestal suficiente para liderar el impulso de las políticas para la igualdad para las mujeres.